panorama economico
Por Julio Nudler

$ 7,50 de valor agregado por hora trabajada (y probablemente se lleve, como paga, alrededor de un tercio). Si se compara esa productividad laboral horaria con la de los países de alto desarrollo, la conclusión es elocuente. Algunos datos: el valor agregado por hora trabajada promedia 32,20 dólares en Francia; 30,66 en Estados Unidos; 29,60 en Alemania; 27,12 en Italia; etc. Más que un juicio sobre los trabajadores mismos, estos contundentes números trazan un diagnóstico sobre el conjunto de la economía, su equipamiento, sus métodos de producción, la calidad de gestión y el sistema educativo. 
Cuando una economía como la argentina, cuya productividad pierde 1 a 4 respecto de las potencias industriales, suprime las barreras y se abre a la competencia internacional, le ocurren cosas como la destrucción de sectores íntegros, un salto en la tasa de desocupación y un déficit comercial crónico, que únicamente se atenúa durante las recesiones. Conviene reparar en que las cifras consignadas corresponden a 1999, con lo que incorporan las significativas mejoras de productividad que logró la Argentina durante la década de los 90 (aunque, obviamente, también en los otros países aumentó la productividad, obviedad que frecuentemente se olvida cuando se confía en esa variable como la panacea).
Además de cerrar fábricas, dejar gente en la calle y bajar salarios, los empresarios responden a la necesidad de competir mediante el arbitrio de obligar a sus obreros a trabajar más horas, sea en negro, sea como prolongación de la jornada ordinaria, o con horas extras. Para ello han contado con la colaboración de sucesivos gobiernos, fuera mediante la flexibilización, o por el simple desmontaje de todo control efectivo de las relaciones laborales. No es casual que fuera en 1979 cuando el máximo admisible de horas extras fue elevado de 200 anuales (tope que regía desde 1933) a 320. Con el propicio marco que brindaba la dictadura militar y su ensañamiento represivo con los delegados obreros, el aumento de horas trabajadas era ya entonces la respuesta empresaria a la apertura económica que había implementado José Alfredo Martínez de Hoz.
Ahora el gobierno de la Alianza decidió volver al límite de 200 horas extras anuales, desatando una enfurecida reacción de los economistas que expresan el sentir del establishment. Lo cierto es que el decreto firmado por Chacho Alvarez no es para nada revolucionario. En Brasil y en España el tope es de 90 y 80 horas anuales, respectivamente; en Venezuela e Israel es de 100; en Alemania, de 120; en Francia, de 130. En todo caso, 200 es un número también vigente en varios países (Portugal, Suecia y Noruega, entre ellos), pero una diferencia importante es que el Estado argentino, tanto el nacional como el de la mayoría de las provincias, no tiene ninguna posibilidad de garantizar el respeto de ese máximo. Todo el cuerpo de inspectores con que cuenta el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, está formado por nueve personas.
Aun respetando los topes legales, en la Argentina un empresario puede imponer a sus trabajadores jornadas de 12 horas y semanas de unas 54, 48 de las cuales podrán ser ordinarias. Pero en la realidad puede no haber límite alguno: el asalariado permanecerá hasta que le permitan u ordenen retirarse. Esto ocurre en algunas cadenas de supermercados, donde hay horario de entrada pero no de salida, y nadie puede ser elegido delegado porque ninguno alcanza el año de antigüedad requerido. La vertiginosa rotación se encarga de que no existan comisiones internas. Según datos que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, en la Argentina el promedio de horas trabajadas por año (para 1999) es de 2250, mientras que en Estados Unidos es de 1956, en España 1809, en Italia 1710, en Francia 1656 y en Alemania 1559. Los enterados dicen que Trabajo sólo pone celo en controlar que los empleadores cumplan con los aportes y las contribuciones a la Seguridad Social, y aun así la evasión, incluso en los sectores formales, supera el 50 por ciento. Las mismas horas extras son pagadascomo tales o simplemente consideradas una extensión de la jornada normal. Enrique Espínola Vera, subsecretario de Relaciones Laborales, admitió a El Cronista que un tercio de los trabajadores supera las 50 horas semanales, y 12 por ciento trabaja más de 60.
Ni siquiera la consultora Exante, que escenificó en el recinto viejo de la Bolsa el respaldo del establishment empresario al equipo económico por el ajuste anunciado el 29 de mayo, con corte de sueldos en el sector público, se privó de criticar la reducción en el tope teórico de horas extras. Su presidente, Aldo Abram, le dijo a Ambito Financiero que �no es bueno que desde el sector público pongan este tipo de restricciones al sector privado�, y presagió que aumentará el negreo y perjudicará la reactivación. Otro consultor, José Luis Espert, se sacó: �Me parece una medida absolutamente consistente �aseguró� con el espíritu socialista que prevalece en la Alianza. Este gobierno al mercado no lo ve ni cuadrado... Si siguen así, esta historia termina mal.� ¿Qué habrá querido decir?
Carlos Pérez, de Fundación Capital (presidida por Martín Redrado), calificó de �sinsentido total� la disminución del límite, pero aportando otro ángulo de observación. �La Argentina viene teniendo un ajuste de salarios �comentó�, y el sustituto es que se trabajan más horas.� En otros términos, la transacción que le plantea el empresario a su operario es cruda: te bajo el salario, pero para compensar podés trabajar más horas. El trabajador debe necesariamente aceptar este trato, y al hacerlo convalida la reducción del plantel. Sus horas adicionales le permitirán recuperar el ingreso perdido, y cubrirán para la empresa la cesantía de otros trabajadores. El decreto se asocia en un sentido a esta negociación desigual porque elimina la anterior exigencia (siempre teórica) de que las horas extras se utilizaran para atender picos de actividad. En adelante las empresas no deben pedir autorización alguna para prolongar la jornada.
Analistas laborales como Juan Luis Bour, de la ultraconservadora Fiel, rechazan la idea oficial de que combatir el sobreempleo ayudará a repartir el trabajo disponible entre más asalariados y reducirá así la desocupación. Aplican la lógica típicamente liberal, según la cual ninguna norma puede modificar la realidad que expresa el mercado, y es por tanto inútil y nociva. Pero van más allá, advirtiendo que si, a pesar de lo expuesto, se pretende imponerles a los empresarios algo que ellos no desean, trasgredirán la ley. Por tanto, lo más razonable es que ésta no se dicte, o, de sancionarse, se pliegue a la voluntad empresaria. Expuesto de otra manera, el Estado carece de capacidad de coerción, y por tanto regulatoria. Bour lo
escribe y lo firma, también en Ambito Financiero: �El tope (de 200 horas) hará que las empresas produzcan menos, o que paguen las horas extras adicionales a través de un bonus periódico por cualquier concepto, o que paguen en negro.� Parece lo más normal del mundo.