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 Una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se pronunció ayer en contra del recorte salarial dispuesto en el sector público y hoy harían lo propio otras dos salas de ese cuerpo. El Gobierno ya anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. El criterio general es que en materia de medidas cautelares, esto es provisorias, el supremo tribunal no interviene. De todas maneras la suspensión del recorte salarial se aplicaría solamente a la persona que inició la acción. El fallo fue dictado por la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y convalidó una medida cautelar dispuesta en primera instancia por la jueza Silvia Barrionuevo. El reclamo pertenece a una empleada de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), quien es patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat. El camarista Antonio Vázquez Vialard, que integra la sala I junto a Julio Vilela y Jorge del Valle Puppo, aseguró que �el concepto fundamental que tuvo esta sala es que el contrato que tiene la accionante con la ANSES es de derecho privado, por lo tanto no le alcanzaría el decreto presidencial. Además �aclaró� no hemos resuelto el fondo del problema, esto tiene que quedar bien en claro�. En las próximas horas deberán fallar las salas II y V de esa Cámara, La II analiza la presentación de Horacio Meguira, Juan Carlos Capurro, Horacio González y León Piasek, en nombre de los gremios estatales nucleados en la CTA. Y la Sala V la presentación realizada por los abogados de las dos CGT. Pero todo indica que reiterarán el sentido del fallo de la Sala I. De hecho, el dictamen del fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Eduardo Alvarez, ya rechazó la vía del decreto de necesidad y urgencia utilizada por el Gobierno para reducir los salarios. Un antecedente esgrimido por el fiscal es un fallo contra unos decretos de necesidad y urgencia del ex presidente Carlos Menem que disponían la reducción de las asignaciones familiares. En aquella oportunidad, la Sala II, que ahora deberá fallar sobre la reducción salarial por vía de los decretos, se pronunció en contra de las pretensiones del Gobierno. No fue el único argumento del fiscal: �Repárese en que la Constitución: 1º) Comienza prohibiendo la asunción de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. 2º) Continúa afirmando la nulidad absoluta e insanable de todo intento de legislar. 3º) Inicia con el adverbio �solamente� la descripción de una posibilidad que bautiza con el adjetivo de �excepcional�, dice el texto. Alvarez recordó, además, que el reciente fallo de la Corte Suprema que convalidó el recorte salarial dispuesto por Carlos Menem, también mediante decretos de necesidad y urgencia, no significó un aval al ajuste dispuesto por Fernando de la Rúa, pese a que el Gobierno lo entendió de esa manera. La diferencia, remarcó el fiscal, está dada en el respaldo parlamentario.  Menem consiguió el guiño del Congreso, a través de dos leyes: de emergencia económica y de presupuesto. Contrariamente, De la Rúa sufrió el rechazo del Senado de la Nación que �más allá de los alcances que se le atribuyan en el momento procesal oportuno, parecería descartar el aval pleno del Parlamento que requiere la medida�.Con la reforma de la Constitución, en 1994, se dispuso que los decretos de necesidad y urgencia tienen que tener la aprobación de una comisión bicameral a través de una ley especial que aún no fue reglamentada. Ahora, el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo echó por la borda algunos argumentos oficiales, como aquellos que decían que el conflicto no es de competencia laboral y que los sindicatos no tienen representación para dirimir en el Justicia este tipo de temas en nombre de sus afiliados. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron ayer que De la Rúa no abandonará la pelea judicial. Anoche se evaluaban los pasos a seguir. Loconcreto es que si las salas II y V de la Cámara de Apelaciones fallan de la misma manera que la I habrá al menos algunos empleados públicos que cobrarán sus sueldos intactos. Aun apelando la medida a la Corte Suprema, el Gobierno sabe que ésta no suele abocarse a resolver sobre medidas cautelares sino únicamente sobre las de fondo. Y como los salarios de la administración pública ya están liquidados y el pago se realizará el próximo martes es muy difícil que se produzcan modificaciones hasta entonces. Pero lo que puede desencadenarse luego en caso de haber otros fallos contra el recorte es un aluvión de nuevos juicios contra el Estado.
ATE CONVOCO A UN PARO CON MOVILIZACION
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