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 Los paramilitares han puesto en jaque el proceso de paz: si los negociadores oficiales no actúan �seriamente y comprometidos con la defensa y preservación de los legítimos derechos de los nacionales� �según el criterio de esta organización armada ultraderechista�, no dejarán en libertad a Guillermo Valencia Cossio, político antioqueño, al que secuestraron el pasado lunes en Medellín. El retenido es hermano de Fabio Valencia Cossio, ex presidente del Senado, negociador ante las FARC y una de las fichas claves del presidente Andrés Pastrana.Según Carlos Castaño, el más temido y poderoso jefe paramilitar del país, Fabio Valencia se ha entregado a las FARC y en su reciente intervención en un foro de paz en Alcalá de Henares (Madrid) junto al portavoz de las FARC Raúl Reyes, �engañó a la comunidad internacional� con frases como �las FARC no son narcotraficantes, los enemigos de la paz sí lo son�. Castaño leyó por la radio, en tono desafiante, el comunicado en el cual reconoce la autoría del secuestro. Según él existe el �inadmisible� plan de unión gobierno-FARC �contra quienes hemos combatido a la guerrilla en Colombia�. Aclara que no pretenden la renuncia de Valencia Cossio, �tampoco obstaculizar el proceso de paz�, pero sí �evitar la continua y progresiva entrega del país a la guerrilla�. Al final solicita a Valencia un informe público de los logros obtenidos durante los 20 meses de negociación confrontados con las concesiones hechas a las FARC para que los colombianos �hagan su propio balance�. De inmediato, los negociadores oficiales rechazaron la que consideran como una amenaza a su labor. �Presentar un informe sería convertirnos en rehenes de las autodefensas�, dijo Luis Guillermo Giraldo. �Es un duro golpe; un hecho grave�, dijo otro de ellos, Alfonso López, al ingresar al palacio de gobierno a donde fueron convocados de manera urgente. �No se puede dar razón a quien ponga el arma del secuestro en la cabeza�, dijo monseñor Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal, al rechazar este chantaje paramilitar. Hace apenas una semana la Iglesia alertó al país sobre la arremetida de estos grupos y la consolidación de su proyecto en el sur de la provincia de Bolívar, donde están creando un paraestado. El gobierno reaccionó con dureza, por lo menos en la retórica. Un comunicado oficial calificó el secuestro como un �ataque frontal contra el Estado y sus instituciones� y advirtió que su política de paz �nunca se subordinará a lo que pretenden imponer organizaciones armadas al margen de la ley�. Posteriormente, el gubernamental Partido Conservador de Colombia ofreció en un comunicado su mediación para obtener la �inmediata� liberación del diputado. El comunicado conservador también �rechaza la retención como instrumento de acción política, pues no es con el secuestro como se defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni se contribuye a la reconciliación nacional�. El secuestro de Valencia termina de poner de manifiesto la profunda crisis en que se encuentra la negociación de paz y el proceso de desintegración en que está el país, que ya dispone de una extensa porción del territorio en manos de las FARC y enclaves más pequeños, pero no menos importantes, en poder de la guerrilla del ELN y de los paramilitares. A lo que se agregan los vínculos de éstos con los militares y los terratenientes.
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