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 Por Pedro Cifuentes Desde Madrid 
El Gobierno no otorgará compensaciones económicas a los
terroristas heridos en la guerra sucia contra la ETA. Aunque la Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo (1999), aprobada por consenso durante
la finalizada tregua de la ETA, reconoce indemnizaciones “a todas las
víctimas del terrorismo”, el Ejecutivo interpreta que un reglamento
de 1997 le permite no indemnizar a los “responsables de dichas actividades
delictivas”, según ha reconocido el subsecretario de Interior,
Leopoldo Calvo-Sotelo. El gobierno ha echado mano de un reglamento de 1997 para endurecer la concesión de indemnizaciones a los terroristas víctimas de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) una vez que la ETA ha vuelto a matar. La postura oficial, que explicó Leopoldo Calvo-Sotelo, es que el Ejecutivo se atiene al “régimen jurídico”, y no a la reanudación de los atentados. En octubre de 1999, poco antes del final del alto el fuego de 14 meses, se aprobó por unanimidad la Ley de Solidaridad para resarcir “a todas y cada una de las víctimas del terrorismo” por los “daños físicos o psicofísicos” sufridos entre el 1º de enero de 1968 y diciembre de 1999. El texto fue respaldado por los diputados nacionalistas vascos al incluirse a las víctimas de la guerra sucia –del Batallón Vasco Español, de 1975 a 1982, y de los GAL, de 1983 a 1987– en el reparto de ayudas. El gobierno esgrime ahora el reglamento 1211/1997, inferior en rango y anterior a la Ley de Solidaridad, para excluir a los etarras heridos de las indemnizaciones. Son, al menos, 12; alguno sufrió más de un ataque. El artículo 1.1 del reglamento establece que serán resarcibles por el Estado los daños derivados del terrorismo “a quienes no fueran responsables de dichas actividades delictivas”. Ninguno de los etarras afectados por la nueva doctrina del Ejecutivo ha solicitado hasta ahora las indemnizaciones previstas en la Ley de Solidaridad. El plazo para hacerlo termina el próximo viernes. Interior cree que ni siquiera “van a perder el tiempo” con solicitudes que no serán atendidas. El primer ejemplo de la nueva doctrina fue la denegación, en mayo, de la ayuda a Antonio Cubillo, fundador del movimiento independentista radical canario Mpaic, herido en un atentado en Argelia en 1978. La Asociación de Víctimas del Terrorismo “condena el GAL”. Pero su portavoz, Paulino Baena, matiza que “es difícil que se nos sitúe en el mismo plano”: “Salvo excepción, sus víctimas son terroristas”. El gobierno sí sufragará, ya ha empezado a hacerlo, las compensaciones económicas a los familiares de los etarras muertos: la responsabilidad por los actos terroristas es “personal” y no se extiende a sus herederos. En total, el terrorismo de Estado dejó 57 muertos y 27 heridos entre 1974 y 1987, además de decenas de atentados y secuestros frustrados. La compensación en caso de muerte, si no hay sentencia judicial firme, es de 134.000 dólares. La de gran invalidez, 378.000 dólares. Cuando hay sentencia suelen ser mayores; hasta el doble. Las expectativas gubernamentales son que la ley afecte a unas 5000 personas, entre muertos y heridos, con un crédito inicial –ampliable– de 256 millones. El colectivo principal son los familiares de los 764 muertos por ETA en sus 32 años de existencia. El resto, los miles de heridos. La reinterpretación legal del gobierno afecta, al menos, a 12 presuntos terroristas víctimas de la guerra sucia. José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto, herido por el Batallón Vasco Español en San Juan de Luz el 13 de enero de 1979, es el más antiguo. Los demás fueron víctimas del GAL, en el País Vasco Francés, entre 1983 y 1986.
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