El Pequeño Machinea Ilustrado, como llamó Página/12
al breviario con respuestas económicas elaborado por el economista
Pablo Gerchunoff para responder a las críticas contra el plan, recibió
los primeros cuestionamientos de parte del diputado díscolo Enrique
Martínez y el economista de la Central de Trabajadores Argentinos
Claudio Lozano.
Martínez y Lozano radiografiaron el paper de Gerchunoff, jefe de
asesores de José Luis Machinea, y pusieron en duda la serie de preguntas
y respuestas del documento para consumo de funcionarios y legisladores.
En estas páginas puede leerse la serie de críticas. Y a continuación,
refrescar algunos ejemplos de autopreguntas y autorrespuestas:
 Por qué en lugar de bajar
los sueldos no aumentaron las alícuotas de impuestos internos a los
bienes consumidos por las clases altas: ya se hizo, y aumentos adicionales
disminuirían la demanda de whisky o cognac.
Por qué no se restituyen
los aportes patronales para las empresas privatizadas: la mejor opción
es negociar rebajas de tarifas, para trasladar los beneficios de las negociaciones
con las empresas a toda la sociedad.
Por qué sigue en pie la
exención del impuesto a las ganancias a los empresarios que venden
sus empresas: se pretende evitar el desincentivo al desarrollo del mercado
de capitales.
Por qué un afiliado a
una AFJP no puede volver al sistema de reparto: se recaudarían más
aportes, pero al mismo tiempo se generaría la obligación de
pagar beneficios en el futuro, cuando no se contaría con los recursos
para afrontar los pagos.
Por qué no se creó
un impuesto a las transferencias netas de divisas: significaría volver
a tener varios tipos de cambio.
Por qué no renegociar
la deuda externa como pide la Iglesia: aumentaría el riesgo país.
Por qué el Estado mantiene
el subsidio a la empresa privada que se quedó con Yacimientos Carboníferos
Fiscales: porque el subsidio está atado al mantenimiento de las condiciones
de trabajo.
Por qué no se gravan los
plazos fijos: sería un incentivo para que la gente lleve sus ahorros
al exterior.
Por qué el Gobierno no
es más enérgico para cobrarle el canon a las empresas de servicios
públicos: es enérgico, solo que actúa ante la Justicia.
Por qué no aplicar un
impuesto extraordinario a las empresas privatizadas: podría quedar
afectada la seguridad jurídica; es mejor llegar a acuerdos voluntarios
con las empresas para reducir tarifas y acelerar inversiones.
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Por Claudio
Lozano *
Un Manual de Zonceras Argentinas
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El
Lerú preparado por Economía para que los dirigentes
de la Alianza puedan defender lo indefendible, pretende otorgarle
racionalidad y argumentación económica al temor reverencial
que estos funcionarios profesan hacia el poder económico. Para
no mencionarlo, han decidido bautizar como mercado.
Aterrorizados por la hiperinflación del ‘89, han publicado
un nuevo Manual de Zonceras Argentinas. Esconden que la misma concepción
que hoy ellos profesan por temor (y que ayer fuera impuesta por la
dictadura y el menemismo con convicción) ha dado lugar a un
país con un balance negativo que en materia de divisas (dólares)
ha impuesto al comportamiento económico de la cúpula
empresarial más concentrada, sostenido y afirmado en las siguientes
bases:
El sobreendeudamiento externo
del sector público.
La permanente desigualdad
en el reparto de los ingresos.
La desindustrialización
(descenso en el valor agregado local sobre el valor bruto de producción).
La fuga del excedente,
el desequilibrio fiscal, el bajo crecimiento de la inversión.
La incorrecta inserción
internacional.
La profunda concentración
de la propiedad con su secuela de rentas extraordinarias y su consecuencia
en términos de recorte en la autonomía para decidir
el rumbo de la economía.
Olvidan los funcionarios del Gobierno que su función no consiste
en encontrar argumentos que legitimen este estado de cosas. Deberían
aprovechar la legitimidad del nuevo gobierno y la maquinaria estatal
para transparentar el comportamiento decididamente antidemocrático
que exhiben a nivel económico los agentes más concentrados.
Los funcionarios sostienen, también, que no se pueden elevar
los impuestos al consumo superior ya que esto fue hecho por la reforma
impositiva anterior y un mayor aumento disminuiría la demanda.
Amén de que en este terreno la reforma fue suave, acotada y
en algunos casos derogó imposiciones (joyas y piedras preciosas,
por ejemplo), por lo cual bien podría pensarse en profundizarla,
asombra que les preocupe la eventual disminución de la demanda
en este caso. La teoría económica suele indicar que
se trata de bienes cuya demanda no se modifica por el precio. A la
vez, no observan la misma preocupación al reducir salarios
estatales y quitarle al mercado interno (en la presente situación)
600 millones de pesos.
