Por Adriana Meyer
 Concluyó ayer la prolongada declaración indagatoria del ex presidente del PAMI, detenido el viernes 16 por el juez federal Adolfo Bagnasco. Durante cinco extensas audiencias, Víctor Alderete se defendió de la acusación de la Oficina Anticorrupción (OA), que lo señaló como jefe de una asociación ilícita que defraudó a la obra social de los jubilados. Seguirá preso en Gendarmería hasta que el magistrado decida su situación procesal. Todo indica que le dictará prisión preventiva. La OA lo acusa de haber desactivado todos los mecanismos de control y de haber realizado contrataciones directas en forma discrecional. El ex funcionario rechazó ambas imputaciones. �Alderete puso en claro el régimen de contratación y la multitud de actos que niegan concluyentemente que pudiera haber liderado una asociación ilícita�, puntualizó su abogado, León Arslanian, a la salida de los tribunales federales de Retiro.
Alderete declaró ayer durante cinco horas y repitió la mayoría de los argumentos que ya había utilizado. Reiteró que en ciertas ocasiones se vio forzado a contratar en forma directa por las situaciones de emergencia que sufrían los servicios de los jubilados y por los condicionamientos de entidades internacionales que habían otorgado créditos al PAMI. Con la ayuda de sus anotaciones personales insistió en que su gestión fue supervisada por el Banco Mundial y por todos los organismos de gobierno. El razonamiento del acusado es que no pudo haber cometido delitos que implican un necesario ocultamiento dado que sus actos tuvieron múltiples y permanentes controles. Alderete recordó que concurrió al Congreso cada vez que los legisladores cuestionaron alguna de sus medidas.
El ex funcionario volvió sobre la cuestión del enorme desorden en que encontró al PAMI cuando asumió y reiteró que la obra social es un organismo público no estatal que estaba autorizado a hacer contrataciones directas. Este es el principal argumento que usan sus defensores para rechazar la participación de la OA como querellante en la causa. Según ellos, no está en juego el patrimonio del Estado para justificar su presencia con un rol activo en el proceso judicial.
Los fiscales Guillermo Montenegro y Paulo Starc le preguntaron por el último contrato de los cinco cuya firma se le cuestiona. Alderete contrató en 1997 a la empresa Advertising Image y le pagó �con dineros del PAMI� 70.543 pesos mensuales para realizar �un estudio semiológico sobre acciones comunicacionales, capacidades y características receptoras del mensaje del segmento de la tercera edad�, según afirmó la OA. Los denunciantes señalaron que �el haber establecido un objeto tan difuso nos lleva a pensar que éste era irrelevante�. El imputado aseguró que la contratación fue hecha para revertir la mala imagen que tenía el PAMI ante la opinión pública y afirmó que logró su objetivo. Al momento de responder sobre cuáles fueron los parámetros para elegir ésa y no otra empresa, Alderete acudió al supuesto prestigio profesional de su titular. La denuncia señala que la empresa tenía apenas un año de creada cuando fue convocada. Y cuando lo consultaron por qué no utilizó el área de relaciones públicas del PAMI afirmó que no servía para tal cometido.
El abogado de Alderete, Arslanian, confirmó a la agencia Télam que �hoy fue la última declaración indagatoria� de su defendido y adelantó que Bagnasco citará en los próximos días a los demás ex funcionarios vinculados con la investigación. El juez tiene diez días para resolver su situación procesal. Podría procesarlo, sobreseerlo o dictarle una falta de mérito, y la detención del ex funcionario podría transformarse en una prisión preventiva. Todo indica que su estancia en la cárcel se prolongará largo rato.
