 La conducta del juez federal de La Plata, Ricardo Ferrer, denunciado por presunta extorsión a una empresa periodística, comenzó a ser analizada ayer por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El cuerpo inició la instrucción de la causa después de ver un video que registra entrevistas entre el juez, un abogado que habría actuado como mediador y un representante de Torneos y Competencias, la empresa denunciante que, para hacer honor a su rutina de coberturas deportivas, ofreció un �compacto� con los tramos decisivos de esos encuentros. El consejo decidió solicitar una ampliación de la prueba antes de adoptar una resolución. No obstante, según trascendió, existirían elementos para suponer que existió, al menos, �mal desempeño de la función�, causal suficiente como para pedir el juicio político del magistrado.
Según la denuncia de TyC, Ferrer habría pedido a través de un intermediario la suma de 470 mil dólares para emitir una resolución favorable en una causa en la que se debate la exclusividad en la transmisión de los partidos de la Selección Nacional de fútbol. La demanda había sido presentada por una asociación de consumidores y el juez, en primera instancia, había rechazado la exclusividad en las transmisiones. Según el director de Asuntos Legales de TyC, Javier Ordóñez, el abogado Luis Faynbloch se ofreció como mediador entre el juez y la empresa para revertir esa situación, trámite por el que habría exigido la mencionada suma, a pagar en cuotas.
El caso se conoció el miércoles, a partir de su publicación en un diario porteño. Ese día, el juez Ferrer negó haber mantenido conversaciones con representantes de la empresa. Pero un día después lo admitió. No pudo luchar contra las evidencias: en un tramo de las cinco horas de grabaciones de video, se lo ve al juez dialogando con Ordóñez en el estudio de Faynbloch.
�Si un juez aparece en un estudio particular hablando con una de las partes de un juicio y proponiéndole los pasos más convenientes a seguir, está incurriendo, prima facie, en un mal desempeño de su función, que es causal para el inicio de juicio político�, dijo a Página/12 una fuente cercana a la investigación.
El Consejo de la Magistratura inició la investigación de oficio, ante la repercusión de la denuncia. Pero ésta no es la única pesquisa que debe afrontar Ferrer. El juez federal porteño Carlos Liporaci tiene en su despacho la denuncia por extorsión realizada por TyC, mientras que la Cámara Federal de La Plata inició un sumario para �esclarecer los hechos� denunciados. Las conversaciones fueron registradas por una cámara oculta operada por la firma Holder Associates y los videos fueron controlados y certificados por un escribano público.
Esas cintas originales fueron pedidas ayer por el Consejo de la Magistratura, según informó a este diario el titular de la Comisión de Acusación, el diputado Pablo Fernández (Frepaso). También se citó para el próximo martes al representante de TyC, Javier Ordóñez, para que amplíe su denuncia ante el tribunal. Y se solicitaron las grabaciones de declaraciones que el juez Ferrer hizo en los últimos dos días a tres emisoras radiales. �Por unanimidad, la comisión decidió abrir la instrucción con la mayor celeridad�, agregó el diputado Melchor Cruchaga (UCR). Después de reunir la prueba, el Consejo citará a Ferrer para que haga su descargo, aunque el juez no está obligado a asistir. Recién después podrá ser acusado. Se estima que el trámite no se extenderá más allá de un mes.
El Consejo de la Magistratura también pedirá antecedentes de una causa anterior contra Ferrer. Según se recuerda en medios judiciales de La Plata, en 1995 un ciudadano denunció que un secretario de Ferrer le había pedido una suma de dinero para �arreglar� un expediente. Cuando el fiscal de la causa pidió que se realice una rueda de reconocimiento para identificar al autor, el juez federal de La Plata, Manuel Blanco, decidió archivar la causa, aduciendo que no se podía arrojar una sospecha sobretodo el personal de un juzgado. El fiscal apeló la decisión ante la Cámara Federal. El camarista Leopoldo Schiffrin se pronunció por continuar la investigación, pero sus colegas Román Frondizi y Sergio Bugo avalaron la decisión de Blanco. Ayer, Bugo y Frondizi fueron los dos únicos camaristas que discreparon con la decisión de la Cámara Federal de iniciar una �información sumaria� sobre la conducta de Ferrer.
DECLARACION DE GRACIELA DIESER
�El diablo en la casa�
La esposa del juez penal de Rufino, Carlos Fraticelli, procesada por el crimen de su hija, dijo que �el diablo entró en la habitación de Natalia� la madrugada del homicidio, reveló uno de los médicos forenses que realizó un estudio psiquiátrico a la mujer. El médico Iván Sabev explicó que el estudio psíquico realizado a pocos días del arresto de Graciela Dieser �denotarían en un sentido figurativo una especie de delirio místico�, aunque aún aguarda el examen psicológico que le realizará a la mujer el lunes para profundizar sus conclusiones.
El médico forense, que lleva adelante los estudios por orden del juez de la causa, Carlos Risso, dijo sin embargo que a su criterio Dieser es imputable, es decir que puede ser condenada porque actuó bajo conocimiento de sus actos. El especialista, en su primera entrevista con la esposa del magistrado, concluyó que presentaba trastornos de la personalidad y una �locura razonante�, pero que estaba perfectamente ubicada en tiempo y espacio.
