Por Fernando Almirón
 Un fallo judicial declaró ayer la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo por el que se estableció un recorte que va del 12 al 15 por ciento en los sueldos estatales superiores a los mil pesos. A diferencia de otros dos pronunciamientos de la Justicia en torno del plan de ajuste del Estado �el del juez Miguel Angel Pirolo a favor de suspender cautelarmente los decretos, y el que ayer mismo firmó el magistrado Sergio Fernández avalando provisoriamente la vigencia de éstos�, el juez laboral Enrique Arias Gibert dictaminó sobre el fondo de la cuestión al considerar anticonstitucional la reducción de los salarios que afecta a 140 mil empleados del Estado. La sentencia representa un nuevo golpe al ajuste dispuesto por Fernando de la Rúa que ya debió soportar un contundente paro general, fisuras entre los legisladores aliancistas y la dura ofensiva de senadores y diputados del justicialismo que abrieron el hueco por el cual ahora se filtró este nuevo fallo que pone en duda la legitimidad de las medidas.
Si bien la decisión de Arias Gibert �a cargo del juzgado de Primera Instancia Laboral Nº 67� sólo beneficia a Susana Devita, una empleada de la Anses que promovió la acción de amparo, la sentencia instala un inquietante antecedente para los hombres del Gobierno.
El magistrado avanzó sobre las interpretaciones constitucionales que se hicieron sobre la legalidad de la reducción salarial, las que ya habían sido mencionadas como �el fondo de la cuestión� por otros dos jueces quienes de todos modos optaron por resoluciones cautelares enfrentadas.
El jueves, mientras en Diputados se debatía el destino del proyecto de ley de derogación de los decretos que dispone el ajuste �que ya cuenta con media sanción del Senado�, el juez laboral Miguel Angel Pirolo dio lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación Bancaria y otros 19 gremios que rechazan la reducción dispuesta por el Ejecutivo sobre los sueldos estatales. Pirolo, que fundó su fallo �en el carácter alimentario de la remuneraciones�, resolvió suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia 430/00 hasta que se determine la constitucionalidad de éste, �la cuestión de fondo�, según indicó en su fallo. La noticia fue festejada por los dirigentes sindicales agrupados en la CGT que conduce Rodolfo Daer, en la otra CGT que responde a Hugo Moyano y en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que aglutina al personal afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Pero ayer por la tarde el juez en lo Contencioso Administrativo con competencia federal, Sergio Fernández, contradijo lo resuelto por Pirolo. Rechazó una acción de amparo impulsada por María Panighetti, que también pedía suspender el recorte salarial que afectara el sueldo que recibe como empleada pública. De todos modos Fernández dejó su fallo en suspenso hasta que se resuelva �el fondo de la cuestión�, ya se dijo, la constitucionalidad de la medida. Y en este sentido le pidió al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, que le elevara en el plazo de cinco días un informe �acerca de las circunstancias planteadas� para la sanción del decreto 430/2000.
Horas después Arias Gibert fue más allá que sus colegas. Se pronunció sobre la mentada �cuestión de fondo� al declarar la nulidad del decreto de reducción salarial que promulgó el Gobierno al considerar que éste es inconstitucional.
El magistrado fundó su sentencia en la �ilegitimidad de modificar un Convenio Colectivo de Trabajo por decisión unilateral del Poder Administrador; la arbitrariedad del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia; y la falta de razonabilidad de la medida que invoca una doctrina de emergencia�.
�El fallo de Arias Gibert contiene una serie de argumentos irrefutables desde el punto de vista jurídico�, comentó el abogado Eduardo que llamó aconferencia de prensa para comunicar lo resuelto por el juez. El letrado también destacó que el juez entendía que los decretos que establecen una quita de entre un 12 y 15 por ciento en los haberes estatales carecían de valor ya que habían sido derogados por el Senado de la Nación.
Sin embargo el magistrado, consultado por Página/12, sólo se limitó a declarar: �No me pida que tenga conciencia de las consecuencias políticas de mi fallo, porque si pensara en ello estaría cometiendo prevaricato� (incumplimiento de los deberes de funcionario público cometido por un juez). Aunque agregó: �No se puede gobernar sin conciencia jurídica�.
�Es un fallo ultraveloz�, dijo el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, al comentar lo resuelto por el juez Arias Gibert. Según el funcionario, la sentencia �denota una parcialidad notable� ya que �no le dio posibilidad de defensa al Gobierno�. Y que por lo tanto �solicitará ante la Cámara que corresponda la nulidad del fallo�.
Antes de conocer esta última resolución, el presidente Fernando de la Rúa anticipó que el próximo lunes el Gobierno apelará todos los fallos de la Justicia que le ponen freno a la poda salarial en el sector público. Y afirmó que los recortes se aplicarán tal como está previsto.
Si bien se espera una avalancha de presentaciones similares a la que benefició a la empleada de la Anses, tal como prometen impulsar los representantes legales de los gremios estatales, el Ejecutivo intentará accionar sobre cada una de las causas para que éstas inicien un recorrido que concluya en la Suprema Corte de Justicia. El tribunal ya se pronunció a favor de los decretos de necesidad y urgencia promulgados durante la gestión de Carlos Menem por los que también se aplicaron recortes en los sueldos de los empleados públicos.
