Por Laura Términe
Desde Roma
 Cuatro ex desaparecidos que viven en Italia declararon ayer como testigos en el juicio contra los ex generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros, acusados del homicidio de siete ciudadanos italianos y la desaparición de un bebé durante la dictadura. Los testimonios de José Luis Cavalieri, secuestrado en La Cacha varios meses, y del director de cine Marco Bechis, que pasó una semana encerrado en el Club Atlético, ambos centros clandestinos ubicados en la Zona 1 que estaba bajo el comando directo de Suárez Mason, ilustraron al tribunal sobre las torturas y el desgaste físico y psicológico que sufrían los prisioneros.
Bechis, el director de Garage Olimpo, y Cavalieri pudieron salir del país utilizando el pasaporte italiano, después de pasar una fase intermedia en cárceles legales. El director ítalo-chileno, que vivió su infancia en Buenos Aires y en los inicios de la dictadura cursaba el profesorado en el colegio Mariano Acostay actuaba en grupos peronistas de base, contó a la Corte de Asisse que desde Milán sus padres aceitaron contactos para que fuera liberado. �Mientras jugaba al golf, Suárez Mason dijo que en 24 horas podía saber si yo estaba vivo o muerto, a partir de ese momento en el campo empezaron a tratarme mejor�, relató, y reconoció a Julián Simón, alias �El Turco�, y al comisario Fioravanti como sus torturadores. �El Turco Julián hacía de malo y Fioravanti de bueno durante la picana�, dijo Bechis, que, mientras seleccionaba a los actores de Garage Olimpo, donde narra la vida dentro del Club Atlético, al doblar una esquina de Buenos Aires vio a su peor torturador en un bar.
Pacientemente, Marta del Carmen Francese de Bettini volvió a contar la historia de la desaparición de su hijo estudiante, su esposo juez, su yerno militar y su madre, una señora de la alta sociedad que cuando fue secuestrada tenía 77 años. �Quiero acusar al Episcopado argentino por su complicidad con la dictadura militar�, dijo Bettini, cuya historia inspiró el film documental alemán Todo es ausencia. El drama de los Bettini empezó con la desaparición de su hijo Marcelo en 1976. Después fue secuestrado el juez Antonio Bettini en La Plata, mientras estaba en compañía de su yerno Jorge Devoto, ex oficial de la Marina. Devoto entró al Edificio Libertad el 21 de marzo de 1977 y nunca más fue visto hasta que el marino Adolfo Scilingo reconoció en uno de sus testimonios que Devoto había sido arrojado al mar en los vuelos de la muerte y que era el único al que habían ordenado no aplicarle una inyección de pentotal antes de la trágica solución final.
Marta Bettini, que actualmente tiene 76 años y está radicada en España, dijo al Tribunal que a través de un militar arrepentido supo que su marido había estado secuestrado por orden del general Ramón Camps y que había pasado por La Cacha. Describiendo la impunidad con que actuaba Suárez Mason, contó que una hermana monja de su marido fue a visitar al ex jefe de la Zona 1 en Bahía Blanca por recomendación del arzobispo de esa ciudad. �Lo mejor que puede hacer es volver rápidamente a su convento, hermanita�, fue la respuesta del hombre que decidía quién vivía y quién moría en los cerca de 40 campos de detención que mantuvo a su cargo. Las revelaciones sobre la complicidad de la Iglesia siguieron en el testimonio de Cavalieri, quien una vez en Roma, en el año 1980, visitó al cardenal Pironio y de la boca del secretario del jerarca eclesiástico escuchó que �ya no se puede hacer nada, están todos muertos, hijo mío, nosotros tenemos información precisa�.
Al desfile de políticos italianos por el aula bunker de Rebibbia se sumó ayer Grazia Francescato, la presidenta del Partido Verde que integra la coalición de gobierno. En sintonía con el vicecanciller Franco Danieli y el secretario de los Democráticos de Izquierda Walter Veltroni,Francescato aseguró que si Suárez Mason y los demás son condenados, Italia debe estar preparada para pedir su extradición.
En una audiencia casi sin pausas, declararon también tres ex detenidos del campo cordobés de La Perla que comandaba el ex general Luciano Benjamín Menéndez. Norma Berti, Teresa Mischiatti y Piero Di Monte repitieron las rutinas de torturas y dieron los nombres de varios ciudadanos italianos desaparecidos con los que convivieron en la cárcel clandestina de la Zona 3. Los abogados de las víctimas, Marcelo Gentili y Giancarlo Manica, consideran que podrían juntarse pruebas suficientes para abrir un nuevo juicio en Italia contra el ex general Menéndez. El juez Mario D�Andria detuvo la declaración de Meschiatti mientras la ex detenida contaba las visitas que Menéndez hacía al campo y le pidió a Gentili que no continuara con testigos que no podían agregar algo sobre los imputados. La Corte de Assise marcó una nueva audiencia para el 5 de julio, la última que tendrá lugar antes de las ferias judiciales de agosto en Italia.
Recurso al procurador
El Gobierno busca una salida judicial para los presos de La Tablada y en ese marco, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, solicitó al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, que impulsara a través del Ministerio Público un recurso de revisión a favor de los detenidos del MTP, que están en huelga de hambre desde hace más de veinte días. Colaboradores de Becerra adelantaron que el procurador contestará que no tiene atribuciones para dar una orden puntual a los fiscales. La posibilidad de que los abogados defensores de los presos de La Tablada formulen un recurso de revisión para que su fallo fuera reconsiderado fue expresada públicamente el lunes por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra. �El ministro intenta volcar la responsabilidad del Estado en los abogados defensores�, respondió Rodolfo Yanzón, uno de los patrocinantes de los presos, que sin embargo, no descartó que se concrete la medida.
�El Gobierno ratifica que el indulto no representa una solución a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos�, repitió Conti en un comunicado. La subsecretaria reiteró su apoyo al proyecto impulsado por la Alianza para reformar la Ley de Defensa de la Democracia. Desde el cavallismo se presentó una iniciativa similar, pero que les quita a los detenidos el beneficio del �dos por uno�, es decir que no les permitiría salir en libertad.
Conti informó sobre una �batería de medidas�, entre ellas, el seguimiento de las causas en las que el Estado está acusado de matar y torturar a miembros del MTP y el apoyo a la propuesta del diputado justicialista Mario Cafiero, quien pidió al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Estanislao Karlic, el apoyo de la Iglesia para la creación de una comisión destinada a estudiar la situación de los detenidos. Por otro lado informó que un juez autorizó a dar alimento a los huelguistas que estén en situación crítica, aun contra su voluntad.
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