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Por Victoria Ginzberg  “El
ministro de Justicia no puede disponer sobre la conveniencia o no de detener
a las personas”, asegura Rodolfo Yanzón. El abogado de la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre se refiere a la posición del
Gobierno sobre los pedidos de arrestos preventivos contra 48 represores
que formuló el juez español Baltasar Garzón en enero
y que no se concretaron por las idas y vueltas entre la Cancillería
y la Justicia. El magistrado español reclamó al gobierno argentino
una definición: que diga si va a responder a su solicitud o si va
a aplicar el decreto menemista que le niega colaboración. Para Yanzón
“todos los funcionarios que intervinieron en este tema tuvieron una
actitud absolutamente hipócrita” y existen razones legales por
las que corresponde arrestar a Alfredo Astiz, Ricardo Domingo Bussi y los
otros 46 acusados ahora, más allá del posterior pedido de
extradición. –El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra calificó la causa de Garzón como una “comedia de enredos”. ¿Comparte esta idea? –Efectivamente es una comedia de enredos, pero Gil Lavedra es uno de los grandes protagonistas. Hay que tener en cuenta que él y (Adalberto) Rodríguez Giavarini han decidido retener la documentación enviada por Garzón–y esto lo dijo en forma expresa Gil Lavedra– en espera al pedido de extradición. –La subsecretaria de Derechos Humanos dijo en Barcelona que la Argentina no admitirá la jurisdicción de España y que la vía para juzgar estos delitos que podría ser aceptada es la de un tribunal penal internacional. –La ley española le dio jurisdicción a Garzón para investigar los crímenes cometidos en la Argentina, y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina–sobre todo la convención sobre genocidio– también avalan su intervención. Sabemos que el Estatuto del Tribunal Penal Internacional establece que no se van a poder juzgar delitos con carácter retroactivo. La intervención de un juez español se debe a que el Estado Argentino se desentendió de su obligación de garantizar el derecho de justicia y las violaciones a los derechos humanos están por encima de las soberanías. –El ministro aseguró que no se arrestó a los militares porque tardó en llegar documentación y eso implicaría que no había urgencia. –Según el tratado de extradición que rige entre la Argentina y España, que es lo que violan tanto Gil Lavedra como Rodríguez Giavarini, el pedido de detención provisional, que es anterior al pedido de extradición, se debe hacer de forma independiente a las razones de urgencia porque estas razones las establece en este caso el juez español, no una autoridad administrativa del Estado requerido. Por lo tanto es desubicado que Gil Lavedra se ponga a analizar si existen razones de urgencia o no para detener a los acusados. Y además dice que las razones de urgencia no se dan porque no hay peligro de fuga. ¿De dónde saca Gil Lavedra que no hay peligro de fuga? Esto lo tiene que decir un juez. –Pero se supone que si salen del país los detienen. –Peligro de fuga no es sólo que se vayan del país sino también que dejen de estar hallables para la autoridad judicial. Por otro lado el pedido de la detención se debe a la índole de los delitos que se reprochan a los acusados: genocidio, terrorismo de Estado y torturas. Ahí radica la urgencia para la detención y no en el peligro de fuga. Tampoco tiene sentido el argumento que usa Gil Lavedra de que porque son delitos que se cometieron hace veinte años no hay razones de urgencia. –Gil Lavedra asegura que lo único que importa es la extradición. ¿No es cierto que éste es el tema de fondo?–Es cierto que si el pedido de detención provisional es con miras a extradición lo más importante en este proceso es la extradición. Pero la cuestión es que Gil Lavedra no puede disponer sobre la conveniencia o no de detener a las personas. Lo que hacen Gil Lavedra y Rodríguez Giavarini es retener la documentación a la espera de la extradición. Ningún juez en la Argentina ha hecho esto jamás en la vida. Lo que se debe hacer es disponer la detención y luego esperar la extradición. Y no es cierto que una vez que pasan los tres meses no hay más razones de urgencia. –El ministro se apoya en una nota del juez Gustavo Literas que dice que se habrían vencido los plazos de urgencia para detener a los acusados. ¿Qué rol tiene ese documento en la causa? –Lamentablemente, a nuestro juicio Literas cometió dos graves errores. El primero fue adelantar de alguna manera esta opinión de que no se reunirían las condiciones de urgencia. Pero jamás Literas dijo que no había argumentos suficientes para disponer la detención. No dijo que no lo haría ni tampoco que lo haría. El segundo error fue pedir la intervención de la vía diplomática cuando la comunicación de Garzón había sido vía Interpol. Según el tratado de extradición, la comunicación la hace el juez a través de cualquier comunicación al Estado requerido. Pero estos dos errores no pueden dar pie para que retengan una documentación de la que no podían disponer. Y mucho menos podían ingresar en el estudio de la cuestión de fondo, porque Gil Lavedra llega a decir que la extradición no sería procedente y habla sobre la cuestión de la territorialidad y de una supuesta aplicación del derecho español por hechos cometidos en la Argentina. Es decir, el Gobierno no cumplió con enviar en forma inmediata el pedido de detención a Literas, retuvo la documentación y opinó acerca de las razones de urgencia o no del pedido de detención y sobre el pedido de extradición. Gil Lavedra dice que la Ley de Ministerios lo ampara para intervenir en estos temas. El Ministerio de Justicia asesora al Poder Ejecutivo en materia de extradición, pero sólo puede opinar una vez terminado el proceso judicial. –¿Cómo interpreta entonces el accionar de Gil Lavedra? –Lo que están haciendo Gil Lavedra y Rodríguez Giavarini sólo se puede entender en el marco de toda la política militar del gobierno de De la Rúa, que desde hace meses está obstinado no sólo en mantener sino en ampliar el ámbito de impunidad en la Argentina. Lo sorprendente es que ni siquiera tienen el atrevimiento de tomar una decisión concreta como lo hizo Menem, cuya decisión obviamente no compartimos. Esta comedia de enredos, en cambio, es absolutamente hipócrita, porque por un lado dicen que no van a mantener la línea de Menem y van a dar intervención a la Justicia pero por otro lado le sustraen todo a la Justicia y retienen documentación. Hay una actitud absolutamente hipócrita y una falta de decisión y voluntad política para decir algo y cumplirlo.
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