Señalan, además, que es imposible por las cláusulas
de los contratos modificar la presión impositiva sobre las
empresas privatizadas, cuando la experiencia indica que desde que
fueron transferidas vivieron una permanente reducción de la
carga tributaria expresada en disminución de aranceles, baja
de aportes, eliminación del impuesto a los sellos, baja en
ingresos brutos, etcétera, y que en todos los casos (la excepción
es electricidad) ha habido aumento de tarifas. Por ende, tanto las
ganancias extraordinarias como el propio cumplimiento de los contratos
exigiría restituirles los aportes.
Decir que éste no es el rumbo correcto porque en realidad lo
que hay que hacer es bajar las tarifas debiera formularse mostrando
logros concretos en la materia. Hasta el momento, solo hay fracasos
(trenes y subtes), los escasos logros han implicado nuevos subsidios
(peajes) y la hipótesis sobre lo que ocurrirá en comunicaciones
está por verse y se parece más a abrirle la puerta al
capital norteamericano para forzar nuevas condiciones oligopólicas,
que a una verdadera estrategia de beneficio a la usuarios.
El argumento de no eliminar las exenciones vigentes en el impuesto
a las ganancias porque esto impide el desarrollo del mercado de capitales
y desalienta la inversión de riesgo, constituye una paparruchada
sin límites. Es constatable que la vigencia (casi eterna) de
las exenciones noha dado lugar ni al desarrollo del mercado de capitales
ni a la inversión de riesgo. Es conocido que en la Argentina
la estructura del impuesto a la ganancias se caracteriza por gravar
a las sociedades desalentando la formación de capital y la
inversión, y por un gravamen sobre las personas físicas
que al mantener una larga lista de exenciones (exclusión de
dividendos, colocaciones financieras, operaciones con títulos
letras, obligaciones negociables, ganancias de capital, herencia,
enriquecimiento gratuito, compra-venta de acciones, bonos y títulos
valores) recae dominantemente sobre el trabajo (salario) constituyendo
un factor indisimulable de inequidad.
Asimismo, por las exenciones la elusión (evasión legal)
se convierte en el componente principal de nuestra estructura impositiva.
Así, Ganancias deja de recaudar aproximadamente $ 10.000 millones
al año.
Decir que habilitar el retorno al sistema previsional público
es un problema ya que se recaudarían aportes pero habría
que abonar haberes en el futuro, es ignorar el funcionamiento del
sistema público de reparto. En éste, se pagan los haberes
actuales con los aportes actuales y los haberes futuros con los aportes
futuros (ya que no es un sistema de capitalización). Asimismo,
abrir la opción y elevar el haber previsional fortalecería
el sistema público y obligaría al privado a mejorar
su prestación.
Desacreditar la idea de inducir un balance equilibrado de divisas
por parte de las empresas ya que desalentaría la inversión
extranjera directa y nos sumiría en el retraso tecnológico
y la ineficiencia del pasado, merece dos comentarios:
Uno respecto de la composición
de la inversión extranjera. Ésta refleja problemas de
orientación (se dirige a servicios o extracción de recursos
naturales), ha estado asociada a la compra de activos ya existentes
(privatizaciones y otros), en una elevada proporción no se
ha efectivizado con aportes genuinos de capital sino por vía
de la capitalización de títulos de deuda (31 por ciento)
y el 66 por ciento de las utilidades son remitidas al exterior. Se
consuma así un fenómeno donde el aporte neto termina
siendo negativo y el desequilibrio en el balance de pagos se expande.
La idea de que estaríamos
retornando al retraso tecnológico parece elogiar el reprimarizado
rumbo productivo actual y elude la consideración de la sistemática
destrucción de cadenas de producción (desindustrialización)
que caracteriza al proceso económico local.
La reflexión acerca de los subsidios poniendo como ejemplo
el caso de YCF en Río Turbio (justificado por razones sociales
y geopolíticas) resulta poco seria ya que la verdadera discusión
respecto de éstos debería considerar los casos de la
promoción industrial, los ferrocarriles, los peajes, los canales
fluviales privatizados y el ya señalado déficit previsional.
El Lerú oficial busca justificación en un subsidio de
$ 23 millones cuando el debate debería considerar los cerca
de $ 9.000 millones que totalizan lo hasta aquí mencionado.
La preocupación por la salida de ahorro al exterior ante un
gravamen a los plazos fijos parece olvidar que el paraíso fiscal
de la Argentina de los últimos años no pudo evitar que
los activos financieros de residentes locales en el exterior saltaran,
entre 1993 y la actualidad, de $ 53.000 millones a más de $
100.000 millones.
Por último, resulta particularmente sesgada la reflexión
de apego a las normas jurídicas y de no inducir medidas autoritarias
para cobrar los cánones que deben Macri o Eurnekian. Básicamente,
porque este celo por la democracia y los derechos adquiridos parece
no observarse cuando se trata de rescindir contratos laborales en
el Estado o rebajar los salarios de los trabajadores.
* Director del Instituto de Estudios y Formación de la
CTA.
