Por Eduardo Videla
Se sacó la corbata y cambió el traje verde de alpaca que lo acompañó en el juicio por una campera de cuero. Solo, sin decir una palabra, se alejó de los Tribunales a bordo de un taxi. Matías Irigoyen, el joven que hace poco más de un año prendió fuego a una oficina de la empresa STO y a un policía, no irá a la cárcel, pero tendrá que hacer por lo menos dos años de tratamiento psicológico. Así lo decidió un tribunal oral, que lo condenó a dos años de prisión en suspenso por los delitos de daño reiterado, lesiones graves y resistencia a la autoridad. En la intimidad, el joven que en una noche de furia plasmó en realidad el deseo más primitivo de muchos automovilistas, se mostró conforme con el fallo. Sus abogados habían denunciado, en su alegato, que el sistema de cepo -condenado a muerte por el gobierno porteño (ver aparte)� es �un servicio irritante, perverso e inconstitucional, repudiado públicamente�.
El fallo de los jueces Armando Chamot, María Cristina Camiña y Estela Cárcamo fue equilibrado: quedó a mitad de camino entre la demanda del fiscal, Guillermo Pérez de la Fuente, que había solicitado cuatro años de prisión efectiva, y de los defensores, que alegaron la inimputabilidad de su cliente, o bien la aplicación de penas que oscilan el mes de prisión.
El estallido de Matías ocurrió el 3 de abril de 1999. Ese día, a las 22, su auto se quedó sin nafta cuando circulaba por la calle Libertad, en pleno centro. No tenía dinero para combustible. Dejó entonces su Ford Sierra junto a la acera, con un cartel que rezaba �Sin nafta�, para ir a buscar efectivo hasta su casa, en Floresta. Cuando volvió, dos horas después, el auto ya no estaba: lo había llevado la grúa a la playa de STO de Pueyrredón y Figueroa Alcorta. Allí nadie entendió sus razones de fuerza mayor: no podría llevarse el auto sin pagar los 56,70 pesos de acarreo. Entonces sobrevino el brote: roció con nafta el mostrador de la oficina y las ropas del oficial Enrique Lousteau. Y les echó fuego.
Matías dice que recién cuando llegó a su casa tomó conciencia de lo que había hecho. Al día siguiente se presentó ante la Justicia y quedó detenido. Estuvo 87 días en Devoto y fue excarcelado un día después de la muerte de su padre, enfermo de cáncer.
Para llegar a este fallo, los jueces no encuadraron el hecho en la figura de �incendio� (que tiene una pena de 3 a 15 años de prisión), como pretendía el fiscal. Prefirieron la figura de �daño� (penada con prisión de 15 días a un año), esgrimida por el defensor, Bruno Zito. El abogado argumentó que el fuego no produjo los estragos propios de un incendio, porque no se expandió: apenas se quemó el escritorio y un tinglado de lona, mientras que un auto resultó �chamuscado�. El tribunal adoptó este criterio.
En cambio, le dio la razón al fiscal al considerar que las lesiones que sufrió el policía Lousteau no fueron leves (un mes a un año de prisión) sino graves (uno a seis años). También condenó a Irigoyen por �resistencia a la autoridad� contra Lousteau, pero lo absolvió por el mismo delito en el caso de un segundo policía, Carlos Barreito: el oficial no estaba uniformado y Matías no tenía por qué obedecer la orden de detención de un particular.
El juicio se inició el jueves pasado con la declaración de los testigos y culminó ayer. A las 15 comenzaron los alegatos y después de un cuarto intermedio se leyó el veredicto a las 19.15. Los fundamentos se conocerán el próximo jueves a las 15.
Al pedir la inimputabilidad de su defendido, el abogado Zito se basó en el testimonio de la psicóloga forense María Eugenia Juárez, para quien Matías es dueño de una �personalidad vulnerable�. �Aun cuando pudo comprender lo que hacía, no pudo impedir lo que hizo porque su voluntad estuvo ausente�, dijo el defensor. Y pidió que se le imponga un tratamiento ambulatorio �porque se trata de una persona enferma�.
El tribunal no admitió la inimputabilidad, pero tomó en cuenta la opinión de la psicóloga y dispuso que el condenado se someta a �untratamiento psicológico privado o en una institución pública�, por el período de dos años. Y le advirtió que si no lo cumple, puede ir a la cárcel.
No habrá demandas civiles contra el joven incendiario: el policía Lousteau, que había pedido un resarcimiento de 45 mil pesos, llegó a un arreglo extrajudicial por la suma de 10 mil.
�Estamos conformes. Es un fallo que se ajusta a la realidad de lo que ocurrió�, aceptó al final el codefensor, Bruno Zito (hijo). Matías, también conforme, manifestó su intención de que su terapeuta sea la psicóloga Juárez. No quiso que ningún familiar lo acompañe en la sala. Sólo dos amigos lo esperaron en el pasillo, con muda de ropa que le cambió el look para salir del edificio, atravesar el tumulto de cámaras y micrófonos y perderse en la ciudad en un taxi.
Adiós a los cepos
A partir de marzo de 2001, los odiados cepos y parquímetros pasarán a ser historia en la ciudad de Buenos Aires. Así lo confirmó ayer el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala. El sistema de estacionamiento será reformulado. Según adelantó el funcionario, no se podrá estacionar en ninguna calle dentro del micro y macrocentro, es decir en un radio delimitado por las avenidas Belgrano, Jujuy-Pueyrredón, Santa Fe y Leandro N. Alem-Paseo Colón.
Paralemamente, el gobierno porteño impulsará la construcción de playas de estacionamiento debajo de las plazas Flores, Las Heras y Ejército de Los Andes (frente al Cementerio de la Chacarita), con el objetivo de promover el uso del subterráneo. Fatala señaló que los vehículos mal estacionados serán removidos por grúas, cuya operación será concesionada a una empresa privada.
El sistema de cepos llegará a su fin, al finalizar en febrero los controvertidos contratos que firmó el ex intendente Carlos Grosso con SEC y STO, las dos empresas encargadas de controlar el estacionamiento. |
Boletas con muchos errores
El juez de faltas porteño Jorge Rodríguez denunció ayer que �no es confiable� el sistema de infracciones de tránsito aplicadas en la Capital Federal con el nuevo sistema de cámaras ocultas y que la mayor parte de las 50.000 actas labradas �son erróneas� por lo que los imputados deben ser sobreseídos. Rápidamente, recibió una réplica del subsecretario de Gobierno porteño, Jorge Enríquez, quien reconoció errores, pero minimizó la denuncia: �El total de actas labradas desde abril es de 115.000 y el porcentaje de las que fueron mal confeccionadas no supera el 5 por ciento y ya fueron anuladas�, puntualizó.
Según detalló el juez, �los errores de las multas con vista fotográfica son de dos tipos: en vez de colocar el modelo de vehículo, por ejemplo Peugeot 504, ponen el año de fabricación, o no mencionan la infracción exacta. La multa dice mal estacionado, pero hay 29 formas de estacionar mal�, indicó. �Pero lo más común es que difiere el lugar de infracción con la foto�, siguió. Rodríguez precisó que los jueces elevaron un reclamo a la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Faltas, que �según dijo� ya envió dos acordadas al Ejecutivo, describiendo las falencias. �Son errores muy gruesos que hacen que el sistema no sea confiable�, opinó. Para el secretario Enríquez �el juez se debe referir a la primera etapa donde hubo mayor número de falencias, y cuando las detectamos ordenamos que se haga un cuádruple control sobre cada acta antes de enviarla al infractor�. |
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