 �Repentinamente empezaron a cerrar a las ocho de la noche la puerta entre la celda y el patio interno con tres candados, y además reforzaron la presencia de guardiacárceles armados.� Adrián Wittenberg, vocero de los presos de La Tablada, denunció un endurecimiento del trato del Servicio Penitenciario hacia Enrique Gorriarán Merlo y Roberto Felicetti, detenidos en la cárcel de Villa Devoto.
�Buscan amedrentarlos cortándoles los movimientos, impidiéndoles que salgan a un patio estrecho y con rejas por techo. Es una represalia contra los que pelean contra condenas injustas haciendo huelga de hambre�, manifestó Wittenberg.
Los detenidos por el ataque al cuartel de La Tablada llevan 26 días en huelga de hambre. Reclaman su libertad en base a un informe de la OEA, en el que se constató que se habían cometido torturas y asesinatos durante la recuperación del cuartel y se solicitó que la sentencia dictada por la Cámara de San Martín fuera revisada. El jueves, los abogados de los presos del MTP presentaron un recurso en ese sentido ante la Cámara de Casación. Esta medida no afectaría a Gorriarán Merlo ni a Ana María Sívori porque sus condenas ya fueron revisadas.
Gorriarán Merlo y Felicetti están en condiciones de aislamiento. Ahora, los líderes del MTP no pueden acceder a su patio �que está enrejado� por la noche. �Les pusieron más guardias, los tratan como si hubieran intentado escaparse�, se quejó Wittenberg, quien reclamó una respuesta al ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. �Supongo que no hay una orden del ministro. Lo interpreto como una provocación del Servicio Penitenciario, pero Gil Lavedra debería explicar esta situación porque es su responsabilidad�, afirmó el vocero de los presos.
Los detenidos de La Tablada unieron el endurecimiento del trato hacia sus líderes con el exagerado operativo de seguridad montado la semana pasada cuando uno de los presos asistió al bautismo de su hijo. A raíz del revuelo causado por los guardianes del Servicio Penitenciario, el padre Antonio Puigjané fue expulsado del Centro Franciscano Argentino, donde daba misa y de esa forma cumplía con su �salida laboral�.
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opinion
Por Rodolfo N. Yanzón* |
| Deteriorar la situación
Tal como venimos haciendo desde hace tiempo, tanto los abogados como los organismos de Derechos Humanos, hemos mantenido distintas gestiones con funcionarios, legisladores y magistrados, buscando soluciones para la libertad de los presos políticos de La Tablada. Entre esas entrevistas tuvimos una con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, con quien hemos conversado acerca de la posibilidad de presentar un recurso de revisión. La funcionaria manifestó su voluntad de interesar al procurador general Nicolás Becerra quien, a su vez, trasladaría la inquietud a los fiscales de la causa (Raúl Pleé y Pablo Quiroga). Ante ello, le expresamos nuestro desacuerdo porque la legislación no admite tal tipo de injerencias de un funcionario político sobre el Ministerio Público y que, de hacerlas, los fiscales se opondrían con derecho.
También le dijimos que la decisión de presentar el recurso de revisión correspondía exclusivamente a los presos, quienes eran los únicos que podían optar por tal iniciativa. Días después y luego de que los presos resolvieran realizar la presentación, le comunicamos a la doctora Conti que íbamos a interponer el recurso, con el espíritu de que el Gobierno observase la buena predisposición de los presos a las medidas legales y judiciales que existan para lograr su libertad.
El día miércoles 21 de junio Diana Conti dijo públicamente que había pedido al procurador Becerra que presentase un recurso de revisión porque los presos no lo hacían. Esta maniobra tuvo dos objetivos: 1) capitalizar la eventual presentación del recurso de revisión, que ya conocía, con el solo fin de aparecer públicamente interesada por la situación de los presos; 2) obligar a los fiscales a decir públicamente que el recurso no prosperará en tales condiciones.
Ante ello y pasados más de veinte días de que los presos políticos se hallan en huelga de hambre, se debe insistir en que la responsabilidad de resolver la situación reside exclusivamente en los tres poderes del Estado argentino.
En cuanto a la doctora Conti, no es la primera vez que interviene para deteriorar una situación que ya es angustiosa.
* Abogado |
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