Por Maximiliano Montenegro
 La Unión Industrial
Argentina (UIA) hará pública esta semana una propuesta para
salir de la recesión que promete dividir las aguas –ya revueltas–
dentro del propio oficialismo, inquieto por el creciente descontento que
despertó el último ajuste. “Medidas de coyuntura para
reactivar la economía”, se titula el documento –al que
accedió Página/12– que el jueves la UIA aprobará
en una reunión extraordinaria con representantes de todo el país
y que el viernes será tratado por el Grupo Productivo, integrado
también los empresarios de la construcción y la CRA (Confederaciones
Rurales Argentinas). Parte de un diagnóstico oscuro: todavía
no se salió de la recesión y de no tomarse medidas para
reactivar el mercado interno “la crisis económica devendrá
en social y ambas llevarán a una crisis política”.
Entre las propuestas se cuenta aumentar las cargas sociales a empresas
privatizadas, supermercados y otras grandes empresas de servicios, otorgando
con los fondos “un ingreso mensual para los jefes de familia desocupados”,
lo cual permitiría “dinamizar el consumo de bienes de la canasta
familiar”. Otras medidas son una prórroga generalizada de
90 a 120 días en el plazo de vencimiento de las facturas de servicios
públicos y la postergación por 60 días de la moratoria
impositiva que vence el próximo lunes.
El documento avivará la interna del poder económico, porque
también critica duramente a los banqueros, que “no cumplen
adecuadamente su rol básico de proveer financiamiento a empresas
e individuos” y se manejan con niveles de ganancias “de los
más altos del mundo”. En base a un diagnóstico cercano
al de la UIA, importantes dirigentes de la Alianza empezaron a debatir
cómo posicionar ante la sociedad una estrategia económica
que desplace el ajuste fiscal como único eje de la política
oficial. Y en los próximos días el bloque de legisladores
oficialista promete avanzar con un “Plan de Desarrollo Regional”,
que –como adelantó el suplemento Cash del domingo último–
prevé una batería de incentivos fiscales para la radicación
de inversiones en las provincias (ver aparte). El martes último,
el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial resolvió
convocar para el jueves próximo una reunión de la Junta
Directiva de la entidad que, además de los miembros del Comité,
reúne a representantes sectoriales y del interior del país.
Allí, se descuenta, se aprobará el documento que al día
siguiente será puesto en consideración del Grupo Productivo,
compuesto por industriales, constructores y ruralistas.
La propuesta, de cinco carillas, va acompañada por un anexo, de
otras cinco, que fija posición respecto de diversos aspectos de
la situación económica, social y política del país.
La idea esencial es que de la recesión no se sale por el camino
exclusivo del ajuste fiscal que –en la versión del ministro
José Luis Machinea– mejorará la confianza de los inversores
en la Argentina, induciendo a una baja del riesgo país, estimulando
la entrada de capitales y poniendo a disposición de individuos
y empresas financiamiento barato para consumo e inversión.
En la versión UIA, “en el marco de las restricciones fiscales
existentes”, es necesario tomar medidas de estímulo del consumo
y la inversión, “para reactivar la economía, generar
empleo y mejorar las cuentas públicas”, porque de otro modo
la recesión se prolongaría y la crisis social se extendería.
Más aún, la visión es tan claramente diferente de
la que defiende el ala más ortodoxa del Gobierno, representada
por el influyente jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, que
el documento le reserva –obviamente sin mencionarlo– expresamente
un párrafo. Es cuando se refiere a “las economías regionales
e integración nacional”. Como se recordará, De Santibañes
dijo semanas atrás que debía profundizarse el ajuste y que
en los Estados provinciales “sobra gente”, lo cual le valió
no sólo el reto presidencial sino también la condena de
toda el ala política de la Alianza. El documento de la UIA dice
textualmente: “si por una falsa racionalidad económica no
se instrumentaran políticas que tiendan a undesarrollo integral
y eficiente de este potencial, y se abandonan éstas a su suerte,
la crisis económica devendrá en crisis social y ambas llevarán
a una crisis política”. Y remata: “El exceso de personal
(en las administraciones públicas provinciales) sólo será
posible disminuirlo dentro de una política de reactivación
y desarrollo”.
El titular de la UIA, Osvaldo Rial, y su secretario, Ignacio de Mendiguren,
son las caras visibles de la propuesta. Pero cuentan con el visto bueno
de poderosos grupos locales tanto de la industria como de la construcción,
entre los que se destaca Techint. El grupo de los Rocca, a través
de la activa participación de Eduardo Baglieto y Sergio Einaudi,
fogoneó la iniciativa dentro de la Unión Industrial y el
Grupo Productivo. Y el propio Roberto Rocca habría bendecido la
creación de este último nucleamiento, que significó
abrir una zanja en el seno del poder económico que se presentó
como interlocutor del Gobierno en la última década, al disolver
el antiguo Grupo de los Ocho, que también integraban los banqueros.
En ese quiebre en la cúpula empresarial es notoria la división
de industriales, constructores y parte de los ruralistas por un lado,
y bancos, empresas privatizadas y grandes holdings de servicios de la
nueva economía (desde hipermercados y AFJP hasta fondos de inversión)
por el otro. Mientras los primeros promueven políticas promercado
interno, reactivantes de la obra pública y del consumo, los segundo
adhieren a la fórmula ortodoxa, que hoy sigue Machinea, de cuidar
la solvencia fiscal como prioridad absoluta.
