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EL ASESOR DEL SEÑOR 5 QUE VINCULA A DE SANTIBAÑES CON INDUCUER
Estar cerca siempre es muy bueno

Se trata de Mario Bissoni, que fue marido de Chantal Safra cuando la mujer presidía Inducuer. Además, era titular de la oficina de dos empresas involucradas en el affaire. Actualmente, Bissoni es asesor en la SIDE.

Fernando de Santibañes llama a Inducuer �maldito proyecto�.
Desde aquella época lo acompaña el laboralista Mario Bissoni.


Por Eduardo Tagliaferro

t.gif (862 bytes) �No conozco ni conocía el funcionamiento de la empresa (Inducuer), ni su gerenciamiento. Como no me gustaba el proyecto, me fui antes de que saliera el aval del Banco Nación�, ha dicho el jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, en relación con el frustrado megaemprendimiento que le está produciendo al Banco Nación un quebranto de 70 millones de pesos. A pesar de que De Santibañes se distancia del proyecto, el nombramiento como asesor en la SIDE de Mario Bissoni acerca al Señor 5 a un pasado que prefiere olvidar: Bissoni era el marido de Chantal France Safra, cuando la mujer fue presidenta de Inducuer en 1998. Además, el ahora asesor era el titular de las oficinas donde tenían su sede las empresas involucradas actualmente en el expediente judicial. Bissoni, un abogado laboralista que acompañó la gestión de De Santibañes en el desaparecido Banco de Crédito Argentino, hoy tiene su despacho en el quinto piso del edificio central de la SIDE, en la calle 25 de Mayo, y compartió con la consultora de Maika Palacios el trabajo de reestructuración de la SIDE, que incluyó la cesantía de más de mil espías y el diseño de una nueva planta orgánica de la central de inteligencia.
Cuando este diario publicó en exclusiva el primer artículo del affaire Inducuer, en noviembre del año pasado, el actual jefe de la SIDE concurrió al juzgado de Gabriel Cavallo para conseguir un �salvoconducto� en el que pudiera mostrar que no está involucrado en la investigación judicial. En esa ocasión, el magistrado escribió un documento en el que se afirmaba que �por ahora� no estaba involucrado. Ayer, este diario informó que Cavallo no descarta convocar a De Santibañes como posible sospechoso de haber intervenido en el affaire.
La posibilidad de que un funcionario público fuera investigado por un posible acto de corrupción motivó que la Oficina Anticorrupción pidiera el expediente judicial. Luego de estudiarlo, la OA devolvió las actuaciones al juzgado, afirmando que �la causa se halla en pleno trámite, destacándose la diligencia del juez interviniente�, así como la intensa actividad de la parte querellante. El hecho de que la Oficina dirigida por el ex juez Juan José Massoni haya decidido no participar como querellante en la causa no es una buena noticia para De Santibañes sino simplemente un aval a la instrucción judicial.
La causa comenzó en 1988 cuando el Banco Nación llevó el caso Inducuer a los tribunales, originariamente quedó radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide y después de la licencia de éste pasó a manos de Cavallo. Aunque el ex banquero, hoy responsable de la SIDE, sostiene que él se retiró antes de que el Banco Nación otorgara el primer aval de la millonaria operación, las personas que quedaron al frente de Inducuer y Ferdar, la empresa controlante de ésta, son personas vinculadas con el Banco de Crédito Argentino, uno de cuyos dueños era el propio De Santibañes.
Cuando el proyecto naufragó y se inició la convocatoria de acreedores, en 1998, Chantal Safra asumió la presidencia de Inducuer. El marido de Safra era Mario Bissoni, que se desempeñó como abogado laboralista de Fernando de Santibañes en el Banco de Crédito. Eran los últimos tiempos de un proyecto que había comenzado en 1989, cuando De Santibañes y Angel Gorodisch, propietarios del BCA, constituyeron una sociedad llamada Ferdar, que pasaría a ser la controlante de Inducuer. Para el megaemprendimiento, los empresarios habían solicitado un crédito al banco Ultrafin, de Lugano, Suiza. El proyecto iba a tener el soporte de equipos y servicios de la firma italiana Giza. Además del banco Ultrafin los empresarios también habían solicitado préstamos a la Banca Gottardo. En ambos casos, los bancos suizos reclamaron la garantía de un banco oficial argentino. El Banco Nación aprobó esos avales el 31 de enero de 1991 y la resolución que la respaldó llevaba la firma de su entonces presidente, Hugo Santilli, y los directores Ricardo Fabri y Joaquín Alonso, que tiempo después tuvo un destacado rol en la estructura de la SIDE comandada por el menemista Hugo Anzorreguy. Aunque De Santibañes se habría retirado deFerdar el 19 de diciembre de 1990, fuentes del Banco Nación confirmaron a este diario que dudaban de la fecha real del acta que acreditó su retiro del �maldito proyecto�, como denomina en la actualidad al oneroso emprendimiento. 
Desde el año �96, todos los semestres, el Banco Nación abona puntualmente las cuotas de los avales que en su momento otorgó a un proyecto que iba a ser modelo en Latinoamérica. 
Sólo la oficina 134 del octavo piso de la calle Diagonal Norte 651 quedó de la faraónica idea. Precisamente Bissoni era el titular de esta oficina. Ahora, el despacho de Bissoni está tan cerca de Fernando de Santibañes como lo estuvo cuando soñaron el proyecto que dio un fuerte golpe a las arcas del Banco Nación. El abogado del Señor 5 comparte sus trabajos con la consultora Maika Palacios y dos analistas económicos que supieron pertenecer al staff de Miguel Angel Broda. Además de sostener que �en el gabinete hacen cola para pegarme�, De Santibañes afirma que las investigaciones judiciales son parte de una maniobra política destinada a lograr su alejamiento del Gobierno. Típico de espías.

