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Por Laura Vales 
El Gobierno ganó su primer round legal para aplicar el ajuste
sobre los sueldos de los empleados estatales. Ayer, sin demorar un solo
día, apeló los dos fallos judiciales que frenaban la poda
y despejó así su camino para liquidar los salarios de este
mes con sus correspondientes rebajas. Los gremios se preparan para contraatacar:
hoy mismo apelarán la apelación del Ejecutivo, y le pedirán
a la Cámara del Trabajo que vuelva a congelar la implementación
del recorte. Mientras los abogados de las dos CGT, de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) trabajaban
en conjunto sobre la nueva presentación, el secretario de Hacienda
Mario Vicens insistió en que el Estado llegará si es necesario
hasta la Corte Suprema de Justicia para defender la legalidad del ajuste.
En la apelación elaborada por la Procuración del Tesoro a cargo de Ernesto Marcer, el Gobierno sostiene que: u El ajuste se hizo para evitar los despidos. El decreto del Ejecutivo, se agrega, es constitucional porque fue dictado para cumplir con las leyes de Convertibilidad y de Solvencia Fiscal. u Los descuentos son “razonables”, porque están por debajo del 20 por ciento, el máximo que la ley permite embargar. u Se tuvo en cuenta el costo de la canasta familiar, “de mil pesos”, por lo que sólo se van a ver a afectados los que cobran más de esa suma. u Los gremios que impulsan estos juicios no tienen un interés personal y directo en el tema, por lo que no están legitimados para actuar ante la Justicia. u Las medidas cautelares en cuestión, dictadas por el juez del trabajo Manuel Pirolo, “son inadmisibles porque el magistrado omitió considerar el interés público comprometido”. La Procuración también reservó algunos párrafos para recordarles a los camaristas del Trabajo que la Corte Suprema de Justicia ya sentó jurisprudencia al convalidar la rebaja de sueldos implementada durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, a través del fallo conocido como el caso Guida. Y de paso remarcó que la semana pasada “seis ministros de la Corte Suprema acompañaron la decisión del Poder Ejecutivo” y renunciaron voluntariamente al 15 por ciento de sus propios sueldos. El viernes pasado, el juez Pirolo había frenado el ajuste al fallar en dos expedientes similares, impulsados por representantes de todo el arco gremial: una de las causas fue abierta por la CGT de Daer, la de Moyano y la Corriente Clasista y Combativa, mientras que la segunda por un grupo de abogados de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El juez consideró entonces que los recortes ponen en peligro la subsistencia de los trabajadores y dictó dos medidas de “no innovar”. Es decir que ordenó concretamente que las rebajas se dejaran sin efecto por un mes, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo: si el decreto es o no constitucional. Pero ayer, al dar curso a la apelación, sus propios fallos quedaron suspendidos. Los gremios tenían la esperanza de que el juez diera curso a la apelación sin congelar los efectos de su sentencia, pero eso no sucedió. Por eso ahora llevarán este pedido a la Cámara del Trabajo. A la espera de una resolución sobre el punto, algunos gremios –como la Asociación de Trabajadores del Estado– reprogramaron sus medidas de fuerza y resolvieron pasar para el jueves una movilización contra el ajuste que estaba prevista para hoy. Esta mañana, en lugar de marchas, habrá corridas contra reloj de los abogados sindicales para lograr un nuevo fallo que impida la aplicación del ajuste sobre los sueldos de junio. Aunque la Cámara no tiene plazos para pronunciarse, todos los consultados estimaron que su respuesta no debería demorarse más allá de dos días.
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