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Por
Enrique M. Martinez *
Hay otros caminos, muchos y serios
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Página/12
me pide opinión sobre los argumentos volcados al “pequeño
Machinea ilustrado”, como bautizó el diario a la lista
de explicaciones sugeridas por un asesor del ministro para rechazar
las alternativas al ajuste salarial al sector público, que
como se esperaba ya se está extendiendo al sector privado.
Más que revisar medida por medida, parece valioso resumir las
ideas fuerza que están detrás del rechazo. Son cuatro,
que llevan luego a la conclusión de que no hay más que
un camino, el elegido por el Poder Ejecutivo.
Primero: toda nueva carga impositiva sobre el capital concentrado
desincentiva la inversión.
Por eso se rechaza gravar las ganancias de capital que se producen
cuando se venden empresas a aplicar una tasa extra a las ganancias
extraordinarias.
Si hoy un ganadero quiere repoblar su árido campo patagónico
con ovejas, el mayor stock de ovejas paga impuesto a las ganancias.
Si se cansa y vende el campo, el ingreso que obtiene no paga ese impuesto.
No solo parece absurdo. Es absurdo. El que deja de producir tiene
beneficios. Es el sistema actual el que desincentiva la inversión.
Una extensión de aquella idea es el rechazo a aumentar los
impuestos sobre artículos suntuarios sosteniendo que ya se
aumentaron en enero y que ahora sería una carga excesiva, caería
la demanda y el empleo en los sectores productores de esos bienes.
Muy curioso argumento para justificar la decisión de bajar
los sueldos. ¿No es esta reducción la que generará
caída del consumo y por ende del empleo?
Segundo: Toda modificación impositiva a las empresas de servicios
privatizadas u otros grandes grupos atenta contra la seguridad jurídica.
Por eso se rechaza recuperar el nivel de aportes patronales de 1991,
en las empresas de servicios, que no significaron rebajas de tarifas.
Los bancos tampoco bajaron sus tasas de interés ni las administradoras
de fondos de pensión –que nacieron después–
han reducido un peso de comisiones. No hay argumento ético
o jurídico para que estos sectores no puedan pagar aportes
patronales mayores que los productores de bienes industriales.
Tercero: La evasión se combatirá, pero para hacerlo
con eficiencia hay que modificar leyes. Si el Congreso no actúa,
el avance es lento.
Por eso no se considera posible achicar el déficit fiscal con
rápidas reducciones en la evasión en Aduana, en el pago
de IVA o en las contribuciones patronales.
Es rotundamente falso. Un solo ejemplo: el código aduanero
vigente permite poner preso no solo al contrabandista tradicional,
sino también al que subfactura. Solo hay que querer hacerlo.
Cuarto: El crecimiento será un suceso automático luego
de cerrar la brecha fiscal. Por eso esto es urgente, como sea.
Esa secuencia automática, donde generaríamos confianza
externa y ahí nomás crecemos, hace que ninguna medida
busque directamente el crecimiento. Por eso se rechaza el valioso
proyecto de impuesto al déficit privado de divisas, que empujaría
especialmente a las corporaciones multinacionales con filiales en
el país a aumentar sus exportaciones, desarrollar proveedores
locales, acelerar sus inversiones o reducir el giro de utilidades,
para poder tomar ventaja de sus competidores que no lo hagan o para
tener divisas más baratas.
O se rechaza aumentar los aranceles extra-Mercosur para los bienes
de consumo, medida reclamada por todos los sectores productivos argentinos.
O ni siquiera se advierte que las inversiones externas representan
solo el 10/15 por ciento de lo invertido en el país año
a año. El resto lo aportamos los argentinos. El crecimiento
depende de apoyar a los de adentro, más que de andar cazando
mariposas por el mundo. Conclusión: Gravar con cualquier impuesto
al que tiene poder no se puede; pedir de vuelta el regalo de la rebaja
de aportes patronales no se puede; controlar rápido la evasión
no se puede; generar ingresos fiscales por el crecimiento no se puede.
Solo se puede meter la mano en el bolsillo a los que dependen de uno.
Si es injusto, mala suerte, porque no había alternativa. Si
cae el consumo, ya volverá, porque habrá un shock inversor
externo. Si no trabajan, porque desaparece todo incentivo, no importa,
porque manejamos todo entre los ministros y unos pocos asesores.
Pero si había otros caminos, todo este sofisma se evapora.
Justamente: hay otros caminos. Muchos, serios, fáciles y solventes.
Para creer en ellos, sin embargo, hace falta una condición:
tener auténtico miedo al fracaso. Saber que detrás de
cada error de un funcionario hay ilusiones que se defraudan y estómagos
que trabajan de cuando en cuando. Entender que un mal resultado será
culpa de quien decide y que no bastará con escribir algunos
libros dentro de unos años explicando cuáles fueron
los condicionantes externos que no se cumplieron, crear una cátedra
para estudiar el fenómeno y buscar otro político al
cual asesorar para volver a la carga. No hay funcionario más
peligroso que el que actúa con ánimo deportivo y disfruta
de las frases chispeantes. Quien escribió el “pequeño
Machinea ilustrado” está en esta categoría.
* Diputado nacional Frepaso-Alianza.
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