Por Eduardo Tagliaferro
 “Las juezas
del Tribunal Oral, ¿no podrían demorar un poco los trámites
para la devolución del automóvil?, preguntó el encargado
de los autos de la Corte Suprema de la Nación. “¿Por
qué motivo habría que demorar el reintegro del auto a su
dueña?”, repreguntó el funcionario del Tribunal Oral
Federal 1 de San Martín. “Es que el auto lo usa el presidente”,
respondió el empleado de la Corte.
–¿Cómo?
–Sí, el auto lo está usando el presidente de la Corte,
el doctor Julio Nazareno.
El diálogo entre los funcionarios judiciales se produjo el 28 de
abril de este año cuando, con un oficio en la mano y acompañado
por un escribano, el empleado del Tribunal de San Martín se aprestaba
a realizar la inspección del Renault Laguna bordó que le
había sido secuestrado a una procesada en una causa por tráfico
de drogas. Cinco meses después de que la mujer fuera detenida,
en setiembre de 1996, su vehículo había sido transferido
a nombre de la Corte, y este hecho, de acuerdo con todas las fuentes judiciales
consultadas por Página/12, constituiría una figura prohibida
por la Constitución nacional: la confiscación de bienes.
Un delito cometido por el Tribunal Supremo no puede pasar desapercibido
para cualquier funcionario judicial, por este motivo los miembros del
tribunal de San Martín, Lucila Larrandart, Angela Ledesma y Martha
Milloc se preparan a acusar a la Corte Suprema frente a un juez federal
con competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando lo hagan, si el proceso
prospera, desembocará en el pedido de juicio político del
Superior Tribunal de la Nación.
Con licencia para manejar
En diciembre de 1993 la Corte contaba con nueve miembros. El 16 de diciembre
de ese año, seis de ellos, Rodolfo Barra, Julio Nazareno, Mariano
Cavagna Martínez, Eduardo Moliné O’Connor, Antonio
Boggiano y Carlos Fayt firmaron la resolución 1298/93 en la que
aprobaron un convenio que previamente habían suscripto la Secretaría
de Lucha contra el Narcotráfico, conducida en ese momento por Alberto
Lestelle, y el Alto Tribunal de Justicia.
El primer punto de ese convenio preveía que “el 50 por ciento
del producido de la venta de los bienes decomisados” sería
entregado a la Corte Suprema para que ésta lo destine a cubrir
“las necesidades de funcionamiento” de los tribunales competentes
en cuestiones de narcotráfico. El artículo siguiente autorizaba
a los jueces a disponer de los bienes de quienes hayan infringido la ley
de estupefacientes, aunque los infractores no tengan sentencia condenatoria.
Como adelantó Página/12, Beatriz Díaz fue detenida
en el marco de la causa de narcotráfico conocida como Mundo Blanco
o Alas Blancas, que implicaba a varias azafatas. La causa comenzó
en 1995, a raíz de una investigación del notorio jefe de
la Brigada de Investigaciones de Lanús, el comisario Mario “Chorizo”
Rodríguez, ahora retirado e investigado por la masacre de Andreani.
Luego de ser absuelta en la causa, en los últimos días de
diciembre del año pasado, Díaz descubrió que mientras
ella se encontraba detenida la Corte había transferido a nombre
del Alto Tribunal, y sin su consentimiento, su Renault Laguna que al momento
de su detención sólo tenía 10.000 kilómetros
de uso. Cuando pudo recuperarlo, los kilómetros recorridos por
el vehículo eran 80.000, le faltaba el estéreo y adeudaba
4500 pesos de patentes en Rentas de la Provincia de Buenos Aires, ya que
la Corte había trasladado el dominio de la provincia al registro
30 de la Capital Federal.
El formulario 08 con el cual se formalizó la operación no
tenía su firma, simplemente su nombre y ningún otro dato.
Como comprador figurabala “Corte Suprema de Justicia con domicilio
en Talcahuano 550”. El vehículo se encontraba en buen estado,
por lo que su dueña pudo comenzar a utilizarlo no bien le fue reintegrado.
Pero faltaba un detalle, los papeles de dominio necesarios para circular
por la vía pública. Para que no tuviera problemas con la
Policía, un empleado del máximo tribunal le entregó
un papel con el número de un teléfono celular al cual llamar
si le reclamaba la documentación.
Papeles y dolo
¿Por qué razón se inscribió el vehículo
a nombre de la Corte? es la pregunta que se hacen tanto los miembros del
tribunal de San Martín, como los especialistas en derecho procesal
y en la lucha contra el narcotráfico consultados por este diario.
La pregunta no es inocente, justamente en este punto radica la posible
existencia de un delito y el probable juicio político a la Corte
Suprema.
“No creo que hubiera un dolo en la transferencia del bien a nombre
de la Corte. Supongo que habrá algún interés de orden
administrativo, pero en verdad no había necesidad de esta medida,
ya que no existía un decomiso sino simplemente un secuestro”,
dijo a Página/12 el actual secretario de Lucha contra el Narcotráfico,
Lorenzo Cortese.
“Que no hubo un decomiso lo ratifica el hecho de que el vehículo
fue devuelto a sus titulares”, aseguró a este diario una fuente
cercana a la investigación, que además precisó que
no era competencia de la Corte ordenar el decomiso sino del tribunal interviniente.
La Corte simplemente era depositaria. “Los bienes secuestrados en
casos de drogas no se inmovilizan. Así funciona el sistema en el
mundo –dijo Cortese a este diario–, pero se deben garantizar
los derechos económicos del titular del dominio.”
