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Por A.M. 
El ex titular del PAMI, Víctor Alderete, insiste en considerarse
un “preso político” y así lo dijo a quienes lo visitaron
en su tercer día de detención. Hoy empezará a responder
las 200 preguntas que tienen preparadas los fiscales Guillermo Montenegro
y Paulo Starc y otras tantas que le hará el juez Adolfo Bagnasco
cuando se reinicie la indagatoria suspendida el viernes a la noche en la
causa en la que se investiga su presunta participación como jefe
de una asociación ilícita para defraudar a la obra social
de los jubilados. Durante el fin de semana largo Alderete permaneció
detenido en el escuadrón Buenos Aires de Gendarmería donde
recibió la visita de sus familiares, amigos y abogados.Ayer lo fue a ver su abogado más cercano, Oscar Colombo, y al salir de la prisión calificó la detención de su cliente como “un hecho político”. Según el letrado, el ex funcionario preferido de Carlos Menem sufre “tensiones y cierta depresión causadas por la situación de aflicción que le produce estar frente a un aparato político que está en su contra”. También señaló que Alderete sufre “físicamente algunos problemas de hipertensión derivados de la situación”, pero desmintió que se encontrara deprimido. Colombo evaluó que la asociación ilícita imputada al ex titular del PAMI “es una figura (penal) bastante discutible y en estos casos así como permite una detención también permite una libertad”. El abogado, en sociedad con Ricardo Reto, siempre representó a Alderete hasta que la cantidad y complejidad de las causas en su contra lo llevaron a contratar los servicios del ex ministro León Arslanian. Colombo confirmó que Alderete estaba con él en su estudio al momento de ser librada la orden de captura y señaló que “nunca trató de escaparse ni profugarse ni demorar la detención”. A partir de las 10 será interrogado por el juez y los fiscales del caso, quienes han elaborado un extenso cuestionario en base a la denuncia formulada hace cuatro meses por la gubernamental Oficina Anticorrupción. La práctica sistemática descripta en la acusación consistió en la neutralización de las áreas de control y en la obstaculización de las tareas de la Auditoría y la Sindicatura General de la Nación. Los investigadores tomaron cinco “casos testigo” para demostrar la existencia de esa práctica. Por ejemplo, la empresa Solavi fue contratada en julio de 1999 por 200 mil pesos para que hiciera un sondeo de opinión entre los oyentes de una radio líder. Las preguntas eran “casi retóricas y su respuesta podía preverse sólo de la redacción”. Otro de los casos se refiere al contrato con Advertising Image S.A., que cobró 70.543 pesos para realizar “un estudio semiológico sobre acciones comunicacionales, capacidades y características receptoras del mensaje del segmento de la tercera edad”. Los denunciantes señalaron que “el haber establecido un objeto tan difuso nos lleva a pensar que éste era irrelevante”. Alderete deberá responder también por el pago indebido de casi tres millones de dólares a la Federación de Clínicas y Sanatorios Privados de Buenos Aires (Fecliba) a quien le reconoció una deuda, en principio, inexistente. Margarita Todesca, médica del PAMI y miembro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, consideró ayer que a Alderete “habría que juzgarlo por genocidio” porque “durante el tiempo que estuvo al frente del PAMI murieron muchos jubilados por falta de prestación mientras él gastaba plata en publicidad mentirosa”.
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