Por Raúl Dellatorre
Desde Madrid
 �No nos vamos a hacer responsables por errores de los demás. Si hay empresas españolas que hoy tienen dificultades en la Argentina, es fruto de decisiones empresarias incorrectas; ahora, que cada palo aguante su vela�, respondió el presidente de Repsol-YPF, Alfonso Cortina, utilizando una expresión que podría traducirse como �que cada cual se cuelgue el sayo que le corresponda�. Aludía, así, explícitamente a la situación de Iberia como gerenciadora de Aerolíneas Argentinas, a Endesa por el cuestionamiento que recibió por sus tenencias accionarias en Edesur y Edenor a la vez, e indirectamente a Telefónica, que se ha sentido perjudicada por la forma en que se resolvió la desregulación de las telecomunicaciones. La consulta había sido formulada por Página/12, que le requirió una opinión sobre las recientes quejas del gobierno español sobre el tratamiento de su par argentino a las inversiones españolas en el país.
Durante una conferencia de prensa previa a la Junta de Accionistas anual que se realizará hoy, Cortina se refirió a la �magnífica relación�
que mantiene la empresa con el gobierno argentino y a las �coincidencias con la política económica� que lleva adelante la Alianza. También apuntó que ayer se firmó un acuerdo con el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch (MPN), por el cual el gobierno provincial se compromete a apoyar la extensión del contrato de explotación del yacimiento Loma La Lata por 10 años más. La concesión actual vence en el 2017. A cambio, la empresa se compromete a invertir un monto de 8000 millones de dólares en ese yacimiento �que representa la tercera parte de la producción mundial de gas de Repsol-YPF en el mundo� antes del 2017, de los cuales 3500 millones se desembolsarían en los próximos cinco años.
El dato no es sólo importante por el monto, sino porque �como lo reconocen las propias autoridades de Repsol� involucra directamente a la compañía en generar empleo en zonas con riesgo de estallido social. �Si se altera la paz social en las provincias donde estamos produciendo, esto nos afecta�, comentó RamónBlanco, número dos de la compañía y mano derecha de Cortina. El acuerdo no alcanza sólo a la inversión comprometida: también habrá una donación de 30 millones de dólares a favor de los �emprendimientos� encarados por ex empleados de YPF �que operan como proveedores de Repsol� para que cancelen sus deudas con la provincia y cuenten con capital de trabajo. Además, la empresa financiaría becas a 3000 estudiantes de la provincia en distintos niveles, incluido el primario. Lo significativo es que los directivos reconocen que este esquema de intervención se reiteraría en otras provincias donde opera Repsol y que están en riesgo de estallido. Entre ellas, Salta en primer lugar.
Los directivos de Repsol-YPF no sólo buscan diferenciarse de otras empresas españolas en su trato con el gobierno argentino. También prefieren operar individualmente en esa relación y no a través de entidades empresarias, aunque puedan coincidir en algunos aspectos con los reclamos actuales de una política más activa para resolver los conflictos sociales. �En el gobierno argentino hay demasiados economistas y pocos políticos�, comentó muy reservadamente a este diario un alto directivo de la firma española, sugiriendo un excesivo celo por cuestiones financieras y poco �feeling� para atender los conflictos sociales. Un dato no poco trascendente, dada la magnitud de las inversiones de Repsol en la Argentina frente a las políticas impulsadas por los �economistas� del gabinete nacional, bajo la recurrente muletilla de �atraer la confianza de los inversores�.
AUDIENCIA PUBLICA POR EL PLAN DE AGUAS ARGENTINAS
Sin subas de tarifas hasta el 2001
Ayer se desarrolló la primera de las dos jornadas de la audiencia pública que analizará el plan quinquenal de inversiones propuesto por Aguas Argentinas. El cónclave, organizado por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, fue escenario propicio para que se levantaran voces críticas hacia uno de los puntos fundamentales de ese programa, que permite trasladar a las tarifas el costo del futuro plan de inversiones. A través de un comunicado, la empresa recalcó que tiene obras previstas por 1063 millones de dólares y que la tarifa no aumentará hasta el año próximo. El ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, sostuvo, en tanto, que el gobierno instruyó al Etoss para que no autorice aún ningún ajuste.
El actual plan quinquenal fue elaborado el año pasado bajo el comando de la secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, quien impuso nuevos criterios. Según las nuevas pautas, las inversiones previstas serán cubiertas íntegramente con un incremento tarifario del 2,9 por ciento anual a partir del 2001. Esto se complementa con la decisión de computar como ingresos corrientes de la empresa lo que recaude a través del SUMA, cargo fijo creado específicamente para cubrir obras. De ahora en más, la empresa puede utilizar ese dinero como mejor le convenga.
Una de las voces críticas que ayer se alzaron en la audiencia pública fue la de la Defensoría del Pueblo. El defensor adjunto, Rafael Veijanovich, postuló que la resolución 601/97, firmada por Alsogaray, debe ser derogada. La norma �acarreó un perjuicio para los usuarios porque todo monto destinado a inversiones (SUMA) pasó a engrosar los costos del servicio, sin que los usuarios tuviesen una contraprestación a cambio�, explicó el funcionario.
Otro cuestionador fue el diputado aliancista Ricardo Vago, quien advirtió que �el ajuste automático y periódico de las tarifas que termina este contrato, sumado a los altos costos de las obras, van a convertir a este megacontrato en un oneroso compromiso para los usuarios�. Junto a otros pares de su bloque, como Rubén Giustiniani y Alejandro Peyrú, el legislador impulsa un proyecto que postula la desindexación de las tarifas de todos los servicios públicos y no sólo el de Aguas. Uno de los argumentos esgrimidos para fogonear esas iniciativas es que el Procurador del Tesoro dictaminó en contra de un incremento en el precio del peaje de los accesos capitalinos en base al índice de precios de los Estados Unidos, argumentando que violaba lo dispuesto por la ley de Convertibilidad.
Ayer mismo, Aguas Argentinas recalcó mediante un comunicado que entre 1999 y el 2003 se comprometió a invertir 1063 millones de pesos, parte de los cuales permitirán extender el servicio a 846 mil habitantes. Esto la obligaría a aumentar su deuda financiera �de 625 a casi 1000 millones�. Finalmente, se subrayó que no recibe subsidios de ninguna jurisdicción estatal. �Y que, por el contrario �precisaron en Aguas�, la actividad prevista en el plan generará al Estado un aporte de alrededor de 1000 millones de pesos en concepto de IVA, tasas e impuestos varios aplicados en las distintas jurisdicciones.�
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