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Por Mariana Carbajal 
El famoso cirujano plástico Rolando Pisanú contrató
a dos de los abogados más caros del país, con la intención
de zafar de la condena por mala praxis que le cayó encima dos meses
atrás, al ser encontrado responsable por las lesiones sufridas por
una paciente que quedó cuadripléjica, tras una operación
estética múltiple. Se trata de los letrados Jorge Alberto
Sandro y Jorge Anzorreguy, hermano del ex jefe de la Secretaría de
Inteligencia del Estado (SIDE), defensores de ricos y poderosos. Con sus
influyentes firmas, Pisanú presentó un recurso de queja ante
el Tribunal de Casación, con el objetivo de conseguir la anulación
del juicio oral, de la sentencia o sencillamente su absolución. La
llave que abriría el camino para la estrategia de los abogados está
en manos de la Sala II. Sandro y Jorge Anzorreguy son conocidos en el ambiente judicial por sus buenas conexiones. Este último comparte el estudio con su hermano Hugo, ex jefe de la SIDE y cuñado de Eduardo Moliné O’Connor, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, vinculado con el menemismo. Sus buffetes atienden a las principales empresas, a los protagonistas de la política y a muchos nombres del poder. Y son muy caros. “Cobran no menos de 100.000 pesos para empezar a hablar”, confió otro abogado. Ex juez de sentencia y ex camarista del Crimen (el más joven, se dice, de la historia judicial argentina), Sandro asesoró ocasionalmente a Alfredo Yabrán, se convirtió en abogado externo de IBM en el pico de las denuncias contra la corporación por el affaire-Banco Nación y fue defensor de Gregorio Ríos, condenado en el crimen de José Luis Cabezas. En el recurso presentado ante el Tribunal de Casación, Sandro aparece patrocinado por Jorge Anzorreguy. No es la primera vez. Apelaron a la misma fórmula en el caso del Sanatorio Güemes, durante una investigación que llevó a la cárcel al juez Remigio González Moreno, acusado de cohecho. Pisanú fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a un año y seis meses de inhabilitación para ejercer la medicina, por “lesiones culposas” a Alicia Romagnoli de Piagentini, una paciente santafesina que quedó postrada a los 42 años, con una incapacidad del ciento por ciento, después de una operación estética en la que el cirujano le practicó una lipoaspiración, un lifting facial y retoques en la nariz, el mentón y los párpados. La intervención fue el 15 de agosto de 1996 en la Clínica Excelsitas, del barrio porteño de Belgrano. En la misma causa también fue condenado el anestesiólogo que actuó en la operación, Enrique Stelmaszewski. No fue el resultado de la cirugía estética en sí mismo lo que se juzgó, sino el desempeño de Pisanú y Stelmaszewski al concluir la cirugía, cuando la mujer fue llevada del quirófano a una sala común. Según testigos, Romagnoli no se encontraba “completamente recuperada” y sufrió un paro cardiorrespiratorio, que le ocasionó un daño cerebral irreversible. La paciente, madre de tres hijos, era una profesional exitosa, que regenteaba una agencia de seguros. Desde que fue denunciado y hasta la condena que le dictó el juez en lo Correccional Nº 6, Eduardo Etcharrán, Pisanú mantuvo a los mismos defensores, uno de ellos Rubén Casset. Durante el proceso y hasta último momento, el cirujano plástico estuvo confiado en que sería absuelto. Tanto es así que horas antes de que se leyera la sentencia, el 3 de abril, anunció a través de sus asistentes que al día siguiente brindaría una conferencia de prensa en un hotel céntrico. El fallo adverso le cambió los planes y la reunión con los periodistas fue abruptamente cancelada. El mismo 3 de abril, un grupo de abogados de la Capital Federal recorrió las calles de Santo Tomé, la ciudad santafesina en la que vive Alicia Romagnoli y su familia. Según contaron vecinos del lugar, estuvieron averiguando sobre los bienes de la familia Piagentini. En aquel momento se especuló que habrían sido enviados por Pisanú, con la intención de iniciar –con un fallo absolutorio en sus manos– una demanda por “daños y perjuicios” contra los Piagentini. Tras la condena, Pisanú resolvió contratar a dos de los abogados más caros e influyentes del país. La condena en el fuero penal lo deja en desventaja para enfrentar la demanda civil que la familia Piagentini le inició: le reclaman una indemnización de 3,5 millones de dólares. Con la firma de Sandro y Jorge Anzorreguy, Pisanú presentó, primero, un recurso de casación contra la sentencia, en el que solicitó la anulación del fallo y del juicio oral, al cuestionar, entre otros puntos, que haya sido el mismo magistrado el que realizó la instrucción y dictó la condena. Pero como el pedido fue rechazado por Etcharrán, los abogados presentaron directamente un recurso de queja ante el Tribunal de Casación, para que resuelva si es correcto el pedido anterior. La resolución está en manos de la Sala II, integrada por los jueces Raúl Madueño, Juan Edgardo Fégoli y Wagner Gustavo Mitchell.
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