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 Siete meses después de que Página/12 revelara el escandaloso affaire en el que aparece comprometido Fernando de Santibañes y que está causándole al Banco Nación un quebranto de aproximadamente 70 millones de dólares, la historia comienza a generar ondas expansivas y a aparecer en otros medios, que hasta ahora no se habían hecho eco de ella. La correspondiente causa, que está en manos del juez Gabriel Cavallo, suscitó el interés de la Oficina Anticorrupción, que decidió investigar la presunta defraudación al Estado, mientras la cuestión está agitándose en el Parlamento. El hecho de que en la trama de la aparente estafa, montada a través de la curtiembre Inducuer, se recorte la figura del actual jefe de la SIDE y estrecho amigo del presidente De la Rúa confiere al caso un enorme voltaje político. Pero lo tiñe además de cierto matiz grotesco, porque el secretario de Inteligencia y propagandista de la Universidad de Chicago es quien con más unción viene haciendo campaña en favor del ajuste. Mientras por un lado reclama reducir aún más el gasto público, bajando sueldos y echando empleados, por el otro está sospechado de causarle al mayor banco estatal una enorme pérdida, parangonable a la que le ocasionó el Grupo Yoma, esto sin incluir el origen mismo de la fortuna personal de De Santibañes, que creció a partir de inauditas facilidades otorgadas por el Banco Central durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En todo caso, y tal como publicó este diario en su edición del sábado 17 de junio, la salida de De Santibañes del Gobierno sólo es cuestión de tiempo. El Presidente aplazó la aceptación de la renuncia que le presentó, esperando una mejor oportunidad, y con la idea de darle otro destino, pero fuera del Poder Ejecutivo.Cuando aún lo presidía Roque Maccarone, el BNA llevó a la Justicia el caso Inducuer, confiando en una segunda instancia su patrocinio al abogado Jorge Torlasco, socio del estudio de León Arslanian y, en aquel momento, mencionado como posible jefe de la futura Oficina Anticorrupción. Hubiese constituido un hecho singular que Torlasco, habiendo estudiado minuciosamente los presuntos manejos de De Santibañes en la operación investigada, integrara con éste los equipos de gobierno. Finalmente el cargo fue para José Massoni, y es éste quien coloca al jefe de la SIDE bajo su lupa. De Santibañes se despega del caso Inducuer argumentando que él se retiró de la sociedad controlante antes de que el Nación otorgara el primer aval a la operación, que consistía en la instalación de una gigantesca curtiembre en Monte Chingolo. Pero fuentes del directorio del BNA dijeron en su momento a este diario que sospechaban la adulteración de la fecha en el acta correspondiente, añadiendo que al frente de la firma fueron colocados �perejiles�; es decir, personas insolventes, que no podrían hacer frente a ningún reclamo patrimonial. Para colmo pudo comprobarse que se trataba de empleados del Banco de Crédito Argentino, cuyo dueño era De Santibañes. Los avales que el Nación extendió durante las presidencias de Hugo Santilli y Aldo Dadone fueron ejecutados por los bancos europeos que financiaron el proyecto. Así, la primera cuota semestral, que ascendió a casi 4,8 millones de dólares, fue girada en setiembre de 1996 a la Banca Gottardo, de Lugano, Suiza, para serle acreditada a Ultrafin AG. Al día de hoy fueron abonadas ocho cuotas y restan otras nueve. Según el informe del síndico de la quiebra de Inducuer, el pasivo de ésta llega a 109 millones. Todo había comenzado el 10 de noviembre de 1989, cuando De Santibañes y Angel David Gorodisch, propietarios del BCA, fundaron una sociedad llamada Ferdar, que se convertiría en la controlante de Inducuer. Pero el 19 de noviembre de 1990 (ésta es la fecha de la que se desconfía) los dos banqueros son sustituidos por Guillermo Miguel Nano y el contador Carlos Adolfo de la Vega. El Nación concedió el primer aval en enero de 1991. Nano, por su parte, dejó la presidencia de Ferdar a Chantal France Safra, mujer también