Por Felipe Yapur
 Son 3156 nombres y apellidos, en orden alfabético. Es la lista completa del personal de la Cámara alta que ayer a la noche dio a conocer Carlos �Chacho� Alvarez, como un nuevo paso de su ofensiva contra los senadores justicialistas que buscan limitar sus atribuciones administrativas. Sobran los apellidos conocidos: Alfonsín, Cafiero, Bussi, Reutemann, Obeid, Storani (por decir algunos) de legisladores y funcionarios en actividad y que pasaron por esa cámara. Entre tantos otros el del propio Alvarez, quien figura como empleado aunque con licencia sin goce de haberes desde 1989.
La decisión de Alvarez es, al menos, novedosa: es la primera vez que se publica el nombre de lo empleados del Senado, un tema que siempre generó disputas, denuncias y sospechas de la utilización de los puestos en el Congreso como moneda de cambio de los favores políticos.
El listado entregado a la prensa por los colaboradores de Alvarez sólo da cuenta de la categoría del empleado y si es contratado, transitorio o permanente, estos colaboradores afirmaron que ésta no será la última lista sino que se está trabajando para publicar una más completa donde se consigne �como prevé un proyecto de ley presentado por el frepasista Pedro Del Piero� categoría, fecha de ingreso, dependencia en la que presta servicios, horario de trabajo, altas y bajas mensuales de cada empleado del Senado.
Pero hasta tanto se publique esa nueva nómina, no hay dudas de que esta maniobra responde a la estrategia política que Alvarez se está dando en su lucha contra la oposición. El PJ impulsa un proyecto que propone quitarle al presidente del Senado toda decisión administrativa y relegarlo a un rol virtualmente decorativo. Es por ello que durante los últimos quince días el vicepresidente lanzó duras acusaciones contra el bloque opositor acusándolos de integrar una banda que busca �quedarse con la caja del Senado�.
Alvarez apuró anoche a sus colaboradores para terminar con la nómina. �Vamos, que estamos enterrando los diarios�, dijo Chacho Alvarez utilizando una muletilla de la jerga periodística que se utiliza cuando se atrasa la edición de un diario. Tal vez por ello es que se deslizó su propio nombre en la lista. Presurosos, la gente de Alvarez explicó que figura como empleado de planta permanente, categoría 4 �unos 1500 pesos�, pero que está con licencia sin goce de haberes desde 1989. Entonces, cuando fue elegido diputado nacional, hizo uso de esa posibilidad mediante la opción jurídica del �cargo con mayor jerarquía�. El vicepresidente, quien había ingresado en el Senado en 1985 de la mano de Deolindo Felipe Bittel, se desempeñó como asesor de la Comisión de Economías Regionales.
Además de Alvarez aparecen apellidos conocidos en el ambiente político:
 Alianza: Alfonsín, Becerra, Alconada Sempé, Storani, Tróccoli, Pugliese, Usandizaga, Moreau.
PJ: Britos, Cafiero, Arias, Asís, Conte Grand, Yoma, Anzorreguy, Bravo, Conte Grand, Sbarra Mitre, Reutemann, Obeid, Rodríguez Saá, Saadi, Luder, Menem, Tell.
Partidos provinciales: Ulloa y Bussi.
Pero también el listado ofrece apellidos históricos como esos dos empleados que se llaman Hernán Cortés y Domingo Faustino Sarmiento. Habrá que ver, andando los días, qué tarea desempeña cada uno.
PARARON EL TRATAMIENTO DE UN
PROYECTO DEL PJ
Sonrisas en la bancada oficial
Por F.Y.
Después de una larga y debatida reunión de presidentes de bloques del Senado, los representantes de la Alianza lograron anoche frenar el tratamiento de la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia que el PJ amenazó con votar en la sesión de hoy. Hasta el momento, la oposición aceptó postergar la discusión siempre y cuando el oficialismo concrete su compromiso de que los diputados no debatirán una ley similar el próximo jueves. Este acuerdo reavivó las sonrisas en los legisladores aliancistas ya que pudieron participar de la cena con el presidente Fernando de la Rúa sin una derrota política.
Todo comenzó ayer al mediodía cuando varios integrantes de la mesa de conducción del bloque del PJ y la Alianza se encontraron. Allí los legisladores de la oposición anunciaron su decisión de debatir el proyecto que reglamenta los cuestionados decretos de necesidad y urgencia. La sorpresa sobrevino cuando dijeron que se debatiría el proyecto presentado por el justicialista Jorge Yoma �que cuenta con despacho de comisión desde julio del �99� y que prevé la aprobación o rechazo de los decretos por una sola Cámara legislativa. Esta decisión les quitó el aliento a los radicales porque no tenía nada que ver con lo que habían anunciado José Genoud y Augusto Alasino con bombos y platillos en setiembre de 1999. En esa oportunidad, los presidentes de ambos bloques presentaron modificaciones al proyecto Yoma, donde estipulaba la aprobación de los decretos por las dos Cámaras legislativas.
Sin duda, el cambio de postura del PJ significaba para el oficialismo un peligro importante porque si la oposición logra imponer su criterio, la mayoría que ostenta el justicialismo en el Senado se verá más fortalecida cada vez que el Ejecutivo emita un decreto de necesidad y urgencia. Es por ello que los radicales comenzaron intensas negociaciones.
Por la tarde y durante la reunión de Labor Parlamentaria, los aliancistas insistieron en su posición de respetar el compromiso de setiembre. Los justicialistas se negaban, pero no con la firmeza de la mañana. La razón del debilitamiento de la posición del PJ se basó, según reconocieron fuentes de ese bloque, en la imposibilidad de conseguir la cantidad de votos necesarios para sancionar esta norma que reglamenta un artículo de la Constitución. Hasta anoche los justicialistas no contaban con las 37 voluntades requeridas.
Este fue el detalle que le permitió a la Alianza conseguir una tregua hasta hoy a las 12, cuando los presidentes de bloques se vuelvan a encontrar. Fuentes del bloque radical dijeron que existe un compromiso para evitar el tratamiento de un proyecto similar en Diputados. De conseguirlo, el debate en el Senado se realizará recién la próxima semana con una probable presencia, a pedido del justicialismo, del secretario general de la Presidencia, Jorge de la Rúa, para que explique por qué el Gobierno quiere hacer modificaciones al dictamen de comisión. Si la Alianza cumple con sus promesas, es probable �como reconocieron algunos legisladores del PJ� que hoy la Cámara alta ni siquiera sesione.
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