Por Diego Schurman
 La Justicia suspendió ayer la reducción salarial dispuesta por el Gobierno para los trabajadores del sector público. Un juez laboral dio lugar a las medidas de amparo presentadas por todo el arco sindical y fundamentándose en el �carácter alimentario de las remuneraciones� recortadas. La resolución fue festejada por los representantes gremiales, que ya preparan nuevas presentaciones para evitar que las obras sociales sindicales compitan con las empresas de medicina prepaga. El Gobierno apelará la medida en las próximas horas y con eso suspenderá su aplicación. Ayer mismo el ministro de Economía, José Luis Machinea, calificó de �publicitaria� a la sentencia y anunció que se seguirá adelante con los descuentos.
El fallo del juez laboral Miguel Angel Pirolo prohibió la modificación de las remuneraciones correspondientes a junio del 2000 hasta que se analice la cuestión de fondo. Es decir, si el decreto que dispuso la poda es o no es inconstitucional. �Las necesidades personales y familiares que normalmente se cubren con los salarios se mantendrán vigentes durante el tiempo que insuma la tramitación de este pleito�, dice el texto que los gremio se preocuparon en difundir.
El plan de ajuste que dio a conocer el Gobierno dispuso una poda salarial del 12 por ciento para aquellos estatales que ganan más de 1000 pesos y del 15 por ciento para los de más de 6500 pesos. El fallo se suma a otro de la jueza Silvia Barrionuevo a partir de un recurso de amparo presentado por una empleada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Todo el arco gremial festejó la medida. Para Hugo Moyano, líder de la CGT rebelde, se trató de un �triunfo de la Constitución�. Para Rodolfo Daer, jefe de la CGT oficial, �con el fallo de la Justicia y los antecedentes de la Cámara de Senadores, el Gobierno no puede bajar los salarios porque eso sería inconstitucional�.
El juez Pirolo no hizo lugar únicamente al amparo impulsado por la Asociación Bancaria y el resto de sindicatos que integran Frente de Gremios Estatales. También respondió a una presentación de un grupo de abogados de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en representación de cuatro gremios de ese nucleamiento: estatales (ATE), personal jerárquico ferroviario (Apedefa), personal aeronáutico (APA) y de prensa (Utpba).
En medio de los festejos, desde las dos CGT reconocieron que se está avanzando en la confección de otro amparo judicial, pero contra el decreto que dispuso ampliar la desregulación del sistema de salud. El objetivo de los dirigentes gremiales es que las obras sociales sindicales no compitan con las empresas de medicina prepaga.
El tema fue conversado por representantes de las dos CGT en un encuentro del que participaron Luis Barrionuevo y Rubén Pereyra en nombre del sector oficialista, y Hugo Moyano, Omar Viviani, Juan Manuel Palacios y Jorge Venegas por los rebeldes. La reunión sirvió también para medir las posibilidades de unificar la CGT en el mediano plazo, una tarea que a la luz de las conversaciones aparece dificultosa.
En medio de la algarabía sindical, fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Página/12 que en las próximas horas el Gobierno apelará el fallo de primera instancia. Esa responsabilidad quedará en manos del procurador general del Tesoro, Ernesto Marcer, que tiene plazo legal hasta el próximo lunes. De acuerdo con la evaluación oficial, es casi seguro que la próxima semana se vuelva al estado de situación anterior al fallo dado a conocer ayer.
Al margen de la evolución de la batalla legal, el sindicalismo continuará trabajando para consensuar un plan económico alternativo. Motorizado por la Pastoral Social de la Iglesia Católica, el próximo 9 de julio habrá un encuentro entre representantes de diversos sectoresproductivos. La CGT oficial y la CGT rebelde estarán presentes en esa cumbre. La CTA que conduce Víctor De Gennaro aún no confirmó su presencia. Pero hoy hará conocer su posición política y gremial en el congreso que la agrupación celebrará en la Federación Nacional de Box.
SENTENCIA a favor de GREMIALISTAS
Una condena anulada
Por A. M.
