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Por Luis Bruschtein 
“Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en los últimos
20 años obligaron a los Estados y a los políticos a reducir
la brecha entre el discurso y la práctica”, afirma José
Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch,
una de las ONGs de defensa de los derechos humanos más influyente
en Estados Unidos. Sus conclusiones son tomadas en cuenta puntualmente por
el informe anual del Departamento de Estado norteamericano que califica
la situación de los derechos humanos en el mundo. Vivanco señala
que la prioridad de su organización en la región es la situación
de conflicto violento en Colombia, aunque advierte sobre gobiernos como
el de Fujimori en Perú y la “fujimorización” de
procesos democráticos atrapados en crisis económicas y sociales,
como el de Hugo Chávez en Venezuela. –¿Cómo describiría usted el proceso que han vivido las Organizaciones No Gubernamentales en los últimos 20 años? –Yo creo que las ONGs han sido fundamentales como parte de la sociedad civil en la defensa y en la promoción de ciertos valores, en la denuncia... y no estoy hablando solamente de las ONGs de derechos humanos. Han logrado revitalizar temáticas, poner temas en la agenda a nivel mundial. Obligaron a los Estados a incrementar un grado de consecuencia, o al menos, a reducir la distancia entre el discurso y la práctica, tanto en el ámbito de la protección del medio ambiente como en el de los derechos humanos, las relaciones internacionales o en temas de desarrollo y educación. Las ONGs han crecido enormemente, se han ido diversificando y especializando, se han ido profesionalizando, son altamente profesionales y tienen un mandato, muchas de ellas muy específicos. –Al principio aparecían como molestas para los gobiernos y ahora se han convertido en un hecho que los gobiernos no pueden dejar de tener en cuenta. ¿Eso ha cambiado el trabajo de las ONGs? –Yo creo que las ONGs se han ganado un espacio. Y en esto tuvo un papel muy importante la prensa, en el sentido de multiplicar y reproducir, de legitimar el trabajo de las ONGs, en cuanto son profesionales y serias como fuentes de información. Otro elemento es que en muchos de nuestros países ya pasaron los gobiernos militares y estamos en un clima muy distinto al de la Guerra Fría, lo cual hace muy difícil descalificar a la ONG adjudicándole todo tipo de intenciones ideológicas o conspiraciones. Este clima ha permitido un trabajo más despolitizado y ciertamente ha incrementado la influencia de las ONGs. –¿Ese proceso de crecimiento y legitimación no presiona para acercar las ONGs a los gobiernos? ¿No puede ser una tendencia peligrosa para las ONGs? –En algunos casos, producto de la respetabilidad que han ganado, efectivamente se han convertido en fuente de información para muchos gobiernos democráticos, o por lo menos civiles electos, en esta región. En muchos casos hay funcionarios que en su momento estuvieron vinculados con algunas ONGs de desarrollo, de relaciones internacionales, de derechos humanos, en fin, y les han ido abriendo espacios, abriendo puertas, tratando de ser más receptivos a sus informes y planteos... pero yo no veo en eso ningún problema a priori, salvo que la ONG pierda en ese proceso el horizonte y pierda así los grados de independencia que son indispensables para hacer un trabajo de fiscalización. Esa independencia muchas veces se la da el hecho de que la ONG no recibe financiamiento que provenga de la misma entidad o institución que va a fiscalizar. –¿Las ONGs pueden recibir fondos de los gobiernos, por ejemplo? –Depende de los gobiernos, diría yo. Lo peor sería recibir fondos de un gobierno y suponer que esa misma ONG deba hacer un trabajo independiente, objetivo, imparcial, de fiscalización de la  política
del mismo gobierno del cual depende económicamente. Sería
una situación que generaría enormestensiones y conflictos
muy grandes a la ONG y por supuesto limitaría su accionar. Pero hay
instituciones que han encontrado fórmulas interesantes como que el
financiamiento proveniente de gobiernos extranjeros no pueda superar el
cinco por ciento del presupuesto global de la ONG. Entonces no se transforma
en una prolongación de ese gobierno o no incrementa su nivel de dependencia.
Hay gobiernos, europeos especialmente, como los noruegos y los suecos, o
los daneses y holandeses, que tienen un record diría casi impecable.
