Página/12

EL PARO DE 48 HORAS EN PARAGUAY COMENZO CON VIOLENCIA
Un gobierno sin votos pero con botas

Ayer, los principales sindicatos paraguayos iniciaron una huelga nacional por 48 horas en protesta por el proyecto de ley del gobierno para privatizar el grueso de las empresas estatales.


Uno de los dirigentes sindicales mientras es detenido por la policía. Más de 4000 efectivos antimotines ocuparon las calles de Asunción y del país.

En Paraguay, todo incidente público resulta sospechoso. La huelga general de 48 horas que ayer comenzó violentamente no escapa a esa ley. Como siempre que hay un paro, sus organizadores �sindicatos y organizaciones campesinas de Paraguay� dispararon que �el acatamiento es del 99 por ciento a pesar de la acción criminal de la policía�, a lo que el gobierno del presidente colorado y argañista José Luis Macchi dio la tradicional contrarrespuesta de que fue �un fracaso�. El reclamo de los huelguistas es por el proyecto oficial, conocido como �vía rápida�, para privatizar el grueso de los organismos estatales en los que está anclado el poder gremial. Lo extraño es que uno de los focos de apoyo oviedista y feroz opositor al gobierno, el diario ABC Color de Asunción, salió a atacar la medida de fuerza como �inmoral, impopular y contraria al interés general�.
Decenas de heridos y detenidos fue el resultado de la paralización de actividades, que se sintió especialmente en la capital paraguaya y en Ciudad del Este, paraíso del comercio negro que amaneció y anocheció con los negocios cerrados. Percio Duarte, secretario general de la Unión Sindical del Transporte, denunció que �cinco trabajadores fueron detenidos y llevados como perros no sabemos a qué comisaría�, y que otros 20 fueron internados con heridas y �traumatismos de cráneo� después de que se enfrentaran con la policía que desde la madrugada patrullaba las calles.
Abilio Ortega, empresario del transporte, los calificó de �terroristas� al denunciar la destrucción de varios colectivos en la madrugada del jueves. En ese sentido, el presidente González Macchi ordenó que camiones del Ejército y autos de la policía se encargaran del traslado de los pasajeros. El gobierno dispuso además que 4000 efectivos estuvieran en constante circulación junto a vehículos y tropas militares, apostados especialmente para la ocasión en �puntos estratégicos de la capital�. Los policías antimotines, apoyados por la policía montada, chocaron con unos 500 trabajadores en la calle Ultima, que separa Asunción de la vecina Fernando de la Mora, con carros de agua, patadas y gases lacrimógenos. Los incidentes se repitieron en los alrededores de la terminal de ómnibus, sobre la avenida Artigas (por la que se accede a Asunción desde el norte) y en Cuatro Mojones, un cruce de avenidas que concentra gran parte del tráfico de la capital.
El paro de ayer y hoy se da en el marco de una huelga general de 30 días convocada el miércoles por los trabajadores de la telefónica estatal para exigir que el gobierno retire su proyecto de privatizaciones, que ya cuenta con media sanción del Senado y que está demorado en la Cámara baja. A los trabajadores de Antelco se sumaron los de la distribuidora estatal de petróleos (Petropar) y de la compañía del servicio de agua (Corposana). Todos ellos están en camino a caer en manos privadas gracias a la ley que permitiría al Ejecutivo transferir las empresas sin control del Congreso.
El programa es parte de un paquete de ajuste con el cual el gobierno intenta reducir el déficit fiscal de 200 millones de dólares anuales, que le daría acceso a un crédito de 400 millones prometido por el Banco Mundial y condicionado a que el Fondo Monetario Internacional avale la política económica del presidente Macchi. Sin embargo, los sindicalistas desconfían de una maniobra realizada �por un gobierno que no fue elegido por el pueblo�. �Estamos en contra porque se trata de un proyecto completamente irracional que no tiene otro objetivo que encubrir fraudes y estafas�, aclaró Hugo González, jefe del sindicato de Corposana.
Al mediodía, el ministro del Interior, Walter Bower, los acusó de tomar �una actitud extrema, atacar a la policía y provocar una reacción violenta en la que es difícil administrar la fuerza�. Contradiciendo cualquier pronóstico, el diario pro-oviedista ABC coincidió en que �el acatamiento a la huelga, por su falta de oportunidad y ausencia de motivos válidos, con seguridad resultará muy parcial y muy impopular�. Teniendo en cuenta que ambos bandos (oviedistas y argañistas; gobierno y seguidores del ex general Oviedo, detenido en Brasil) son enemigos a matar o morir, la unanimidad de la condena obliga, como mínimo, a tomarla con sospecha.

IMPUNIDAD Y DESAPARECIDOS EN CHILE
Una de cal, otra de arena

El miércoles, el parlamento chileno aprobó rápidamente un proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas proporcionar información sobre los desaparecidos sin que se conozcan sus fuentes. Esa ley es la piedra angular del acuerdo logrado la semana pasada por la �Mesa de Diálogo� (formada por militares y abogados de derechos humanos). La gran pregunta ahora es sobre su efecto en las causas ya abiertas contra militares. Una señal desalentadora ayer fue la liberación bajo fianza del brigadier retirado Pedro Espinoza, el segundo de la DINA, la policía política de Pinochet. Su abogado destacó que su liberación seguía al principio enunciado por el acuerdo de la Mesa de Diálogo; es decir, dar información no conlleva la prisión. Por otra parte, un mayor retirado fue arrestado ayer en relación al asesinato en 1982 del sindicalista Tucapel Jiménez.
Actualmente, sin embargo, la atención está centrada actualmente en los casos previos a 1978. Es que la Ley de Amnistía chilena impide que se procese a militares por crímenes cometidos antes de 1979. Hasta ahora el juez Juan Guzmán Tapia logró eludir ese obstáculo al considerar las desapariciones como �secuestros agravados�, ya que no se encontraron los cuerpos. Pero si se conociera el destino final de las víctimas, entonces podría aplicarse la amnistía. Es por eso que las agrupaciones de familiares se opusieron duramente al acuerdo. Y también explica el motivo por el que la asociación de generales retirados respaldó ayer con tanta rapidez el acuerdo de la semana pasada.
El encargado de transmitirles lo acordado fue Juan Carlos Salgado, el mismo que representó a los uniformados en la Mesa de Diálogo. Antes de entrar, Salgado enfatizó que �queremos mantener la reserva (de las fuentes de información) en los términos más absolutos posibles�. Los generales y almirantes retirados estuvieron completamente de acuerdo. Durante una bastante corta reunión expresaron su completo respaldo al plan acordado en la Mesa de Diálogo. Acto seguido, el titular de la asociación, Fernando Paredes, manifestó a los medios �nuestra firme voluntad de colaborar para que las iniciativas propuestas permitan alcanzar los objetivos trazados y poner fin así a un problema que afecta nuestra convivencia nacional�.
Con esto en mente, el asesinato de Tucapel Jiménez podría convertirse en una de las pocas instancias por las que se podrá a procesar militares retirados luego de que se descubra lo sucedido con los desaparecidos. Aún en este caso, sin embargo, no todas las noticias son favorables. Es cierto que ayer detuvieron al mayor retirado Juan Carlos Arriagada, acusado de proporcionar las armas con las que se asesinó a Jiménez. Pero unos días antes el juez a cargo de la investigación, Sergio Muñoz, había ordenado la liberación de siete sospechosos, incluyendo a cinco ex agentes de inteligencia.

PRINCIPAL