Por Adriana Meyer
 El juez federal Gabriel Cavallo está a punto de llamar a indagatoria a los acusados en la causa Inducuer, la fallida empresa a la que estuvo vinculada el secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañes. En noviembre, cuando Página/12 reveló el caso �que causó un millonario fraude al Banco Nación�, el jefe de los espías acudió al juzgado para que le dieran un certificado de que no está imputado en el expediente. Pero el papel que se llevó decía que �por ahora� no está implicado. Cada vez que salió a dar explicaciones, De Santibañes juró que no tiene �nada que ver con ese maldito proyecto�. Sin embargo, el juez Gabriel Cavallo no descartó la posibilidad de convocarlo como sospechoso, aunque sus colaboradores cercanos aseguran que todavía no tomó esa decisión.
El ortodoxo militante de la escuela económica de Chicago que tiene el Gobierno se defendió diciendo que era el vicepresidente de esa empresa y sólo tenía una parte minúscula, de tal modo que su incidencia no era mayor al cinco por ciento. Intentó despegarse del caso �revelado por Página/12 hace seis meses� argumentando que se retiró de la sociedad controlante de Inducuer en noviembre de 1990, tres meses antes de que el Nación otorgara el primer aval a la operación, que consistía en la instalación de una gigantesca curtiembre en Monte Chingolo (ver recuadro). Sin embargo, fuentes del directorio del Nación sospechan de la adulteración de esa fecha en el acta correspondiente. En los hechos, lo reemplazaron su amigo Guillermo Miguel Nano y su contador, Carlos Adolfo de la Vega. El magistrado está analizando si quienes lo sucedieron en Inducuer estaban vinculados con él ya sea por haber sido empleados de su banco �el Crédito Argentino, con cuya venta se hizo millonario� o por alguna otra relación. De Santibañes dijo al diario Clarín, el jueves 22 desde Nueva York, que nunca hizo ningún tipo de gestión en el juzgado de Cavallo. Sin embargo, una fuente judicial confirmó a Página/12 que el funcionario solicitó al magistrado que le extendiera un certificado para acreditar su inexistente vinculación con el expediente. Y explicó que el requerimiento fiscal que impulsó la causa fue hecho en forma genérica, es decir, sin individualizar responsabilidades de los involucrados. Otra fuente aclaró que en la denuncia inicial del Nación el nombre del jefe de la SIDE no aparecía.
El juez posee los elementos suficientes como para llamar a dar explicaciones a todos los sospechosos de la maniobra porque:
 Pudo establecer un perjuicio patrimonial para el Estado de unos 38 millones de pesos.
Está comprobado que el equipamiento de la curtiembre estuvo sobrevaluado en un 55 por ciento.
Los peritos designados por el juez descubrieron numerosas irregularidades en todo el trámite de la operación.
Están claros cuáles son los pasos legales que el Nación omitió antes de otorgar los avales.
Los investigadores consideran inadmisible que los funcionarios del Nación no hayan comprobado durante siete años algo tan elemental como la inexistencia de la empresa �ya está acreditado en la causa que no llegó a curtir un solo cuero� y no encuentran explicación lógica para la excesiva demora en actuar. Si hubieran actuado con más rapidez, el daño patrimonial no habría sido tan grande.
Pero antes de establecer las indagatorias, Cavallo ordenó las últimas medidas �básicamente pedidos de documentación a organismos oficiales� orientadas a perfeccionar las conclusiones de la investigación. El juez está determinando cuáles son los funcionarios del Banco Nación que firmaron avales o estuvieron relacionados con el pago de las cuotas. En tal sentido analizaría también cuál fue el grado de involucramiento que tuvieron quienes presidieron la entidad desde 1989 hasta 1996. Cavallo podría convocar al presunto testaferro de De Santibañes mencionado por la revista Noticias para que preste declaración testimonial. La semana pasada la Oficina Anticorrupción pidió al juez acceder a la causa. Tras cuatro días de estudio, la OA concluyó que el juez había actuado con diligencia y la parte querellante �el Banco Nación� había desarrollado una �intensa actividad� y decidieron que era innecesario intervenir porque los intereses estatales están �debidamente resguardados�.
EL CONTRATO CON SIEMENS PARA CONFECCIONAR LOS DNI
La Casa de Moneda le tiene ganas
Por David Cufré
�El Ministerio del Interior pretende rescindir el contrato con Siemens para la confección de los nuevos DNI y encomendar esa tarea a la Casa de Moneda�, reveló ayer el presidente de este último organismo, Nelson López del Carril. El funcionario comentó también que recibió consultas de la cartera política para conocer la capacidad técnica de la Casa de Moneda para elaborar los documentos de identidad. Una vía para dejar sin efecto el polémico contrato con la empresa alemana es la ley de Emergencia Fiscal. Esa norma incluye un capítulo que autoriza al Estado a revisar �y eventualmente derogar� todos los contratos firmados por la administración anterior, salvo los de las privatizaciones. El proyecto obtuvo media sanción de Diputados y aguarda la aprobación definitiva por parte del Senado.
