Por Victoria Ginzberg
 Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA llegará el domingo al país. Jorge Taiana y Robert Goldman vendrán especialmente para solicitar enfáticamente a las autoridades argentinas que cumplan con las recomendaciones del organismo en relación con los presos de La Tablada, que ya llevan un mes en huelga de hambre. �La idea es demostrar que se trata de un problema de Estado, no del Gobierno, ni del actual ni del anterior�, aseguró a Página/12 un colaborador de la CIDH que conoce el asunto a la perfección. A treinta días del comienzo de la huelga, el parte médico oficial indica que los presos están �estables� o que presentan �buen estado general�, pero ya bajaron un promedio de trece kilos.
Goldman, comisionado encargado de Asuntos Latinoamericanos, y Taiana, secretario general de la CIDH, se entrevistarán en Buenos Aires con el representante especial para derechos humanos en el ámbito internacional, Leandro Despouy; con el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, y con la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti. También �pero estas reuniones no están aún confirmadas� intentarán dialogar con los presidentes de ambas cámaras �Rafael Pascual y Carlos �Chacho� Alvarez� y con algunos legisladores. Goldman y Taiana visitarán además a los presos de La Tablada. El desembarco de la comisión como mediadora había sido solicitada por la subsecretaria de Derechos Humanos.
Aunque la CIDH reclama que se cumplan las recomendaciones de su informe sobre el caso Tablada sin especificar un mecanismo para concretar esas medidas, las entrevistas con diputados y senadores apuntarán a respaldar el proyecto que plantea modificar la Ley de Defensa de la Democracia. A ojos de la CIDH, esa iniciativa aportaría una doble solución: permitiría la �reparación� de los presos �ya que saldrían en libertad� y reformaría la Ley de Defensa de la Democracia, que la comisión señaló como contraria al pacto de San José de Costa Rica por no permitir la revisión de las sentencias.
Ese proyecto, elaborado por el diputado frepasista Ramón Torres Molina, ya completó el trámite en las comisiones legislativas, donde fue resistido por el peronismo y por algunos radicales. Actualmente estaría en condiciones de ser tratado en el recinto, pero por ahora no habría voluntad política para hacerlo. De hecho, el justicialismo no cambió su posición negativa hacia la iniciativa y esto impediría su aprobación.
Los abogados defensores de los detenidos esperan el resultado de la presentación ante la Cámara de Casación que hicieron la semana pasada. Si ese tribunal acepta la revisión del caso, la mayoría de los presos saldría en libertad porque se beneficiarían con el �dos por uno� (el cómputo de dos días de prisión por cada uno cumplido después de tres años sin sentencia firme).
Los familiares y amigos de los presos de La Tablada y organismos de derechos humanos organizaron ayer una celebración ecuménica por la libertad y la salud de los detenidos. Según señala el informe del Servicio Penitenciario Federal, los ocho presos de la cárcel de Ezeiza se encuentran en �buen estado general, sin signos de descompensación médica y negándose a realizarse análisis de laboratorio�. Sergio Paz es el huelguista que más peso perdió. Hasta ayer eran casi 20 veinte kilos.
Enrique Gorriarán Merlo y Roberto Felicetti, recluidos en Devoto, se negaron a realizarse los controles de peso, presión y frecuencia cardíaca durante tres días �desde el sábado al lunes pasado�. Allegados a los presos aseguraron que esta medida se debía al endurecimiento en las condiciones carcelarias de los líderes del MTP. La situación se normalizó ayer, luego de que, según informaron voceros de los detenidos, también se regularizara el trato del Servicio Penitenciario con Gorriarán Merlo y Felicetti. El parte médico señala que los líderes del MTP están �clínicamente estables�. Gorriarán Merlo bajó más de once kilos yFelicetti catorce. Fray Antonio Puigjané, que se encuentra en la Iglesia de Santa María cumpliendo arresto domiciliario, perdió quince kilos. El sacerdote, que tiene más de setenta años, se encuentra �de acuerdo con lo que indica el informe oficial� �cardiológicamente estable y bien hidratado�.
En diciembre de 1997 se hizo público el informe elaborado por la CIDH en el que se determinó que todos los asaltantes al cuartel de La Tablada fueron torturados y que nueve de ellos fueron ejecutados. Se criticó además que los acusados no hubiesen tenido derecho a una revisión del fallo y se determinó que la Ley de Defensa de la Democracia era contraria a las normas internacionales de defensa de los derechos humanos. La última visita de la CIDH al país fue hace tres meses. En esa oportunidad el Gobierno manifestó que estaba estudiando las posibilidades para dar respuesta a ese informe.
