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El juez Literas viaja hacia España
para dialogar con Baltasar Garzón

El magistrado argentino tratará de aclarar ante su colega español los enredos surgidos tras el pedido de detención de 48 represores.

El juez Literas explicó su propósito a los organismos.
Está molesto �por declaraciones de funcionarios públicos�.


Por Victoria Ginzberg

t.gif (862 bytes) El juez Gustavo Literas aseguró en una reunión con miembros de organismos de derechos humanos que está molesto por �las declaraciones de algunos funcionarios públicos�, quienes le atribuyeron expresiones que nunca dijo y acciones que no realizó en relación con el pedido de su par español Baltasar Garzón para que detenga a 48 represores argentinos. Literas anunció a sus interlocutores, entre los que había dos parlamentarios europeos, que viajará personalmente a Madrid para entrevistarse a título �inoficioso� con Garzón y así aclarar una serie de enredos que se produjeron en la causa. 
El juez se calzó los anteojos de ver de cerca y se acercó al papel. Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, estaba leyendo el último escrito de Garzón �fechado el 2 de junio� en el que el magistrado español se queja de la falta de colaboración del Gobierno y de la Justicia argentina. 
�Me imagino que usted ya lo conoce �le dijo Calvo, sorprendida por el gesto.
�No �respondió el juez. 
�Si quiere, le dejamos una copia �intercedió con buena voluntad Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
En el papel que Literas no conocía �si no leyó este diario el domingo 7 de junio�, Garzón intimó al Gobierno para que defina si va a dejar actuar a la Justicia o si va a aplicar el decreto menemista que negó toda colaboración a su investigación. En el documento también se pide que se informe a Literas que Garzón reclamó los documentos enviados a Argentina �para evitar su pérdida� sólo después de que el Gobierno indicara que lo había devuelto. Este escrito nunca llegó a Literas. En el Ministerio de Justicia dicen que tampoco llegó al país. El documento que sí arribó a Buenos Aires hace tiempo es la orden de detención y el auto de procesamiento contra 48 represores argentinos. Pero Cancillería nunca los entregó al juez para que éste decidiera si procedía a arrestar a los acusados. 
En la reunión que se realizó ayer en el despacho de Literas, los diputados europeos Camilo Nogueira y Pedro Marcet manifestaron su preocupación por las dilaciones sufridas por el trámite iniciado por Garzón, informaron que en el Parlamento europeo se sigue este tema con mucha atención y manifestaron que ellos mismos plantearían el problema al presidente Fernando de la Rúa en un encuentro que se realizará hoy. 
Los representantes de las agrupaciones de derechos humanos volvieron a solicitar al juez que proceda a arrestar a los represores con los papeles que recibió a través de Interpol a principios de año. 
Luego de escuchar las peticiones, Literas hizo un silencio y anunció que viajará a España. Expresó, además, su enojo con los �funcionarios� �es decir con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, quien públicamente dijo que Literas había rechazado el pedido de Garzón� e insistió en que acciones para conseguir los documentos que llegaron a Cancillería fueron infructuosas. El magistrado, además, hizo alusión a la causa iniciada por las agrupaciones de derechos humanos contra Gil Lavedra, el ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, y el director de Asuntos Jurídicos de Cancillería, Mariano Maciel, por sus actuaciones en este tema (ver aparte). 


Demanda contra el canciller

�Existen bases objetivamente reales y suficientes para considerar pertinente y viable el impulso de la acción penal tendiente a investigar los hechos denunciados.� Con estas palabras la jueza María Servini de Cubría aceptó una demanda contra el ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini; el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, y el director de Asuntos Jurídicos de Cancillería, Mariano Maciel. Giavarini y Maciel fueron acusados por tres organismos de derechos humanos por haber obstaculizado el trámite para detener a 48 represores argentinos, iniciado por el juez Baltasar Garzón. Gil Lavedra, por el ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo. El fiscal Carlos Stornelli había desestimado la denuncia. 

 

 

Recurso de los presos por Tablada
Revisión de la condena

Los abogados de los presos por el copamiento a La Tablada pidieron la revisión de la sentencia del caso a la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. La solicitud se basó en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el tema y en el pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso de Enrique Gorriarán Merlo y Ana María Sívori, a quienes el año pasado se les concedió el recurso de Casación. Si el tribunal acepta examinar la condena, la mayoría de los detenidos saldría en libertad. 
Aun si la Cámara de Casación se manifiesta en contra de la cuestión de fondo y confirma la condena dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en octubre de 1989, los presos de La Tablada quedarían en libertad. Los detenidos pasarían a ser procesados y podrían beneficiarse con la ley del dos por uno (que computa dos días de prisión por cada uno sin sentencia firme) y así salir de prisión. La decisión, ahora, está en manos de los jueces de la Cámara de Casación.
�La sentencia deviene sustancialmente injusta, toda vez que se ha cercenado la garantía de la doble instancia consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos� e incorporada a la Constitución Nacional, escribieron los abogados en su presentación. Y agregaron que, por eso, �debe declararse su anulación�. Los presos de la Tablada fueron juzgados bajo la ley de Defensa de la Democracia, lo que impidió que la condena fuera revisada por un tribunal superior.
El proyecto de ley del diputado frepasista Torres Molina para modificar esta norma se trabó ayer en Diputados. A la oposición del bloque peronista se sumó la resistencia de algunos legisladores radicales, entre ellos, René Balestra, quien se negó a firmar el proyecto y, como presidente de la comisión de Justicia, impidió que el despacho pudiera llegar al recinto.
�El gobierno de Alfonsín ordenó el fusilamiento, la tortura, las desapariciones y la prisión de los integrantes del MTP que incursionaron en el cuartel de La Tablada. Exigimos la inmediata libertad de todos los prisioneros políticos�, reclamaron las autoridades de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo �Hebe Bonafini, Vicente Zito Lema y Sergio Schoklender� mediante un comunicado. 
Sergio Paz y Carlos Motto, dos de los detenidos que están en huelga de hambre desde hace 25 días, presentaron ayer un libro de poemas de su autoría en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos. Paz y Motto fueron trasladados, con autorización judicial, por el Servicio Penitenciario Federal. 

 

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