Antes de llegar al poder, la Alianza se manifestó en más de una oportunidad contraria al acuerdo que el gobierno menemista selló con Siemens. Hubo presentaciones judiciales, que finalmente no prosperaron, cuestionando el marco de la concesión, y declaraciones de dirigentes de la coalición objetando el costo de los DNI, de 25 pesos más IVA. Pero desde que la Alianza es gobierno, nadie quiso confirmar la intención de dejar sin efecto el contrato. López del Carril terminó con esa situación, al comentar ayer en un almuerzo con periodistas que existe la determinación del Ministerio del Interior de poner fin a la concesión y transferir la responsabilidad de la emisión de los documentos a la Casa de Moneda.
�Nosotros podríamos hacerlos sin problemas y mucho más baratos�, señaló López del Carril, quien solicitó un estudio de costos para determinar el valor exacto de los documentos. Hasta el momento, Siemens está autorizada a emitir los DNI a ciudadanos extranjeros que se naturalicen, y ofrece su servicio en un único local del Registro Nacional de las Personas en la Capital Federal. Para extender su servicio a todo el país, debe aguardar a que la Nación suscriba convenios con cada provincia. El contrato firmado por la administración menemista es por seis años, renovable por otros tres en dos oportunidades. Sin embargo, el Gobierno se apresta a cancelarlo.
Además del tema Siemens, López del Carril se refirió ayer a la existencia de supuestas irregularidades en el manejo de la Casa de Moneda por parte de su antecesor, Armando Gostanian. �Estamos encontrando cosas extrañas�, comentó el funcionario, quien encomendó a un cuerpo de auditores de la Facultad de Ciencias Económicas una investigación a fondo de las medidas tomadas por Gostanian cuando dirigía el organismo.
Ya existe una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, elevada por la actual conducción de la Casa de Moneda, por un desvío de ocho millones de pesos hacia el Banco de La Rioja, en 1991, tres días antes de que éste se declarara en quiebra. �En los próximos días sumaríamos más denuncias�, comentó López del Carril, aunque prefirió no difundir por ahora ningún detalle de las acusaciones.
La investigación sobre Gostanian se relaciona con otro tema que inquieta a López del Carril: la situación económica de la Casa de Moneda. Según reveló, la entidad �que opera bajo la figura de una sociedad del Estado� perdió el año pasado 220 mil pesos. �Nos encontramos con un organismo que ha perdido mucho de su capacidad de funcionamiento�, indicó. Por ello, López del Carril impulsa una asociación comercial con tres empresas extranjeras �dos de Suiza y una francesa� para encarar negocios en conjunto, salvo la emisión de papel moneda. El emprendimiento consiste en el aporte de nuevas máquinas por parte las firmas extranjeras, a cambio de cederles parte de las utilidades por los trabajos que pueda hacer la Casa de Moneda. El último cliente que incorporó la entidad es Aguas Argentinas, confeccionando sus facturas, y lo mismo podría ocurrir con Telecom y American Express.
| Un agujero al Banco Nación
Todo empezó el 10 de noviembre de 1989, cuando Fernando de Santibañes y Angel David Gorodisch, propietarios por entonces del Banco de Crédito Argentino, fundaron una sociedad llamada Ferdar, que se convertiría en la controlante de la megacurtiembre Inducuer. La empresa suiza Ultrafin había resuelto en agosto de 1989 financiar el proyecto, que contaría con equipos y servicios provistos por la italiana Giza. También otorgaría créditos la Banca Gottardo, pero en todos los casos se exigía el aval de un banco oficial argentino de primerísima línea. No podía ser otro que el tan vapuleado Nación. En noviembre de 1990 los dos banqueros se retiraron. Y en enero de 1991 el banco concedió el primer aval. Hacia setiembre del año siguiente los socios europeos quebraron. El Nación siguió aportando recursos para la reconstrucción del proyecto. Hace tres años, Inducuer se terminó de hundir y llamó a concurso de acreedores. Este caso ocurrió durante la presidencia de Hugo Santilli y Aldo Dadone, quienes nunca ordenaron verificar a quién habían otorgado los avales. También durante la gestión Dadone se concretó la firma del polémico proyecto Centenario que derivó en el escándalo informático IBM-Banco Nación, y ese directorio también otorgó créditos millonarios que nunca recuperó en el menos conocido caso Citrex. La causa Inducuer empezó en 1998 por la denuncia del Nación, que le confió la querella al abogado y ex camarista Jorge Edwin Torlasco, socio de León Arslanian. Ya acumuló cuatro cuerpos y voluminosas carpetas de pruebas documentales. |
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