 


 

GALEANO PONDRA FECHA PARA CITAR A MARIA JULIA
Una indagatoria que se hace esperar 

Por Irina Hauser

Después de un año y medio de haber decidido citar a María Julia Alsogaray a indagatoria como sospechosa de enriquecimiento ilícito, el juez federal Juan José Galeano por fin pondría la fecha para el interrogatorio a más tardar el martes y ordenaría el embargo de sus bienes en la Argentina y en el exterior. Los peritos de la Corte Suprema tienen plazo hasta hoy para entregar la ampliación de un peritaje sobre la fortuna de la ex secretaria de Recursos Naturales que, según calcularon los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, aumentó durante sus diez años de funcionaria en unos dos millones y medio de pesos. 
A comienzos de mayo los fiscales volvieron a pedir a Galeano que indagara urgente a la ex secretaria y la semana pasada solicitaron el embargo preventivo de sus bienes. Entienden que no puede justificar cómo adquirió su mansión de Junín 1435 valuada en 900 mil dólares, su piso ubicado frente al Central Park de Nueva York por el cual abonó una cifra similar, varios departamentos pegados a su petit hotel, una bóveda en el cementerio de La Recoleta, inversiones y autos, entre otras cosas. El argumento de los investigadores es sencillo: es imposible que haya pagado todo eso, y más, con su sueldo de funcionaria. 
Aunque este expediente fue abierto en 1993, la investigación cobró impulso en 1998. Durante la instrucción aparecieron datos llamativos. Por un lado, María Julia incorporó a su patrimonio 300 mil pesos provenientes de fondos reservados del Gobierno a pesar de que el Congreso nunca aprobó gastos para su área. También quedaron al descubierto posibles maniobras para explicar su riqueza. Por ejemplo, sostuvo que había recibido 500 mil dólares de parte de la firma Astilleros Alianza �propiedad del empresario menemista Arnaldo Martinenghi� por prestarle asesoramiento como ingeniera. Sin embargo, se trata de una empresa que estaba en quiebra y el pago en cuestión tampoco figura en los asientos contables. En otro caso, quedó en evidencia que retiró unos 400 mil dólares de la empresa Pincar, una firma familiar que en 1996 recibió un ingreso de 500 mil dólares provenientes de Uruguay, mientras que hasta ese momento registraba un promedio de ganancias de 10 mil dólares anuales. 
La pista internacional es otro elemento clave. En Uruguay un juez ordenó levantar el secreto sobre las cuentas de Alsogaray. En EE.UU. un fiscal analiza dos cuentas �denunciadas por el diputado de la Alianza Juan Pablo Cafiero� que tendría en las Islas Caimán y que habrían registrado ingresos por 180 millones de dólares. 
Entre la veintena de causas que la ex interventora de Entel acumula en el fuero federal figuran también graves denuncias de la Oficina Anticorrupción por pagos de sobreprecios de hasta 6000 pesos. 

 

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