“Tal vez la Corte haya incurrido en el error de entender que existía
un decomiso en lugar de un secuestro”, explicó a este diario
un jurista que interpretó que los jueces de la Corte Suprema podrían
ser acusados por el Tribunal de San Martín por los delitos de defraudación,
malversación de bienes o incumplimiento de los deberes de funcionario
público. Cuando la Alianza estaba en la oposición calificaba
a la Corte como menemista. Hoy que es Gobierno y sobre todo después
de que el máximo tribunal convalidó el recorte de los salarios
estatales, es considerada como independiente. Los justicialistas que ayer
la defendían cuando gobernaba Carlos Menem, hoy reclaman su juicio
político porque le otorgó entidad constitucional a un decreto
del ex presidente y actual titular del justicialismo. No es que los justicialistas
perdieran la razón, simplemente perdieron el gobierno y aquel viejo
decreto hoy es funcional a sus adversarios políticos de la Alianza.
Cómo reaccionarán ambas bancadas ante un nuevo pedido de
juicio político a la Corte es una incógnita. Más
aún si se fundamentara en la comisión de delitos sin intencionalidad
política.
Menemismo y oficialismo
Con el cambio de gobierno, la Corte Suprema de Justicia
aprendió y enseñó con gran rapidez una clarísima
lección de realismo político: la mayoría
automática del menemismo se transformó en la mayoría
automática del oficialismo. La buena vecindad entre el
Poder Judicial y el Ejecutivo se plasmó en dos fallos deseados
por la Casa Rosada, el que rechazó la actualización
de los sueldos de los militares retirados y el que permitió
el recorte de los salarios estatales. Adolfo Vázquez, el
menemista más notorio y abierto de los nueve ministros
supremos, fue quien escribió el fallo que más de
cerca rozó los salarios de jueces y empleados judiciales.
No se pudo recortarlos, por una traba constitucional, pero el
mensaje llegó alto y claro a los oídos deseados:
pueden contar conmigo.
La Corte, en realidad, sigue el principio casi universal de no
bloquear iniciativas de fondo de un gobierno fuerte. Ni la corte
norteamericana, una de las pocas que defiende sus poderes ferozmente
y se permite legislar, traba decisiones de fondo de presidentes
populares. Claro que la trampa está en que los togados
siguen de cerca el nivel de fortaleza del mandatario de turno:
Carlos Menem no logró la re-re porque los jueces percibieron
que no le daba la energía para violar tanto la Constitución.
Mientras dure el romance, todos ganan. El Ejecutivo tiene asegurado
el frente legal y puede correr al Legislativo con fallos que obliguen
a legislar. Y los supremos duermen mejor sabiendo que el vicepresidente
archivó sus proyectos de juicio político “en
masa” a toda la Corte.
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LOS ANTECEDENTES DE
UN MINISTRO RIOJANO
El karma del semáforo rojo
Cuando en abril
del ‘90 el Senado, en una breve sesión de 7 minutos, dio el
acuerdo para su ingreso en la Corte Suprema, Julio Nazareno era poco más
que un absoluto desconocido en las alturas del Poder Judicial. Su nombramiento
fue tan sorpresivo que ningún diario tenía siquiera una
foto suya. El flamante ministro enfrentó entonces a los medios
apelando a la mayor de las modestias posibles y admitió que su
designación tenía mucho que ver con el hecho de que un “coterráneo”
ocupara la Presidencia de la Nación. Desde entonces, y durante
todo el gobierno menemista, se sumó casi sin fisuras a la mayoría
automática de cinco jueces que acompañó la gestión
de Carlos Menem. Pero también –en las postrimerías
de esa administración– se convirtió en uno de los primeros
del grupo en esquivar su apoyo a las aspiraciones reeleccionistas del
ex presidente.
Nazareno llegó al máximo tribunal de Justicia con el padrinazgo
de Eduardo Menem, su amigo  de
la infancia y por entonces presidente de la Cámara alta. En el
‘90 su trayectoria entraba en unas pocas líneas: fue jefe
general de la policía de La Rioja en 1967, director de Municipalidades
e intendente riojano, nombrado por Eduardo Menem cuando era ministro de
Gobierno de aquella provincia durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Actuó como fiscal de 1970 al ‘72, todavía bajo gobiernos
militares. Se sumó después al estudio jurídico de
los Menem en La Rioja. Y con la mudanza de los hermanos a la Capital,
fue nuevamente contratado por Eduardo en el Senado de la Nación.
Sus viejos camaradas del Congreso todavía lo recuerdan durmiendo
la sagrada siesta provinciana en el despacho del senador.
Se convirtió en presidente del tribunal en los días siguientes
al Pacto de Olivos y volvió a ocupar ese cargo en el ‘97,
con el apoyo de sus cuatro pares Eduardo Moliné O’Connor,
Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano, los
dueños de los votos de la llamada mayoría automática.
Ese mismo año, un episodio reveló que el gusto del ministro
por los autos de potente cilindrada podía ser tan profundo como
su falta de apego a las formalidades legales: el sábado 11 de octubre
de 1997 lo detuvieron al volante después de cruzar un semáforo
en rojo en Libertador e Infanta Isabel. Tres agentes de tránsito
comprobaron que el conductor no llevaba documentos y se preparaban a levantar
la infracción correspondiente cuando Nazareno les advirtió
que era “el presidente de la Corte”. La viveza criolla le costó
cara: cuando ya se iba del lugar sin pagar la multa, un periodista que
pasaba lo reconoció y difundió el incidente que tomó
ribetes de escándalo y terminó en pedidos de juicio político.
Ahora, como si se tratara de un karma, otra vez un auto y un pedido de
favor realizado por terceros que apelaron a su investidura lo vuelven
a colocar en el ojo de la tormenta.
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