Por eso, fuentes allegadas a la causa consideraron que esa declaración referida �al diablo� podría ser parte de una estrategia de defensa para pasar por inimputable. Los fiscales del caso, Graciela Mastrocésare y Jorge Pozzi, consideraron que está �totalmente descartada la inimputabilidad de Dieser� ya que �comprende perfectamente la criminalidad de sus actos�.
Los fiscales aseguraron además que si no fuera por su condición de magistrado, Carlos Fraticelli ya estaría preso y dijeron que apenas sea destituido pedirán su inmediata detención como presunto coautor del asesinato. Mastrocésare y Pozzi acusaron además al juez de no colaborar con la investigación del homicidio de su hija y de preferir en cambio adoptar una estrategia mediática.
Además, consideraron que cuando al padre de la víctima le quiten los fueros de juez, los vecinos de Rufino �se van a empezar a animar a contar� lo que saben sobre la situación familiar que padecía la adolescente. �Cuando le quiten los fueros, la gente se va a animar a hablar y a decir lo que sabe de esa familia, de cómo eran y cómo era tratada Natalia�, opinaron. Es que, según los acusadores, el pueblo rufinense se siente atemorizado porque el imputado todavía es juez y la investidura para ese tipo de comunidades tiene un valor muy grande.
Con el correr de la investigación, el apoyo que la comunidad dio a los padres de Natalia fue decreciendo. Y eso quedó demostrado con la última marcha que se realizó en Rufino, a la que sólo concurrieron 26 personas. A partir del procesamiento de Dieser, cuando comenzaron a conocerse detalles de las pruebas recolectadas en la causa, el apoyo popular se transformó en descreimiento.
Los fiscales adelantaron que tratarán de �corroborar la hipótesis de que se trató de un homicidio doblemente calificado, no sólo por el vínculo sino también por la premeditación�.
UNA ABOGADA ACUSA A FERRER DE OTRO EPISODIO
�Usted me tiene que dar 500.000�
Por Raul Kollmann
Según la conocida abogada platense Elba Témpera, el juez federal Ricardo Ferrer le habría hecho esta propuesta: �Usted representa a mil empleados retirados. Si yo le fijo mil pesos de honorarios por cada uno, son un millón de pesos. De eso, usted me tiene que dar la mitad, 500.000. No es todo para mí. Un diez por ciento va para mi secretario, otro diez por ciento para el juez Amílcar Vara, la persona que le mandé de intermediaria�. El supuesto intento de coima fue denunciado por Témpera, quien asegura que el magistrado �el mismo que ahora es acusado por Torneos y Competencias� le pidió el dinero para hacer lugar a los amparos que presentó en favor de los empleados retirados de YPF, a los que la empresa adjudicataria había dejado sin obra social.
Siempre según el relato de Témpera, la abogada en un primer momento no supo qué responder y trató de salir de la sorpresa.
�Mire doctor, yo no trabajo de esta manera. No puedo aceptar �atinó a decir.
�Bueno, lo siento por usted -.concluyó el magistrado.
La abogada señaló que el encuentro con Ferrer se produjo por una gestión del destituido juez Vara. Para Témpera la actuación de Ferrer fue sospechosa desde el principio. YPF ya había sido privatizada y por lo tanto no se trataba de una cuestión federal. Pero Ferrer .-que es juez federal� se declaró competente y quiso retener la causa �seguramente porque esperaba quedarse con esos 500.000 pesos�, acusa hoy Témpera.
�Después de aquella conversación, los amparos fueron rechazados uno a uno, a diferencia de lo ocurrido en la justicia ordinaria, que aceptó exactamente el mismo reclamo en el caso de seis retirados de YPF�, se lamenta la letrada.
�¿Por qué no hizo la denuncia? -.preguntó este diario.
�Porque no tenía prueba alguna. Era imposible de sostener.
El supuesto pedido de coima del juez Ferrer no sólo tiene gravedad en sí mismo, sino que produjo una situación dramática. Los empleados retirados de YPF eran en gran medida personas muy mayores y algunos de ellos estaban internados en hospitales y geriátricos. La decisión de quitarles la obra social de YPF -.avalada por el juez Ferrer.- significó que esas personas tuvieran que pasar al PAMI, que por entonces, en 1995, tenía buena parte de los servicios cortados. El hecho es que los abuelos fueron sacados de hospitales y geriátricos e incluso se produjo la muerte de varios de ellos.
En diálogo con Página/12, Témpera recordó que todo fue tan dramático que motivó una denuncia penal contra directivos de YPF por abandono de personas e incluso una presentación ante Amnistía Internacional.
Ayer, la letrada fue convocada por el Consejo de la Magistratura para que testimoniase en el proceso iniciado contra Ferrer. Témpera entregará hoy mismo o a más tardar el lunes un escrito en el que detalla su denuncia y las tremendas consecuencias que tuvo sobre la vida y la muerte de unos mil empleados retirados de YPF.
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