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Por Cledis Candelaresi 
Rafael Martínez Raymonda, el hombre a quien Fernando de la Rúa
confió la conducción de la Entidad Binacional Yacyretá,
viajó semanas atrás a Washington para explicar a directivos
del Banco Mundial que pocas cosas están más lejos del ánimo
del Gobierno que oponerse a las privatizaciones. La argumentación
que el funcionario prefirió esgrimir en persona vino a cuento de
que los presidentes de Argentina y Paraguay ratificaron por escrito y públicamente
su decisión de que las obras que faltan para completar la represa
serán competencia de la EBY, desechando así el criterio del
banco de que debían concesionarse. Para aliento oficial, el Galicia,
el Francés y el Río, entre otras entidades privadas de primera
línea, ya pusieron a disposición del gobierno los 700 millones
que harían falta para este emprendimiento.La primera decisión aliancista en esta materia fue ratificar la intención de elevar la cota (caída del agua en la represa) de 76 metros a 83, respetando su diseño original. La ecuación económico-financiera que maneja la EBY prueba que sería un despropósito no hacerlo: hoy Yacyretá vende energía por 155 millones de pesos anuales; cuando se haya subido la cota, podrá generar más electricidad y sus ingresos se incrementarían en 142 millones adicionales cada año. La segunda decisión es que las obras necesarias –fundamentalmente planta de tratamiento de líquidos e indemnización de vecinos y construcción de viviendas por relocalizaciones– serán administradas por la EBY. Para ello, el Gobierno piensa organizar un fideicomiso bancario que tendrá como sólida garantía los futuros ingresos por la venta de energía. En rigor, las entidades que presten el dinero se irán cobrando con la millonaria venta de energía, importante reaseguro para los potenciales prestamistas. Hasta no hace mucho, el Banco Mundial presionó para que fuese una empresa o consorcio privado el encargado de hacer la obra, de financiarla y, luego, explotarla, marginando a la EBY todo lo posible. Así, el negocio hubiera quedado enteramente en manos de empresas privadas, que hubiesen podido manejar una caja anual multimillonaria. El argumento esgrimido por los técnicos para excluir a la entidad de esta operación es que hasta ahora no habría podido garantizar la celeridad ni la transparencia requeridas. Después que el Ministerio de Infraestructura, del que depende la EBY, aclaró su criterio ante el representante local del Banco Mundial, Martínez Raymonda hizo lo propio en Estados Unidos. El propósito fue que la decisión oficial, contraria a la de la entidad presidida por James Wolfensohn, no se interpretara como un gesto estatista. “Al contrario: dejamos en claro que nuestra intención es concesionar Corpus”, explicaba ante este diario el director ejecutivo de la EBY, en relación con el otro ambicioso proyecto hidroeléctrico, todavía en ciernes. El funcionario intentó explicar ante los responsables del BM que la determinación del Gobierno argentino responde al “sentido moral” implícito en las obras pendientes, ya que se trata, básicamente, de trasladar servicios públicos, construir barrios de viviendas modestas y otros emprendimientos de tipo social. El Estado argentino –copropietario de la presa, pero el único que la financia– tiene lo que el director ejecutivo de la EBY reconoce como una “gran deuda social”, ya que hay indemnizaciones impagas. De ceder la recaudación por venta de energía, se vería en el dilema de con qué fondos saldarla. La Alianza también tiene intención de estimular a las alicaídas pymes regionales, dándoles las obras chicas. La realidad es que las obras pendientes son poco atractivas para las grandes constructoras del país, a las que les interesaba el esquema bancomundialista. Este hubiese puesto en sus manos la atractiva explotación de la central, que terminada facturará no menos de 300 millones por año. Para consumar su desafío, a De la Rúa no le faltarán fondos. Por el contrario, varias entidades con recursos ociosos (capacidad prestable, en la jerga) le arrimaron ofertas.
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