conectada al banco de De Santibañes. La investigación judicial detectó además graves irregularidades en la tramitación de esegigantesco crédito dentro del BNA. Esto ya había sido denunciado por un abogado del banco, Carlos Luis Bosch, en agosto de 1991. Un mes después, la sucursal París del BNA informaba que los equipos valían mucho menos que lo indicado en el proyecto. Pero el directorio resolvió seguir adelante. La suiza Ultrafin había resuelto en agosto de 1989 financiar el proyecto, que contaría con equipos y servicios provistos por la italiana Giza. También otorgaría créditos la Banca Gottardo, pero en todos los casos se exigía el aval de un banco oficial argentino de primerísima línea. En otras palabras, el Nación. Pero una vez que éste se había hundido de pies y manos en la operación, los dos socios italianos del proyecto, las empresas Giza y Capra, comenzaron a tambalearse hacia setiembre de 1992 para finalmente quebrar. Según la explicación ofrecida a este inesperado hecho, lo que hundió a los socios peninsulares fue la caída del Muro de Berlín (que en realidad había sido demolido tres años antes), la democratización de la URSS y la revaluación del marco alemán. Conclusión: no habría planta, y sin planta el Nación no tendría manera de cobrar. Este es el punto de partida de la increíble fase dos de la historia. El Nación siguió aportando recursos, esta vez para la reconducción del proyecto, ahora (enero de 1995) avalando los presuntos créditos de Fortrade Financing SpA de Milán. Pero entonces ocurrió que para seguir adelante necesitaban encontrar un operador para la planta, que a todo esto jamás llegó a procesar uno solo de los cueros que debía proveer el Frigorífico Rioplatense de Rodolfo Constantini, socio de Citibank en el fallido rescate del entrerriano Santa Elena, que causó otro enorme agujero al BNA. Este, víctima de la ruinosa asistencia a Inducuer, terminó siendo acusado por la nonata curtiembre, que atribuyó sus dificultades a la lentitud con que el banco oficial respondió a sus solicitudes. Tal como había hecho Emir Yoma (a quien además habían considerado como posible operador para Monte Chingolo), los representantes de Inducuer le propusieron al Nación en mayo de 1997 la capitalización de deudas, de acuerdo con el decreto a medida que había firmado Carlos Menem (el 585/94). Por tanto, el BNA debía convertirse en socio, abandonando su papel de acreedor. Maccarone no aceptó la singular propuesta, y después de varios tironeos Inducuer llamó a concurso de acreedores. Para entonces la culpa, según sus argumentos, ya no la tenía el Muro de Berlín sino �la crisis financiera internacional de octubre/noviembre de 1997�. El 1º de diciembre de ese año el BNA intimó el pago, obviamente sin chance alguna de recuperar un centavo. Mientras tanto, sin pudor alguno, los frustrados curtidores reiteraban que �el proyecto sigue siendo técnicamente factible, y su rentabilidad sigue siendo positiva...�, por lo que terminaban reclamando mayores compromisos del Banco Nación. La sede de éste iba a servir de asiento, precisamente, al Consejo de Notables que presidiría De Santibañes, según los planes que el electo De la Rúa tenía respecto de él en noviembre de 1999. A los encargados de prepararle el suntuoso despacho, la ironía les parecía excesiva. El domicilio de la que debería haber sido la décima curtiembre del mundo en tamaño se redujo a una oficina casi siempre vacía en el octavo piso, puerta 134, de Diagonal Norte 651. Según el informe del síndico del concurso, abierto en octubre de 1998, poco y nada podría recuperar el Nación como principal acreedor. Además, al momento de entrar en cesación de pagos, Inducuer tenía 245 juicios laborales en su contra, que involucran un pasivo eventual superior a los 13 millones de pesos. El único patrimonio que podría responder por las deudas contraídas sería el de los verdaderos dueños del proyecto, pero éstos saben muy bien cómo poner a salvo sus bienes y dejar que otros, y sobre todo el Estado, cargue con las pérdidas.
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