Por Adriana Meyer
 La declaración indagatoria de Víctor Alderete va camino a engrosar el libro Guinness. La tercera jornada que se cumplió ayer se caracterizó por las respuestas genéricas del ex funcionario, que les adjudicó a sus antecesores al frente del PAMI y a los delegados del interior la responsabilidad de todos los males que se le endilgan. Sin embargo, como abogado que es, desplegó una detallada argumentación sobre el régimen jurídico del PAMI, insistiendo en que no es un organismo estatal y, por lo tanto, sus fondos no son públicos ni él fue un funcionario público. Además, volvió a atacar a la Oficina Anticorrupción (OA). �Su denuncia es una mera repetición de las que efectuaron los diputados de la oposición en 1999�, disparó.
Según Alderete, los investigadores comandados por el ex juez Massoni -que lo acusaron de liderar una asociación ilícita que defraudó al PAMI y lograron así meterlo preso� �no se han tomado el trabajo de verificar la validez de aquella denuncia�, de los legisladores.
Durante las cinco horas de interrogatorio �interrumpidas sólo para el almuerzo� el juez Adolfo Bagnasco y los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc sólo pudieron abordar el análisis de una de las cinco contrataciones directas que denunció la OA. El 27 de abril de 1997 Alderete firmó un contrato con el Instituto de Macropsicología que daría asesoramiento y realizaría el control técnico médico especializado respecto de las patologías psiquiátricas del PAMI. Esta empresa cobró 20 mil pesos mensuales, más IVA, hasta abril de 1999. Los fiscales le preguntaron por qué convocó a ese instituto si en el PAMI existía la subgerencia de control prestacional, a lo que Alderete respondió que �dado el personal que tenía (la obra social) y el grado de desarrollo requerido, el PAMI no estaba en condiciones de realizar el control�. Y acto seguido reconoció su firma al pie del polémico contrato.
En el arranque, la secretaria Olga Chaves le preguntó quién diagramó el diseño de la nueva organización del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, quién lo aprobó y cuál fue el mecanismo legal implementado. Alderete insistió en el �estado de caos� en que encontró al Instituto y se puso a leer fragmentos de informes de consultorías para ratificar sus argumentos.
Según el imputado, el ex interventor Alberto Abad que lo antecedió en el cargo no debió adoptar los mecanismos de contratación del Estado tales como la licitación pública porque el PAMI es un ente público no estatal. Para tratar de justificar las contrataciones directas que realizó adujo que �de habernos atenido a ese régimen anterior estábamos imposibilitados de hecho de atender la emergencia gravísima del PAMI�. En definitiva, apeló al argumento de siempre: la emergencia justifica la adopción de procedimientos de excepción. �La emergencia permanente, con mayor gravedad en los primeros momentos, es lo que justificaba cada una de las resoluciones que adopté como interventor�, dijo el ex funcionario. Pero el problema es que Alderete se ampara en las leyes y decretos que rigen la vida de la obra social de los jubilados y le otorgaron facultades ilimitadas para obrar de esa manera. Sin embargo, ante una pregunta de su defensor, León Arslanian, Alderete reiteró que �nunca votó en ninguna reunión de directorio� porque �el presidente del Instituto (él mismo) no incidía en las decisiones del directorio�.
Cuando los fiscales le mostraron la primera resolución y le preguntaron cuál era la normativa vigente hasta la adopción de esa medida, respondió que la normativa no tenía cumplimiento en absoluto pero no recordaba cuál era la vigente. Así como mostró destreza para hablar en términos jurídicos, trastabilló con la terminología médica. �En mi paso por la ObraSocial Telefónica había personas internadas con un tratamiento psicopedagógico (sic) durante 20 o 30 años�, aseguró.
Alderete había dicho el martes que el primer día de su gestión, al preguntar sobre el estado económico financiero le dieron una hoja de papel cortado que tenía cuatro o cinco números, pero ayer no pudo dar precisiones sobre quién se la había entregado. El ex compañero de golf de Carlos Menem ya había puesto en evidencia que encontró al PAMI quebrado por las anteriores gestiones menemistas. �No dejaron un peso�, afirmó.
NUEVOS TESTIMONIOS EN LA CAUSA IBM-NACION
Salió seis veces más barato
Por A.M.
El Banco Nación logró informatizarse mejor por un precio seis veces menor al que proponía la empresa IBM en su polémico Proyecto Centenario. A esta conclusión llegó el juez federal Adolfo Bagnasco tras escuchar el testimonio de los gerentes de sistemas de la entidad Juan Carlos Propatto y Carlos Tomsig, quienes aseguraron que con el nuevo proyecto informático que está en plena ejecución pueden procesar 250 mil operaciones por día, mientras que el que ofrecía la Big Blue sólo llegaba a 90 mil. Aquel contrato firmado en 1994 proponía modernizar la entidad por 249 millones, mientras que el banco logró hacerlo sólo por 48.
Los dos funcionarios fueron convocados el miércoles por el juzgado a prestar declaración testimonial para tratar de determinar las diferencias entre los costos del Proyecto Centenario y los del acuerdo transaccional al que llegó el banco con IBM. Ese arreglo fue confirmado por la Corte Suprema en marzo, tras el rechazo de una jueza en lo Contencioso Administrativo y de la Cámara de ese fuero que se habían opuesto a la homologación hasta que no estuviese concluida la causa penal. El acuerdo extrajudicial propuso continuar la informatización del banco por parte de IBM.
Propatto �que era el subgerente general� y Tomsig �que se desempeñaba como gerente departamental� se habían opuesto a la firma del Proyecto Centenario y por eso los alejaron del caso. El primero se negó a renunciar y fue desplazado a la sucursal del Nación en Madrid, mientras que el segundo recaló en la Auditoría de Sucursales que funciona en Palermo. Las nuevas autoridades los repusieron en cargos de la jerarquía que ocupaban antes que estallara el escándalo.
Bagnasco le preguntó a Tomsig cómo llegaron a acordar IBM y el Nación la cifra de 48.170.000 pesos cuando el monto acordado para el Proyecto Centenario era de 249.000.000. El gerente respondió que el banco evaluó lo que le servía de aquella propuesta y estimó que sólo eran de utilidad los elementos que �en conjunto� sumaban ese monto. La Auditoría General de la Nación avaló esa estimación. �Hay que recordar que se partía de la revocación del contrato y se intentaba arribar a un acuerdo que pusiera fin a las controversias judiciales mutuas�, recordó Tomsig en la declaración. De hecho, el banco y la empresa informática comenzaron a litigar poco después del estallido del caso. El Nación hizo una demanda y dejó de pagarle a IBM. La empresa le retrucó con otro juicio por falta de pago. Finalmente, en 1997, se pusieron de acuerdo: el banco había llegado a pagar 82.600.000 pesos, y dado que sólo reconoció 48.170.000 quedó un saldo a su favor de 34.400.000 que está devolviendo en bienes y servicios. Después de seis años, la entidad bancaria más antigua e importante del mercado local desechó todo el software ofrecido por la Big Blue y sólo se quedó con algunos elementos de hardware: el computador central con sus periféricos asociados, el software de base o sistema operativo y el mantenimiento de los equipos. De todos modos, el daño patrimonial que sufrió el Estado por este caso es incalculable. Según el denunciante, el periodista Santiago Pinetta, sería superior a los mil millones.
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