| Liporaci lo espera en julio
Víctor Alderete se convirtió en el ex funcionario menemista más requerido por los jueces federales. Cuando todavía no había terminado de dar explicaciones ante Bagnasco, otro juez federal lo citó a indagatoria acusado de sustracción de documentación. El 5 de julio deberá explicar ante Carlos Liporaci el traslado de 96 cajas con documentación del PAMI que sacó de allí antes de abandonar el cargo, en diciembre de 1999, y llevó a un departamento de Morón. Una denuncia anónima alertó de esto al diputado aliancista Jorge Giles, quien junto a Nilda Garré y María América González, hizo la denuncia judicial, asesorado por la OA. En esas cajas aparecieron documentos oficiales de la obra social y carpetas con documentación de políticos y periodistas. El 3 de julio le toca ser interrogado por el juez Gabriel Cavallo en otra causa relacionada con el PAMI. |
DEFENSA DEL JUEZ LUIS LEIVA ANTE EL CONSEJO
Los acusadores puestos bajo sospecha
Por Susana Viau
Hoy recomenzarán las audiencias del Concejo de la Magistratura para resolver si el juez federal de Mendoza Luis Leiva debe enfrentar el juicio político y comenzar a andar el camino de su destitución. En la primera sesión se presentaron los autores de las solicitudes y algunos de sus testigos. Leiva respondió con un escrito en el que detalla cuáles son, en su criterio, los antecedentes de sus acusadores. El proceso, que se encuentra aún en la fase instrucción y evaluación de pruebas, está impregnada para muchos de la sospecha de que detrás de esta lluvia de pedidos de enjuiciamiento, se agita la sombra del banquero Raúl Moneta quien ha denunciado al magistrado que ordenó su captura como integrante de �una mafia judicial�.
Una de las solicitudes fue presentada por el juez federal de San Rafael Raúl Acosta. Acosta lo hace fundando su acusación en un supuesto hecho de contrabando. Luego de explicar los hechos que se le imputan, Leiva señala en su escrito que, en 1997, solicitó el juicio político de Acosta, por haber permitido torturar en su presencia a un detenido menor de edad y discapacitado. El joven había sido apresado por el propio juez Acosta en una jurisdicción que le era ajena. Por ese entonces, según Leiva, su colega era deudor moroso del Banco de Previsión Social (luego privatizado en favor de Moneta) por créditos de alrededor de medio millón de pesos otorgados a una empresa de su propiedad. Por esta razón, Acosta fue sancionado por la Cámara Federal de la provincia.
El segundo pedido contra Leiva fue formulado por el juez del tribunal oral 1 de Mendoza Eduardo Mestre (hermano del actual interventor en Corrientes, Ramón Mestre). Los motivos esgrimidos por Mestre son similares a los de Acosta, de quien dice Leiva es amigo íntimo. Leiva asimismo afirma en su escrito que ésta es la culminación de un largo jaqueo judicial al que fue sometido por Mestre, quien no pudo obtener las sanciones que solicitaba para él en ninguna instancia de la Justicia, inclusive en la Corte Suprema. Por último, el Concejo deberá estudiar la presentación hecha por Eduardo José Pierson, quien imputa a Leiva haber escriturado por 16 mil pesos un terreno de mayor valor. Pierson es yerno y miembro del estudio de Alberto Petracchi, mano derecha de Raúl Moneta.
El cuarto pedido que analiza el Concejo de la Magistratura fue impulsado por Oscar Alberto Scaccia, un particular, corredor de autos de Mendoza, procesado por Leiva. Scaccia asegura que Leiva actuó por venganza. El magistrado, en su descargo, puntualizó que Scaccia fue objeto de dos condenas judiciales por la compra de vehículos de origen oscuro.
Entre los testigos ofrecidos hay otro integrante del Poder Judicial: el juez de Corrientes Alberto Sánchez Castro. Sánchez Castro tiene una carrera accidentada: ex secretario de la Suprema Corte de Mendoza, debió renunciar al descubrirse el robo de una sentencia. Luego, fue miembro del bufet de Eduardo Bauzá, quien lo apoyó para ocupar una fiscalía de Cámara, cargo al que también debió dimitir luego de un proceso por defraudación reiterada.
|
