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La declaración indagatoria de Víctor Alderete �acusado de haber liderado una asociación ilícita para defraudar al PAMI� fue suspendida hasta el viernes. El trámite que empezó hace seis días y tenía que haber continuado ayer a la tarde fue postergado a pedido de sus defensores, León Arslanian y Carlos Beraldi, quienes solicitaron un intervalo de 48 horas para poder analizar la documentación de la causa. Por su parte, el juzgado elevará hoy la denuncia que Alderete hizo anteayer contra el Gobierno. Bagnasco ordenó separar esa parte de su declaración para que la Cámara Federal sortee la denuncia y otro juez decida si la acusación es lo suficientemente sólida como para iniciar una demanda contra las nuevas autoridades del PAMI. Alderete aseguró que la intervención de la obra social de los jubilados prorrogó contratos con los mismos prestadores denunciados por actos de corrupción. Y acusó al Gobierno de haber autorizado por decreto la contratación de asesoramiento jurídico externo para los juicios de PAMI. Durante su indagatoria el ex funcionario se quejó de que cuando Bagnasco lo procesó en otra causa sostuvo que existían organismos internos del PAMI que hacían innecesarias las auditorías de consultoras contratadas y �según él� el Gobierno actual está haciendo lo mismo. El ex funcionario concurrió ayer al despacho del juez federal Adolfo Bagnasco sólo para prestar su consentimiento al planteo que hicieron sus abogados y volvió a su encierro en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería. Estuvo sólo media hora en los tribunales, vestido de traje azul, corbata al tono y camisa blanca con chaleco de lana, siempre custodiado por efectivos de Gendarmería. Ya lleva alrededor de 10 horas de indagatoria, aunque todavía no comenzó el análisis de los cinco contratos cuya firma se le cuestiona. Mientras tanto, sus defensores estudian las pruebas acumuladas en ocho cajas que están guardadas en la oficina de la secretaria del juez federal Adolfo Bagnasco, Olga Chaves. �El Gobierno ha descubierto que el caso Alderete es redituable�, aseguró ayer Arslanian y denunció que �los jueces sienten el aliento del Gobierno en la nuca�. También acusó a la Oficina Anticorrupción de estar �permanentemente asediando� al juez Bagnasco. Cuando fue consultado sobre si los jueces le habían confiado ello, contestó: �Claro, todos los jueces se sienten presionados, hay una demanda fortísima de toma de decisión en un sentido determinado�. El letrado dijo que en la detención de su cliente, el pasado viernes 16, �se buscaba una foto que en realidad no pudo ser: un Alderete esposado y se hizo toda una cosa de prensa con la intención de hacer pasar a Alderete como un prófugo�. Arslanian no dudó en buscar apoyo entre los senadores justicialistas y el miércoles pasado obtuvo la aprobación de un proyecto de declaración por el cual la Cámara alta expresó su preocupación �por la utilización de la Justicia como instrumento de persecución�. El vicepresidente Carlos Alvarez advirtió ayer que las investigaciones a funcionarios del gobierno de Carlos Menem �no terminaron� con la detención de Alderete. �Hay que decirle a la sociedad que no cerramos el capítulo de que esta situación quede impune�, advirtió Alvarez en diálogo con Radio Mitre. Recordó que la Oficina Anticorrupción �tiene más de diez causas presentadas en la Justicia� y que, por lo tanto, �son varios los funcionarios que están investigándose�. Explicó que la investigación de presuntos hechos de corrupción en el pasado es �un proceso que lleva su tiempo� y además recordó que �estamos trabajando con una justicia heredada�.
GARCIA SOLA DENUNCIADO POR LA OA Por Laura Vales El ex ministro de Educación Manuel García Solá gastó más de 850 mil pesos en cinco encuestas cuya utilidad es un misterio. Los sondeos de opinión fueron encargados a través de contratos irregulares. Algunos se pidieron -y pagaron� invocando �razones de emergencia�, pero no hay registro de que después de tanto apuro se hayan recibido sus resultados. El Ministerio llegó a pedir a la vez a la misma consultora dos trabajos con idéntico objetivo. Esta es, básicamente, la denuncia que la Oficina Anticorrupción elevó a la Justicia federal contra el ex ministro de Educación de Carlos Menem, a quien acusó de negociaciones incompatibles con la función pública.
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