Tienen fondos destinados por ley a apoyar la cooperación internacional
y tienen además un record ejemplar en no intervenir en la acción
de las ONGs. Yo diría que, hoy en día, recibir fondos del
gobierno noruego u holandés en un programa de desarrollo es tanto
como recibir fondos de una organización privada norteamericana como
la Fundación Ford.–Ha habido situaciones, como la evaluación del genocidio en Ruanda, donde distintas ONGs no han coincidido en los resultados, lo cual motivó polémicas que involucraban la independencia de las ONGs... –Podrá haber problemas de matices, marginales, pero si hablamos de la cuestión de Ruanda, el consenso es prácticamente universal. En Naciones Unidas, donde se juegan otros intereses, se decidió la creación de un tribunal ad hoc para fiscalizar, para investigar y procesar a los responsables de esas masacres. Podrá haber algunas diferencias, pero en lo sustantivo hay una coincidencia universal. –Lo que han planteado ONGs españolas sobre este tema es que las conclusiones de las ONGs más grandes de Estados Unidos terminan coincidiendo con los intereses económicos de Estados Unidos en la región. –No sé si coinciden o no con los intereses económicos de Estados Unidos, lo que sé es que sobre ese tema las opiniones de diversos sectores son muy coincidentes. Por otra parte, cuando las conclusiones de las ONGs no les han gustado a otros, las han acusado de comunistas... –¿Hay un debate entre las ONGs, o para ser más precisos, hay un mundo de las ONGs? –Yo diría que el trabajo y las relaciones son muy complementarias. Donde se entiende que cada uno juega un rol. Por ejemplo yo estoy asistiendo a esta reunión en Buenos Aires organizada por el Comité de Protección a los Periodistas, cuya función no sólo es la promoción de la libertad de expresión, sino también la protección de la actividad del periodismo, de la prensa... El artículo 19 de la declaración de nuestra organización está referido a la libertad de expresión, aunque en términos muy genéricos. Human Rights Watch, entre otras cuestiones, vela también por la libertad de expresión, pero entendemos que la autoridad en el tema son los periodistas y entonces nos apoyamos en el trabajo y la opinión del Comité de Protección a los Periodistas porque consideramos que son una fuente muy autorizada que se especializa en este tema. Entonces hay un nivel, más que de coordinación a priori, de respeto mutuo, recíproco, donde en función del profesionalismo y los antecedentes se van haciendo espacios y uno descansa en las investigaciones de otros grupos que tienen estándares y un profesionalismo similar. –¿Cómo puede identificarse una voz autorizada para realizar una denuncia que puede ser muy delicada, como son las violaciones a los derechos humanos, cuando muchas veces esa persona seguramente no estará bien vista o ha sido muy descalificada por el gobierno implicado? –Normalmente las denuncias las verificamos por nosotros mismos, o como decíamos antes, si se trata de un tema específico recurrimos a otras ONGs. Pero, por supuesto tratamos de averiguar lo más posible sobre las fuentes de las denuncias y los casos. Si se tratara por ejemplo de una denuncia de gatillo fácil o de brutalidad policial en la Argentina, lo que haría en primer lugar, sería recurrir al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Me pondría en contacto con ellos para saber cómo evalúan el caso,porque venimos trabajando con ellos desde hace tiempo y sabemos que pueden tener la capacidad como para evaluar esa denuncia en unas pocas horas. –¿Cómo evalúa usted, como director de América latina de Human Rights Watch la situación del continente respecto de los derechos humanos? –Bueno, el caso colombiano sin dudas presenta una situación especial. Es un conflicto armado sumamente violento que se agrava día a día y donde no ha habido mayores progresos. Es desde hace muchos años la prioridad central de muchas de nuestras acciones en la región. Por muchas razones: la naturaleza del conflicto, el grado de violencia, el grado de responsabilidad que tiene muchos factores, no sólo estatales, sino también paraestatales, grupos armados, guerrillas, etc., a lo que hay que sumar niveles de impunidad que son los más altos de la región. Yo diría que ésa es nuestra preocupación central en la región. Pero aparte de eso, con el advenimiento de la democracia representativa, con autoridades civiles electas, lo que en el pasado fueron violaciones a los derechos humanos producto de políticas de Estado, de carácter oficial, se han ido erradicando de la región, salvo en dos sitios: en Perú y en Cuba. En el resto de la región, en general, los problemas de derechos humanos están vinculados con problemas respecto de la administración de Justicia: falta de acceso a la Justicia, problemas de seguridad ciudadana, de brutalidad policial, torturas, prisiones, todo tiene que ver con un fenómeno vinculado con la administración de Justicia, en general. –¿El advenimiento de los gobiernos democráticos no implicó una transformación de estructuras policiales y judiciales heredadas de las dictaduras? –Esa es su pregunta y también su interpretación, pero yo no tengo elementos como para afirmarlo. Sé que las policías provinciales aquí son poco profesionales, que también actúan con un alto nivel de brutalidad y que ha habido distintos intentos por depurarlas. Son problemas serios que no sólo existen aquí en la Argentina sino que se dan también en Brasil, México, Venezuela, en Chile... El de las policías que se conducen al margen de la ley con muy poco nivel de profesionalización y fiscalización es