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Los salarios tienen carácter alimentario; si el Gobierno los
rebaja -además, antes de que la Justicia determine si es constitucional–,
podría provocar “penurias y situaciones aflictivas” que
ninguna compensación económica posterior podrá remediar.
Este fue el principal argumento con el que dos salas de la Cámara
de Apelaciones del Trabajo se pronunciaron en contra del ajuste, dando la
razón a los reclamos de las dos CGT y de la CTA. Las nuevas sentencias
ponen en un brete al Ejecutivo, porque le prohíben realizar descuentos
en los sueldos de junio y el aguinaldo de los estatales. Sin embargo, en
el Ministerio de Economía ayer no hubo una sombra de duda: “No
hay cambio de planes y los descuentos se hacen igual”, aseguraron a
Página/12. Al mismo tiempo, fuentes de la Procuración del
Tesoro ratificaron que llevarán la batalla legal por el ajuste ante
la Corte Suprema, a través de la presentación de recursos
extraordinarios. Con los fallos de ayer ya son tres los pronunciamientos de Cámara que frenan la poda salarial. El jueves, la Sala I del Trabajo se había pronunciado en el mismo sentido ante una demanda iniciada por una empleada de la Anses. Pero las medidas cautelares convalidadas ahora tienen el peso de ser de carácter colectivo, es decir aplicables al conjunto de los trabajadores estatales. Los gremios festejaron la resolución y advirtieron que, aunque las liquidaciones de los sueldos de junio ya estén hechas, se deberá devolver los montos descontados a quienes cobraron salarios ajustados y no tocar los sueldos de quienes los percibirán la semana entrante. Los abogados de las dos CGT y de la CTA, que impulsan dos causas independientes ante la Justicia pero comparten la misma estrategia legal, sostienen que: u El Gobierno ya está notificado de la medida de amparo. Si no las acata, incurrirá en los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. u El Ejecutivo puede interponer un recurso extraordinario, tal como lo anunció, ante la Corte Suprema. Pero la sola presentación de este recurso no suspende la medida de amparo. Esto significa, sostuvo el abogado de la CGT rebelde Héctor Recalde, que hasta que la Justicia no resuelva sobre la cuestión de fondo –esto es, si el ajuste es o no constitucional–, su implementación queda congelada. u Por otra parte, la Corte no suele abocarse a resolver sobre medidas cautelares sino únicamente sobre las de fondo. Si ahora lo hiciera, dejaría de lado buena parte de su jurisprudencia. u Los abogados también sostienen que el reciente fallo del tribunal supremo que convalidó el recorte salarial dispuesto por Menem, también mediante decretos de necesidad de urgencia, no significó un aval al ajuste dispuesto por Fernando de la Rúa, pese a que el Gobierno lo entendió de esa manera. Básicamente porque la Corte se basó en que en el ‘95 la poda fue convalidada por ley del Congreso de la Nación, con el voto favorable de senadores y diputados. Ahora, en cambio, no hay un aval pleno del Parlamento. Las resoluciones fueron tomadas por las salas II y V de la Cámara del Trabajo, con el único voto en disidencia, en el segundo de los fallos, del juez Roberto Lezcano. Anoche, mientras el Gobierno ratificaba que apelará cada uno de los fallos, la mayoría de los sindicatos estatales se aprestaba a lanzar nuevas medidas de fuerza para el caso de que no haya marcha atrás. La CTA ya anunció que lo hará con una cacerolazo y tira de papeles desde todos los organismos del Estado el próximo jueves. Los empleados de la DGI continuarán con los paros. Y los de ATE en el PAMI intimarán a la obra social “para que pague como corresponde”.
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