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opinion
Por Miguel Bonasso |
| El espectro de Bobby Sands
El martes 5 de mayo de 1981, como consecuencia de una prolongada huelga de hambre, murió Bobby Sands, un preso irlandés que fue elegido parlamentario por el Sinn Fein mientras estaba en la cárcel de Maze, en Irlanda del Norte. La primera ministra Margaret Thatcher desoyó las súplicas de la Iglesia Católica y del líder opositor Michael Foot y rehusó otorgar las concesiones que hubieran salvado la vida de Sands y, más tarde, de otros presos irlandeses que también se declararon en huelga de hambre. Comenzó entonces a ganarse el apodo de Dama de Hierro que consolidaría tras la guerra de Malvinas. También se ganó a pulso el odio de los católicos irlandeses y agravó el enfrentamiento bélico en Irlanda del Norte. Pero el espectro de Sands no sólo arrojó su sombra sobre la dirigente conservadora sino también sobre el conjunto de la democracia británica. Un agravio que sigue pesando. Hace poco más de un mes este cronista entrevistó a dos de los presos de La Tablada, Enrique Gorriarán y Roberto Felicetti, en la cárcel de Villa Devoto. Fue en vísperas de que declarasen la huelga de hambre en reclamo de su libertad. La medida me parecía grave y peligrosa y evoqué ante ellos el espectro de Bobby Sands. �Sabés qué pasa -.me dijo entonces Felicetti-., que ya estamos cansados de que jueguen con nosotros, ya se nos acabó la paciencia�. Días después comenzaron el ayuno que en el día de ayer cumplió un mes. Con lo cual la sombra de Sands se agiganta, porque ingresan a un peligroso territorio que puede llevarlos a la muerte o a sufrir gravísimos deterioros físicos. Algo que ocurrirá inexorablemente si ninguno de los poderes del Estado emite sin demora una señal auspiciosa. Porque ellos ya se lo han dicho a sus carceleros: �o salimos caminando o salimos con los pies para adelante�. Y hay indicios nítidos de que no es retórica: antes de iniciar su medida de fuerza, los presos de La Tablada dejaron expresa salvedad de que desautorizaban cualquier tipo de alimentación compulsiva a que pretendiera someterlos el Gobierno. Hasta ahora ninguno de los poderes del Estado ha reaccionado ante la posibilidad cierta de que muera algún preso de La Tablada. Lo más que ha hecho la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, es llamar reservadamente a los dirigentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para pedirles (una vez más, la otra fue en marzo) que actúen como bomberos y vengan al país a pedirles a los presos que levanten su medida de fuerza sin ningún compromiso a cambio. En el Congreso se ha demorado el tratamiento del proyecto presentado por el diputado frepasista Ramón Torres Molina, debido -.esta vez� a la oposición del justicialismo cuyo vocero, Mario Cafiero, ofreció a cambio pedir que intervenga la Iglesia. Cosa que hasta este momento tampoco ha ocurrido. El ministro del Interior, Federico Storani, ha hecho saber, mientras tanto, que el presidente De la Rúa no piensa concederles el indulto. Probablemente para no parecerse a Menem a quien, sin embargo, no duda en imitar a la hora de las relaciones carnales con Washington y el capital financiero internacional. Por el lado de la Justicia hay pronunciamientos desalentadores y la presencia ominosa de fiscales vinculados con la dictadura militar.
El jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, regresa a tiempos de la dictadura y los califica de �delincuentes� y nadie en el poder político le llama la atención. Sin embargo, lo que piden no es arbitrario ni injusto: piden que se respete lo que aconsejó hace tres años la CIDH y que la sociedad repare en que la inmensa mayoría de ellos se pasó once años en prisión, en condiciones extremas que -.desde luego� no sufrió ningún genocida. Piden que se investiguen los graves crímenes que se perpetraron tras el ataque al cuartel de La Tablada y el secuestro de Enrique Gorriarán en México. Delito que ha sido denunciado en el parlamento azteca. Nadie con poder parece hacerles caso hasta ahora. Esa clase política que votó las leyes de punto final y obediencia debida cuando el actual intendente de San Miguel les puso el FAL delante de la cara mirapara otro lado ante el reclamo de estos presos sin mercados ni armas a favor que los medios desconocen o asordinan. Hasta que haya un Bobby Sands y su sombra se desplome sobre la democracia argentina. |
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