Por Cledis Candelaresi
 Aunque el Gobierno intentó arrimar posiciones con el Correo Argentino SA creando una comisión mixta que desmenuzara los reclamos cruzados, ese acercamiento aún no fue posible. Los delegados estatales, representantes de Economía e Infraestructura, dictaminaron en contra de casi todas las exigencias que el grupo privado elevó al Estado y concluyeron que éste le debe al fisco al menos 70 millones de pesos por el canon. Tampoco hay acuerdo en el propio seno del Gobierno acerca de quién será la futura autoridad de aplicación de un nuevo marco postal, que hará más difícil competir con la empresa privatizada.
Aún no hay un texto definitivo del proyecto de marco regulatorio postal, pero es un hecho que se dará marcha atrás con la desregulación propiciada por el anterior gobierno, en virtud de la cual las empresas postales sólo debían afrontar un canon único de 5 mil pesos anuales. En el futuro, esta contribución será escalonada y estará acorde con la envergadura de la empresa en cuestión: desde 1500 pesos hasta 2 millones, según la grilla que figura en uno de los borradores oficiales.
Una cuestión clave aún no definida son los parámetros para permitir que una empresa ingrese en el negocio: su capacidad patrimonial y solvencia económica. �No permitiremos ningún marco que restrinja la competencia, pero tampoco que en el mercado sigan operando empresas en negro�, comentaba anoche a Página/12 un estrecho colaborador de José Luis Machinea. La disyuntiva es clara: si los requisitos son muy restrictivos, el mercado será tan concentrado como cuando estaba dominado por las empresas adjudicadas a Yabrán. Si son muy laxos, proliferan firmas que compiten deslealmente, según se queja Macri.
La redacción de un nuevo marco regulatorio es un anhelo del concesionario, que protesta por la obligación de pagar 103 millones de pesos por año de canon contra los 5 mil pesos de sus competidores, aunque aquel importe surge de su propia oferta en la licitación. Pero la tarea también es una de las recomendaciones contenidas en el documento que redactaron los miembros oficiales de aquella comisión especial, cuya conclusión es que el Estado le debe 110 millones al Correo por servicios impagos y éste, 180 por canon.
Macri ya fue intimado a pagar 51,5 millones de pesos de su última cuota semestral, pero el último cálculo de su deuda alcanza los 70 millones, sin computar los intereses por mora. Aunque Nicolás Gallo sugirió en los últimos días que Macri la cancelaría, tal vez con un documento, para los hombres de José Luis Machinea no hay ninguna promesa en ese sentido. Las condiciones para la rescisión están dadas, pero aún no habría voluntad política de disponerla: al menos Infraestructura pretende agotar toda instancia de negociación.
El dictamen elevado a Nicolás Gallo también niega a Macri su pedido de resarcimiento porque no pudo explotar en exclusividad filatelia y carta documento, así como por tener regímenes laborales presuntamente más onerosos que sus competidores (en rigor, todos estos puntos hace tiempo que fueron fundadamente descartados por la Sindicatura General de la Nación). Pero los mismos funcionarios recomendaron al Gobierno reforzar los controles para evitar que otras empresas impriman sellos postales oficiales, que sí es potestad exclusiva del Correo. La comisión mixta no analizó otro punto sensible como la posibilidad de que ingresen al consorcio nuevos socios privados, tema quizá aún más controvertido.
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