Por José Natanson
 Es una síntesis del abismo entre los reclamos económicos del interior y la capacidad de respuesta del gobierno nacional. Un informe del Ministerio del Interior computa, hasta el primero de junio, pedidos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un total de 360 millones de pesos. La cifra contrasta brutalmente con los 150 millones de pesos de ATN presupuestados para todo el año, subraya el caos financiero de los municipios y complica el manejo político de Federico Storani.
El informe obtenido por Página/12 enumera los pedidos de ATN que reciben cotidianamente los dos funcionarios del Ministerio encargados de la relación con el interior: el secretario de Provincias, Walter Ceballos, y el subsecretario de Municipios, Rubén Martí. Según los cómputos finales, hasta junio se habían recibido reclamos de diferentes localidades por un total de 360 millones de pesos.
El número refleja la enorme diferencia entre los pedidos de asistencia directa y los recursos del Gobierno. Con una larga historia plagada de polémicas, los ATN siguen siendo los únicos fondos específicos que el Ministerio del Interior distribuye a los municipios a través de los gobiernos provinciales para atender emergencias y situaciones puntuales de crisis.
En diciembre de 1999, cuando José Luis Machinea terminó de cerrar los números del presupuesto, las nuevas autoridades de Interior descubrieron que contaban con sólo 150 millones de pesos de ATN para todo el año, que se ejecutarían de acuerdo con la programación diseñada por Economía: unos 37 millones y medio por trimestre.
A pesar de la presión de los funcionarios del Ministerio, las sucesivas restricciones presupuestarias redujeron todavía más los escasos recursos. En el primer trimestre, en lugar de 37 millones y medio pudieron distribuir 30. Y en el segundo �que abarca los meses de abril, mayo y junio� sólo podrán gastar 26.800.000 pesos.
La cifra hace imposible cumplir incluso con una parte mínima de los reclamos de los municipios, la mayoría de cuales se encuentran fuertemente endeudados y arrastrando problemas financieros.
El mapa de caos en las cuentas municipales elaborado por los técnicos de Interior describe diferentes situaciones. Hay algunos ejemplos de mala administración, como Bariloche, que cuenta con un presupuesto de 16 millones anuales y una deuda de 25; Godoy Cruz, en Mendoza, que acumula un pasivo de 20 millones; o Chacomús, en el centro de los ricos campos de la provincia de Buenos Aires, que debe 23 millones de pesos.
Pero no fue sólo el desgobierno lo que originó la situación de colapso financiero de muchas localidades. En algunos casos, circunstancias locales afectaron la recaudación y obligaron a los intendentes a tomar deuda para pagar los sueldos de los empleados públicos. Un ejemplo es la ciudad cordobeza de San Francisco, que tiene el curioso récord de arrastrar la deuda más alta de la provincia: unos 33 millones de pesos. Otro ejemplo es Paraná, en jaque desde que en 1999 quebró el banco local y la intendencia tuvo que hacerse cargo de depósitos por 23 millones de pesos.
Finalmente, el mapa registra pedidos de intendencias ubicadas en las provincias más pobres del país: Barranqueras y Roque Sáenz Peña, en Chacho; San Francisco y La Esperanza, en Jujuy, y Formosa capital, con una planta de empleados públicos sobredimensionada.
La cantidad de pedidos y la incapacidad para resolverlos obligó a los funcionarios a eliminar los aportes a las ONG y a modificar el criterio de reparto, de manera tal de presionar a los intendentes a que saneen sus cuentas: actualmente, luego de girar los fondos, el Ministerio monitorea la evolución de las cuentas municipales, exigiendo informes periódicos de la situación económico-financiera de las localidades beneficiadas.
Naturalmente, el cuadro dificulta el manejo de Storani. El ex dirigente de Franja Morada, que siempre dijo representar al sector más progresista de su partido, tiene que pagar los costos de cada represión que ordena. Yatuvo que hacerse cargo de dos �una en Corrientes y otra en Salta� derivadas de crisis locales.
Privado de la formidable herramienta política que significaron históricamente los ATN, Storani está obligado a rechazar constantes pedidos de asistencia. Para colmo, la penuria actual contrasta con la generosidad anterior. Durante 1999, al calor de la estrategia re-reeleccionista, Carlos Corach manejó en concepto de ATN casi el triple de lo presupuestado para este año: 407 millones de pesos, el uno por ciento de lo que les corresponde a las provincias según la Ley de Coparticipación Federal.
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