un problema bastante generalizado. En la región también hay problemas de libertad de expresión. –Usted es abogado, pero también ejerce como periodista, conduciendo un programa para CNN... –Algo de eso estoy haciendo, pero siempre sobre temas relacionados con el estado de derecho, la democracia, derechos humanos, temas más de orden jurídico si usted quiere. –¿Esa actividad periodística es un complemento para su trabajo en derechos humanos? –Yo creo que es un magnífico espacio para promover debate, para presentar puntos de vista diferentes, para analizar jurídica y políticamente desde una perspectiva de derechos humanos las realidades y las deficiencias en América latina. Realmente estoy muy satisfecho por mi participación en este programa. Se trata de promover un debate real, a veces las discusiones son muy fuertes, yo diría que francas, a veces se llega a posiciones demasiado radicalizadas, porque la intención es simplemente discutir con la mayor franqueza posible los distintos ángulos de un problema. –Recuerdo un programa sobre Venezuela, donde la discusión alrededor de la personalidad del presidente Hugo Chávez fue muy fuerte... –Este tema está muy relacionado con lo que hablábamos sobre América latina. Se ha avanzado bastante pero coexisten problemas serios de derechos humanos y los problemas están vinculados en general con la administración de Justicia. Son problemas estructurales, revelan falta de prioridad en estas temáticas, poca inversión de recursos, poco interés... Y normalmente los políticos democráticos, elegidos democráticamente,tienen posiciones muy demagógicas en torno de los problemas de seguridad ciudadana y cuando los enfrentan recurren a la mano dura, creen que la solución es una solución policial y no se dan cuenta de que es un problema bastante más complejo. –¿Han recibido pedidos de gobiernos para fiscalizar algún tipo de proceso? –Sí, nos han llamado para fiscalizar prisiones, problemas de libertad de expresión o legislación  que
está en contradicción con estándares internacionales
sobre libertad de expresión. Por lo general el gobierno sabe que
tiene mala fama, mala reputación en esos temas y, como producto de
algún comentario y de alguna crítica, el gobierno nos puede
invitar para que hagamos algunas recomendaciones. Muchas veces eso puede
ser una invitación genuina, pero es muy riesgoso porque nosotros
no podemos caer en una actitud de asesores. Tenemos que mantener una total
independencia, escogemos los temas en función de lo que entendemos
que son nuestras prioridades y hacemos las evaluaciones en los términos
más independientes. Lo que sí me preocupa es que se vaya debilitando
poco a poco el concepto de lo que es la democracia representativa. Especialmente
porque la gente la juzga, y en buena hora, por sus resultados, y todavía
están muy lejos de responder las demandas mínimas de la población
en materia social, económica, o de seguridad ciudadana. Y a esto
hay que sumarle el surgimiento de líderes populistas que llegan al
poder con el único afán de mantenerse en el poder y que gobiernan
con fachadas de democracia donde todos los esfuerzos son deliberados para
debilitar el concepto de estado de derecho y controlar los otros poderes,
gobernar con jueces provisionales, prescribiendo la constitución
política. El arquitecto principal de este tipo de fenómenos
en esta región ha sido Fujimori, pero Chávez no está
lejos y parece encaminado en esa dirección. Si a nivel regional no
hay una actitud firme, inequívoca, decidida, para entender que la
democracia se encuentra en entredicho y amenazada también cuando
hay fraude electoral, como en el caso peruano, y si la reacción sigue
siendo, como hasta ahora, tímida, yo creo que va a proliferar este
fenómeno.–¿Hay un entramado entre la crisis económica, la decadencia política y la situación de los derechos humanos? –Evidentemente. La crisis económica, social, en América latina es un factor que directamente afecta la situación de los derechos humanos, porque no hay recursos ni voluntad política para invertir en Justicia. No quisiera ser tan tajante en que no hay voluntad política, pero creo que tanto ésta como los recursos, todavía son mínimos. Hay una enorme diferencia entre lo que los Estados debieran hacer y lo que se hace. –¿Human Rights Watch hace un informe periódico sobre los derechos humanos en el mundo? –Nosotros hacemos informes anuales, globales, de la situación en el mundo entero. En diciembre los difundimos, pero además tenemos múltiples publicaciones en los países que supervisamos que incluye Estados Unidos, Europa, etcétera. –¿El informe que realiza el Departamento de Estado sobre derechos humanos tiene en cuenta sus conclusiones? –Bueno, como nuestras publicaciones son públicas, no tiene necesidad de pedirlas. Muchas veces recogen información nuestra y muchas veces nos citan. En ese aspecto ha mejorado bastante la relación con el Departamento de Estado. En el pasado teníamos bastantes diferencias porque la manera como ellos describían o evaluaban los hechos era muy diferente de la manera en que nosotros lo hacíamos. Estábamos en un contexto de Guerra Fría plena, donde lo ideológico jugaba un rol muy fuerte y afectaba esas evaluaciones. En este momento yo diría que los informes del Departamento de Estado, en general, son muy fidedignos.
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alto
funcionario de Human Rights Watch, probablemente una de las más
influyentes ONGs de derechos humanos de ese país y forma
parte de ese nuevo poder fiscalizador de los Estados que se ha
ido desarrollando desde la sociedad civil.