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Por Raúl Kollmann 
Más allá de las declaraciones públicas,
en la última reunión que mantuvo en privado el Gobierno –estuvieron
los ministros Federico Storani y Ricardo Gil Lavedra y el viceministro Carlos
Becerra– con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación
de los atentados, se reconoció que “la causa AMIA está
en estado semivegetativo” y que “la causa está seca”,
según lo que dijeron textualmente Gil Lavedra y Becerra. Lo que se
anunció en el encuentro es que el Poder Ejecutivo hará todos
los esfuerzos necesarios para aportar más pruebas de cara al juicio
oral, por lo cual se pondrá a funcionar –con dos meses de atraso–
la llamada Task Force, un equipo especial integrado por las fuerzas de seguridad.
Lo curioso es que las órdenes con las que trabajará ese equipo
están en un escrito –al que accedió Página/12
en forma exclusiva– firmado por cinco fiscales y en el que prácticamente
le dicen a la Task Force que debe investigar el atentado desde el principio,
es decir desde cero. Por ejemplo le piden que averigüe dónde
se armó la camioneta bomba o cómo se consiguieron los explosivos
para el ataque. También le solicitan al equipo especial algunas medidas
de investigación que debieron hacerse hace cinco años.El encuentro entre los ministros y la Comisión se produjo el miércoles, pero buena parte de su contenido se mantuvo en secreto. Los integrantes del Gabinete dialogaron por primera vez con la Bicameral sobre la preocupación que existe por el inminente juicio oral. La postura del Gobierno es dar la batalla para conseguir más y mejores pruebas para afrontar las audiencias que, según los cálculos, empezarían antes de fin de año. En el banquillo de los acusados estarán el armador de autos truchos Carlos Telleldín, último poseedor de la Trafic que estalló frente a la AMIA, y un grupo de policías bonaerenses, encabezados por el ex poderoso comisario Juan José Ribelli, imputados como cómplices del atentado. En principio, la idea era que la Task Force –integrada por dos departamentos de la SIDE, la Brigada Antiterrorista de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la División Inteligencia del Servicio Penitenciario– se dedique a investigar las 60 causas paralelas del caso AMIA: entre otras, el fabuloso enriquecimiento de Ribelli, el caso de un testigo falso preparado para desviar la investigación, la participación del comerciante en autos Alejandro Monjo, la desaparición en la Policía Federal de casetes con desgrabaciones de escuchas de la causa y el resto de los expedientes que tienen un atraso notable. En esas causas paralelas se esperaba encontrar algún indicio adicional para el juicio oral, ya que quien intentó desviar la investigación, manejó dinero sin explicación o estuvo relacionado con la mafia de los autos, pudo tener que ver con el núcleo que organizó el atentado. Lo cierto es que los hombres del Gobierno diagnosticaron una situación mucho más precaria de la esperada, al punto que utilizaron los calificativos de causa semivegetativa o causa seca para referirse a la pesquisa que encabezó el juez Juan José Galeano, supuestamente con la colaboración de las fuerzas de seguridad. Esto es lo que explica el carácter del escrito que firman los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –que vienen trabajando en el caso desde el principio– y los fiscales asignados a la Task Force, Germán Bincaz, Pablo Rechini y Alberto Fohrig. Estos son algunos de los puntos que le piden que investigue el grupo especial.  El punto 1 es que se hagan
pruebas para determinar el origen de la tierra que había dentro de
la camioneta Trafic y que supuestamente se utilizó para direccionar
la explosión. Parece más que ilógico que no se haya
hecho en los seis años transcurridos desde el atentado, aunque algunos
análisis se hicieron. Esto indica que a pesar del tiempo que yapasó
no se completaron esos análisis y ahora se le piden a la Task Force.
Para colmo se observa una contradicción: en la última pericia
realizada por Galeano se determinó que no hubo tierra para direccionar
la explosión. El punto 2 es que se averigüe
de dónde salieron los explosivos. Otra tarea de la investigación
central, no de las causas paralelas. Se está reconociendo que sobre
esto no hay nada averiguado en cinco años. En el punto 5 se le indica
al Equipo Especial que detecte dónde se armó la camioneta
antes del atentado. Esto y esclarecer el ataque es prácticamente
lo mismo. El juez Galeano y principalmente las fuerzas de seguridad nunca
pudieron localizar la casa o el garaje donde se hizo el armado. No hay siquiera
una pista sólida. En el punto 6 se ordena
investigar quiénes dejaron la camioneta en el estacionamiento Jet
Parking tres días antes del atentado. Se cae de maduro que el que
estacionó la camioneta era, como mínimo, parte del plan. En
casi seis años no se pudo establecer esto, a pesar de que hubo indicios.
Ahora se le pide al Equipo Especial. En el punto 8 se pide
averiguar la situación patrimonial de los miembros de la banda de
Telleldín. Parece increíble que esto no se haya podido hacer
hasta ahora. En el punto 10 se le pide
al Equipo Especial que determine si el ex comisario Juan José Ribelli
tiene alguna causa penal. Este es un pedido insólito. Es casi un
trámite burocrático que demuestra que las fuerzas de seguridad
no hicieron nada de nada para investigar el caso AMIA. Además de estos puntos hay otros en los que se pide investigar las conexiones entre los funcionarios argentinos e iraníes, las declaraciones de un testigo falso, Ramón Emilio Solari y dos datos claves que son fundamentales para el juicio oral: qué carrocería llevaba la Trafic cuando explotó y dónde se encuentra otra carrocería que fue la que originalmente tenía la camioneta cuando, pocos días antes del atentado, seguía en manos de Carlos Telleldín. El escrito que enumera las órdenes iniciales para la Task Force es un reconocimiento de los agujeros que tiene la investigación, fundamentalmente porque fue catastrófica en sus dos primeros años. En la Casa Rosada y en la Justicia están alertados porque sostienen que el millonario Ribelli y los integrantes de su banda están preparándose con uñas y dientes para el juicio, coordinando esfuerzos, movilizando fondos y especialistas, para voltear las acusaciones. Como respuesta, el Gobierno y el Equipo Especial parecen haber emprendido una carrera contra reloj para ayudar a juntar más pruebas.
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