Legal pero éticamente cuestionable, el hecho de que el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Julio Nazareno, y otros ministros del alto tribunal realicen un uso personal de los vehículos secuestrados a los procesados, tal como informó Página/12 en su edición del pasado lunes, es un tema que además de poner a los cortesanos al borde de la denuncia judicial puede generar un enfrentamiento institucional. El secretario de la Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese, reivindicó ayer la figura del decomiso de bienes, en causas vinculadas con el tráfico de drogas y cuestionó el convenio firmado oportunamente por Alberto Lestelle, que le otorga al Superior Tribunal de Justicia el 50 por ciento del producto de los fondos provenientes de los decomisos judiciales.
No bien arribó de París, donde participó de la reunión de los principales países que luchan contra el lavado de dinero, Cortese criticó el convenio que le permite recibir a la Corte los autos secuestrados en causas por narcotráfico; �yo no lo hubiera firmado�, dijo.
�¿Para qué fin la Corte está autorizada a utilizar los autos secuestrados? �preguntó uno de los cronistas presentes en la rueda de prensa convocada ayer por Cortese.
�Yo, personalmente, creo que no corresponde el uso de un vehículo en el tránsito entre el secuestro y el decomiso. Pero ésta es una interpretación. Nuestra administración no ha dispuesto la utilización de ningún vehículo en comodato, aunque reconozco que otras administraciones sí lo han hecho �fue la respuesta de Cortese.
Que el Poder Judicial tenga en su poder 224 vehículos y que alrededor de 28 de ellos sean utilizados por la Corte Suprema resulta un fuerte contraste con el hecho de que la Secretaría liderada por Cortese no tenga un inventario actualizado de esos bienes. �Hoy no tengo un solo peso generado por los decomisos, y los pocos que se van acumulando por secuestros dinerarios se transfieren a una cuenta del Ministerio de Economía que van quedando inutilizados�, dijo ayer el secretario del Sedronar.
�Este sistema no me sirve. Para que no ocurra lo que estamos analizando hoy, si se usó bien o mal un vehículo, el convenio debe ser reconsiderado�, declaró ayer Cortese. El máximo responsable de la lucha contra la droga sostuvo que el convenio firmado con la Corte no ha sido operativo y que por ese motivo está discutiendo la elaboración de uno nuevo. 
�La elaboración de otro contrato no pasa tanto por la modificación de los porcentajes asignados a la Corte y a esta Secretaría, sino a los modos operativos para que el instituto del decomiso no sea letra muerta en la ley, y no estemos hablando hoy de quién usa los autos secuestrados, sino que estemos refiriéndonos al tema de fondo, que es saber que estos recursos sirven para que los países luchen contra el delito, prevengan las adicciones y recuperen a sus adictos� fue la conclusión que Cortese tuvo del convenio firmado con la Corte.
Anteayer el secretario general de la Corte, Cristian Abritta, desconoció que oficialmente se esté discutiendo una nueva relación contractual con el Sedromar, hecho que fue interpretado por Cortese como producto de la desinformación del funcionario. �Si alguien desconoció el diálogo que tenemos con la Corte es por desconocimiento. Si no es así y no podemos modificarlo, denunciaremos por inequitativo el convenio firmado por Lestelle. La denuncia significa su ilegalidad�, fue la opinión de Cortese.
Aunque lejana, la posibilidad que dos poderes del Estado se enfrenten por la interpretación de normas contradictorias, que son las que le permiten a la Corte utilizar los autos secuestrados, podría traerle al Gobierno conflictos que desea evitar, sobre todo luego de la aparición de fallos de primera instancia que declaran anticonstitucional los decretos de ajuste.

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