Entre el paquete de medidas que presentará la UIA para salir de
la recesión se destacan las siguientes:
 “Aumentar las cargas sociales
de los sectores de servicios (excluidas las PyMEs)”. En esta categoría
quedan incluidos las privatizadas, supermercados, bancos, supermercados
y grandes empresas de servicios en general. Se calcula que el Estado podría
recaudar por esta vía más de 1000 millones de pesos al año,
con los cuales –se sugiere– “debe establecerse, por un
período transitorio, un ingreso mensual para los jefes de familia
desocupados, como manera de asegurarles un nivel básico de subsistencia
y dinamizar el consumo de bienes de la canasta familiar”.
“Establecer una prórroga
de 90 a 120 días en el plazo de las fechas de vencimiento de las
facturas de empresas de servicios públicos (teléfonos, gas,
electricidad, agua)”. No sería un jubileo sino que se propone,
simultáneamente, que en este plazo se financie a los morosos a
una tasa especial, conseguida gracias a una reducción de los encajes
bancarios por parte del Banco Central.
“Postergar por 60 días
el vencimiento de la moratoria impositiva y previsional” que vence
el lunes próximo.
“Inducir la aplicación
de los fondos de las AFJP a las inversiones productivas. Eliminar la posibilidad
de que se inviertan los fondos en el exterior”.
“Solicitar a Brasil la
eliminación inmediata de todos los subsidios que Brasil aún
mantiene para sus exportaciones al bloque regional”.
“Implementar un plan federal
de infraestructura económico-social. Ampliar la red vial provincial.
Ampliar la capacidad prestables del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional”. Estas políticas, de estímulo a la construcción,
habrían sido acordadas con las cámaras del sector y terminarían
por asegurar el aval de todo el Grupo Productivo a la propuesta.
DEBORA GIORGI, SECRETARIA
DE INDUSTRIA
“Ya hay equipos trabajando”
Por
Claudio Scaletta
“Estamos discutiendo el
Plan de Desarrollo Regional” propuesto por los diputados Horacio
Parnasetti y Beatriz Nofal, reconoció a Página/12 la secretaria
de Industria, Débora Giorgi, quien prefirió no pronunciarse
acerca de las opciones más ortodoxas elegidas por el equipo económico.
El plan de los diputados aliancistas insumiría al fisco 700 millones.
Si ese es el costo, “entonces no se va a hacer”, había
declarado a este diario el jefe de asesores del ministro de Economía,
Pablo Gerchunoff.
–¿Cuál es su opinión sobre el conjunto de políticas
activas que propone el Grupo Productivo?
–En principio, aunque todavía no existe un documento definitivo,
son las mismas que integraban la agenda que Osvaldo Rial (presidente de
la Unión Industrial Argentina) nos presentó hace un mes
y sobre la cual ya tenemos equipos trabajando.
–¿Cuál es, entonces, el plan de la Secretaría
de Industria?
–Yo preferiría no hablar de un plan de la Secretaría.
Lo que hay es un desvelo permanente del equipo económico por medidas
que incentiven al sector real de la economía, que tengan efectos
reactivantes y que generen empleo.
–¿Cuáles son esas medidas?
–Lo primero en lo que tenemos que perseverar es en el mantenimiento
de la solvencia fiscal. Dentro de ese contexto, apuntamos a las áreas
de pymes y de programación regional. Con los diputados de la Alianza
estamos discutiendo una propuesta que es el “Plan de Desarrollo Regional”.
Esencialmente consiste en beneficios sobre cargas sociales, exención
de aranceles para bienes de capital, financiamiento del IVA y dinero para
repartir entre las provincias de acuerdo con índices de necesidad.
El objetivo es ayudar a la recuperación de las economías
regionales. Aunque todavía no hayan sido formalizadas, es probable
que contemplemos algunas de las propuestas del Grupo Productivo.
–Los diputados de la Alianza no parecen estar muy contentos con la
opción de política económica más ortodoxa
elegida por el equipo económico. ¿Cuál es su percepción?
–Eso se lo tiene que preguntar al ministro de Economía. Yo
trabajo en los temas que él plantea. Además, yo no he estado
con los diputados, sólo con dos asesores del titular del interbloque
radical, Horacio Parnasetti.
–¿A qué atribuye, entonces, los rumores sobre su renuncia
o del desplazamiento del secretario de la Pyme, Guillermo Rozenwurcel?
–No sé de dónde salen esas versiones. Yo trabajo en
un equipo sólido que responde a directivas claras.
–Las automotrices no parecen muy contentas con su gestión.
Se quejan por la eliminación del Plan Canje y del proyecto del
Auto de Baja Contaminación.
–Mantengo reuniones habituales con las automotrices y jamás
percibí ningún descontento. Me presentan propuestas. Me
visitan. Actualmente estamos analizando la posibilidad de exportar vehículos
a México con un régimen muy similar al que emplea Brasil.
Tampoco creo que puedan estar disgustados por la eliminación del
Plan Canje, pues fue una medida consensuada con las terminales. La prueba
es que todavía existen 130 mil bonos del Plan que no se han destinado
a la adquisición de unidades cero kilómetro. En cuanto al
ABC, que iba a contrapelo de la política regional porque era un
auto solamente para el mercado interno, había nueve terminales
en contra. Decían que el proyecto era discriminatorio.
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