La Cámara de Casación Penal anuló ayer un fallo que en primera instancia había condenado a cinco meses de prisión a dos dirigentes sociales de Comodoro Rivadavia que, en 1997, cortaron la ruta nacional de acceso a esa ciudad en reclamo de mejoras laborales y puestos de trabajo. La decisión dictada por la Sala IV del máximo tribunal criminal favoreció al dirigente vecinalista Miguel Gatti y al secretario general de la delegación local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Walter Natera, quienes ahora podrían ser absueltos o juzgados en un nuevo juicio.
�Sentimos una gran alegría pero no sólo por nosotros sino por los 2500 procesados por protestar que hay en el país y por los 8 de nuestra ciudad�, le dijo Gatti a Página/12. Y agregó que el fallo �es un precedente para frenar la judicialización de la protesta social�. El dirigente recordó que aquel 14 de agosto de 1997 �salimos a cortar la Ruta Nacional 3 en contra de la desocupación� y aseguró que ahora la situación es peor porque las autoridades de las provincias del sur impiden las migraciones internas de los trabajadores que buscan empleo.
En la sentencia, la Cámara resolvió rechazar el fallo de primera instancia por �deficiencias estructurales que conllevan a su anulación�. Argumentó además que el juez Ricardo Napolitani, quien estuvo a cargo del juicio oral y público, �consideró la prueba de la causa en forma fragmentaria y contradictoria, incurriendo en omisiones y falencias respecto de la verificación de los hechos�. Los camaristas consideraron que el juez Napolitani no describió correctamente la conducta de los dos dirigentes e hizo una imputación genérica. La resolución firmada por los jueces Amelia Berraz de Vidal, Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia dejó sin efecto el fallo que había condenado a los dos dirigentes chubutenses como coautores del delito de �entorpecimiento del transporte por tierra�, en base al artículo 194 del Código Penal. Al respecto Gatti señaló que �es una norma de la época de (Juan Carlos) Onganía que los diputados no han tocado porque la necesitan para parar al pueblo cuando sale a la calle�.
La sentencia se leyó ayer al mediodía en los tribunales federales de Retiro. Un grupo de trabajadores de ATE apostados frente al edificio de Comodoro Py 2002 negaron ser �piqueteros de rutas� y argumentaron que sus demostraciones responden a una �cuestión de dignidad�. Natera había dicho que se encadenaría frente a los Tribunales si la resolución era desfavorable. No hizo falta llegar a tanto.
LO INDAGAN EN OTRA CAUSA Y LE RECHAZAN RECUSACION
Dos malas nuevas para Alderete
Por A.M.
La sala I de la Cámara Federal porteña rechazó ayer la recusación que había planteado Víctor Alderete contra los integrantes de la sala I, a quienes acusó de �prejuzgamiento�. De esa manera, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi señalaron que no corresponde que sus colegas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani se aparten de la causa que llevó al ex funcionario tras las rejas, tal como lo pretendían sus defensores León Arslanian y Carlos Beraldi. Por otra parte, el juez federal Gabriel Cavallo lo llamó a indagatoria en otro caso.
Alderete será interrogado el 3 de julio por presuntas irregularidades en un convenio con la Federación Argentina de Cámaras de Asociaciones Psiquiátricas (Facap). El ex presidente del PAMI está acusado de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de 1998 por la diputada radical Elisa Carrió y otros legisladores de la Alianza. En relación con la recusación de la sala I, Cattani, Luraschi e Irurzun afirmaron en su resolución que sus integrantes �no incurrieron en prejuzgamiento� por más que un matutino haya anticipado una resolución que se iba a adoptar. Los magistrados se basaron en un fallo de la Corte Suprema que había afirmado que �la alegada difusión en el medio de prensa del sentido en que se orientarían votos de los jueces recusados no significa prejuzgamiento�. Según los camaristas, una conclusión distinta podría llevar a que los jueces fuesen separados de la causa �a partir de especulaciones periodísticas o de maniobras de terceros reflejadas en un medio de comunicación social�. Una fuente judicial comentó a este diario que los camaristas tuvieron la intención de preservar la labor de la prensa para que no fuera utilizada para recusar magistrados en casos resonantes. Y recordó que Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani tuvieron el mismo criterio cuando los recusados fueron los de la sala II en el caso de la venta ilegal de armas. Pero tardaron varios meses en resolver la cuestión mientras que ahora Cattani, Irurzun y Luraschi lo hicieron en una semana.
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