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Por Adriana Meyer 
El ex presidente del PAMI justificó ayer las contrataciones directas
que realizó durante su gestión argumentando que la ley lo
amparó para hacerlo. Sus acusadores entienden que es una verdad a
medias porque la obra social de los jubilados tiene una reglamentación
propia que exigía, en ciertos casos, licitaciones públicas.
En su cuarta jornada de indagatoria, Víctor Alderete siguió
deslindando responsabilidades en el desorden heredado y en las actuales
autoridades a quienes de hecho culpó por la falta de cierta documentación
de la obra social. Sin embargo, la Justicia investiga el traslado de 96
cajas con material oficial del PAMI que Alderete sacó de la entidad
poco antes de abandonar el cargo, a fines de 1999 (ver recuadro). Volvió
a usar la misma letra que María Julia Alsogaray. “No me puedo hacer responsable de la traspapelación (sic) o pérdida de documentos que suceda durante la actual conducción”, declaró el ex funcionario. El juzgado evalúa la posibilidad de extraer esa parte de la declaración y formular la denuncia correspondiente. Además, dijo estar indefenso frente a quienes disponen de esos papeles “para armar una acusación, agravarla o dificultar la defensa”, en alusión a la Oficina Anticorrupción (OA) que trabajó durante el traspaso de mando junto al triunvirato interventor integrado por Cecilia Felgueras, Angel Tonietto y Horacio Rodríguez Larreta. En ese momento recogió las principales pruebas con las que formuló la denuncia que acusó al funcionario predilecto de Carlos Menem de ser el jefe de una asociación ilícita que defraudó al PAMI. La anterior acusación del ex funcionario contra quienes dirigen actualmente el PAMI –por seguir la política de contratación directa– quedó radicada en el juzgado de María Servini de Cubría. Los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc le preguntaron por qué contrató a la empresa Cer.Co.Man para hacer servicios de auditoría similares a los abarcados por el contrato firmado con Macropsicología, a lo que Alderete respondió que querían aumentar el control dados los excelentes resultados que había dado la primera experiencia. Pero no pudo contestar si las auditorías fueron cumplidas. Los fiscales insistieron en saber cuáles eran los parámetros que tuvo en cuenta para contratar a esa y a otras dos empresas y el ex funcionario apeló en todos los casos a los prestigiosos antecedentes nacionales y “renombre internacional”, pero reconoció que no hubo comparación con otras firmas que hicieran tareas similares. Montenegro y Starc reiteraron en cada caso el mismo interrogante: ¿por qué no aplicó la resolución 397/97 del PAMI que exigía la realización de una licitación pública previa a cualquier contratación? Esa norma exceptuaba a los servicios médicos y en tales casos el acusado admitió que el directorio contrataba en forma directa y a los precios que entendía convenientes, pero argumentó que sus integrantes conocían los valores del mercado y lograban bajarlos. En relación con Cer.Co.Man, Alderete señaló que el directorio siempre entendió que se trataba de un servicio médico. Sin embargo, también contrató en forma directa el servicio de recreación de IMARA, aduciendo que ese rubro constituía prevención médica para los adultos mayores. Según Alderete, había un “error” en el reglamento y con una modificación autorizaron la contratación directa a empresas o personas de cualidades sobresalientes. Casualmente es el mismo argumento que esgrimió María Julia Alsogaray para justificar los pagos con dinero público a su arquitecto.
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