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Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, los
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas y el
Servicio Paz y Justicia pidieron ayer formalmente la revisión judicial
de la condena de los 20 presos de La Tablada “para que se cumpla así
lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Mañana, una delegación de ese organismo llegará al
país para interiorizarse sobre la situación de los detenidos.
La presentación que realizaron los organismos se denomina Amicus Curiae, y es un recurso mediante el cual un tercero ajeno a una determinada disputa judicial, pero con un “justificado interés” en la resolución final del litigio, puede formular peticiones sobre el desarrollo de la causa. El recurso fue recibido ayer en la Cámara Nacional de Casación Penal y en él se pide que se resuelva “positivamente” el recurso de revisión de la condena que presentó la defensa de los detenidos por el copamiento al cuartel militar de La Tablada “no sólo porque resulta plenamente acorde con la legislación interna, sino, y fundamentalmente, porque deben respetarse las obligaciones contraídas por el Estado al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que desde 1994 goza de jerarquía constitucional”. En el texto, los organismos hacen hincapié en el derecho a la doble instancia, que Gorriarán Merlo y Sívori tuvieron, a diferencia del resto de los detenidos. Este pedido se produce a dos días de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), El domingo, una delegación de la CIDH llegará al país para interiorizarse sobre la situación de los presos, que ayer cumplieron 33 días ininterrumpidos de huelga de hambre en reclamo de la revisión de sus penas. Ante la inminente visita, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, no descartó la posibilidad de recurrir a una reducción de penas para los presos como medida extrema en el caso de que no se consiga una revisión de las penas en la Cámara de Casación Penal o a través de una ley del Congreso. La funcionaria dijo el jueves que el presidente Fernando de la Rúa ya había descartado la posibilidad de indultar a los detenidos, pero que todavía no le había planteado la alternativa de una conmutación de penas. La posición que tomaron los organismos en el Amicus Curiae se explica en uno de los párrafos. “Existe una obligación que compete a todos los poderes del Estado de cumplir con las recomendaciones de la CIDH, quien en su informe 55/97 ha ratificado la violación de estos derechos protegidos por la Convención y ha recomendado su reparación. Los tribunales argentinos no pueden desconocer esta determinación, y si lo hicieran estarían violando la Convención, la Constitución nacional y contrayendo responsabilidad internacional”, dice el texto, cuyas implicancias los firmantes se encargaron de aclarar: “mediante esta presentación, los organismos de ninguna manera reivindican las razones y circunstancias del ataque, y ratifican que el recurso no corresponde en los casos de Merlo ni de Sívori”.
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