ECONOMIA NO HARA DESCUENTO DEL MEDIO AGUINALDO
Para no echar leña al fuego
Economía prefirió no echar más leña al fuego en su tortuosa relación con los empleados públicos. Ayer anunció que el ajuste no tocará el medio aguinaldo que se cobra a fin de mes. �Creo que en el aguinaldo no debería haber reducción porque, según la legislación, es el sueldo mayor del semestre y, por lo tanto, debería calcularse sobre los preexistentes�, señaló el ministro José Luis Machinea. La decisión debe interpretarse sólo como un guiño hacia los agentes de la administración pública pero no como una contramarcha del Gobierno en lo que refiere al ajuste. De hecho, pasado mañana el Ejecutivo apelará el fallo del juez Miguel Angel Pirolo, quien ordenó suspender la poda salarial. Según los funcionarios del Palacio de Hacienda, y pese a los fallos judiciales, el recorte se hará efectivo a principios de julio, cuando se cobren los sueldos de este mes (ver aparte).
Como era de esperar, los cuestionamientos al recorte salarial que hicieron algunos jueces provocaron una fuerte reacción por parte del equipo económico. Ayer, los Machi�s Boys salieron a defender la aplicación del ajuste a capa y espada. Incluso, dejaron bien clarito que la única opción posible era bajar salarios o despedir empleados, desechando cualquier otra posibilidad como la de aumentar los aportes patronales de las empresas privatizadas. �En ese sentido, se optó por la medida más equitativa: en un momento donde la tasa de desempleo es muy alta, el esfuerzo debía correr por parte de todos. Por otra parte, quienes han sufrido la reducción salarial son los agentes que ganan más de 1000 pesos. No se afectó a la gente de bajos recursos�, sentenció Mario Vicens, el número dos del Palacio de Hacienda.
Machinea, en tanto, dijo �no entender� la razón que llevó a la Justicia a dictaminar en contra de la medida. �Desde el punto de vista constitucional, no hay ningún elemento que prohíba al Estado recortar los salarios. Ha habido muchos fallos al respecto�, justificó. �La alternativa que teníamos era: o reducíamos personal o bajábamos salarios�, añadió. Desde otro sector del Gobierno, Alberto Flamarique, titular de Trabajo, echó mano al mismo argumento: �Si no se hubiera hecho este decreto, había que preparar listas de despidos en el Estado, porque no hay otra posibilidad de seguir ahorrando en gastos�, apuntó.
En tren de defender el recorte, Vicens sostuvo que éste �se sostiene no sólo por su legalidad sino también por sus fundamentos económicos�. Y admitió que la decisión �requirió una larga discusión en el seno del Gobierno�. En ese sentido, el funcionario reiteró que la poda de sueldos -que le permitirá al Tesoro un ahorro de unos 600 millones de pesos anuales� se justifica ante la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Precisamente, esa es la obsesión del equipo económico, que está atado a cumplir con una meta de déficit fiscal de 4700 millones de pesos para este año.
LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS CONTRA LA QUITA SALARIAL
El ejemplo de la Corte no cundió
Finalmente, seis de los nueve ministros de la Corte Suprema accedieron a bajarse un quince por ciento el sueldo. Todo un guiño al Gobierno, que había �invitado� al Poder Judicial a sumarse al ajuste impuesto por decreto a los empleados públicos. En la acordada que firmaron el presidente del tribunal, Julio Nazareno, y los ministros Eduardo Moliné O� Connor, Carlos Fayt, Gustavo Bossert, Guillermo López y Adolfo Vázquez exhortaron a los jueces �de todas las instancias� e integrantes del Consejo de la Magistratura a sumarse a la poda, pero las resistencias no se hicieron esperar: el Consejo ya había dado su no rotundo y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial rechazó ayer la propuesta.
Los ministros Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano decidieron no firmar la rebaja de sus propios sueldos. Y los seis restantes, que sí aceptaron la invitación del Gobierno, lo hicieron �voluntariamente�, ya que por la �intangibilidad� que fija la Constitución Nacional para sus remuneraciones �y las de los jueces de la Nación� sus salarios no pueden ser recortados.
En el documento que firmaron ayer los ministros subrayan que el Poder Judicial �viene contribuyendo� al objetivo de ahorro en los gastos públicos con �la reducción en el presupuesto de la Nación de las partidas�, pero agrega que �a pesar del sacrificio efectuado sobre la base de las exiguas sumas aprobadas en el presupuesto, las circunstancias imponen a esta Corte la adopción de otras medidas de ahorro�. En ese sentido, los ministros exhortan a los jueces de �todas las instancias� a sumarse a la iniciativa. La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial ya adelantó que rechazará la propuesta. Fuentes de ese organismo confirmaron que ya existe un borrador de ese proyecto de rechazo que será difundido en los próximos días. El argumento de la Asociación, que preside el camarista de Casación Raúl Madueño, será la defensa a rajatabla de la intangibilidad de los salarios de los jueces. �No es un privilegio individual de los jueces, sino una garantía para asegurar la independencia del Poder Judicial�, adelantaron. Por su parte, el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, apoyó la negativa de la Asociación. �El ajuste no hay que aplicarlo a los que viven de un salario, sino a los grandes grupos económicos�, dijo.
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