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Por Carlos Rodríguez 
Por tercera vez en lo que va del año, la ex Brigada de Investigaciones
de la provincia de Corrientes, ahora denominada Dirección de Investigaciones
Técnicas Periciales, fue el epicentro de un hecho de violencia que
terminó con la muerte de un hombre, Marcelo Jorge González,
de 27 años, quien se encontraba en libertad condicional. El suceso
dio lugar a la detención de cuatro policías y al relevo inmediato,
por parte de la intervención federal en la provincia, del jefe y
el subjefe de la dependencia que una vez más está sospechada
de protagonizar un caso de “gatillo fácil”. La información
oficial sobre lo ocurrido sólo agrega confusión porque plantea
dos hipótesis: a González lo mataron por la espalda cuando
intentaba escapar del edificio, o de lo contrario murió al dispararse
en forma accidental un arma que estaba en el lugar para ser periciada y
que, además de ser ajena a la víctima, debería haber
estado descargada. La muerte de González fue confirmada por el jefe de la policía de Corrientes, Julio Fernández, quien se limitó a entregar un comunicado de apenas 15 líneas, donde se citan las dos hipótesis que investiga la jueza María Noel Costa. El comisario Fernández dijo también que se dispuso el pase a disponibilidad preventiva del jefe de la Dirección de Investigaciones, Miguel Zaracho, y del subjefe, Tránsito Ramírez. El jefe policial mantuvo en reserva el nombre de los cuatro efectivos que fueron detenidos por su participación en los hechos. Fueron infructuosos los llamados de Página/12 para dialogar con el ministro de Gobierno, Raúl Ripa, quien informó sobre lo sucedido al interventor federal Ramón Mestre, con quien estuvo reunido en la Casa de Gobierno de la ciudad de Corrientes. El subsecretario de Gobierno, José Mendaña, recibió a miembros de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, ante quienes se manifestó “consternado y azorado” por lo sucedido. Según Mendaña, la hipótesis más cercana sería la del disparo realizado sin intención por parte de un cabo primero. Hilda Presman, de la Comisión de Derechos Humanos, dijo a este diario que en la reunión Mendaña les hizo saber que González, nacido en Buenos Aires, estaba preso en Goya a punto de cumplir una condena por robo y otros delitos, motivo por el cual gozaba de un régimen de salidas transitorias. Lo habían detenido en el Hipermercado Tía, en la ciudad de Corrientes, por “averiguación de antecedentes”. La detención había ocurrido el jueves y la muerte se produjo en el mediodía de ayer. Se ignora por qué razón había sido llevado a la Dirección de Investigaciones, ubicada en avenida Costanera y Salta. En ese lugar no hay celdas para detenidos y tampoco se realizan interrogatorios, dado que se trata de una dependencia dedicada a las pericias técnicas, a la que ha sido incorporado el personal de la antigua Brigada, que ya cambió dos veces de nombre. Antes de ser Dirección de Investigaciones se llamó División de Delitos y Leyes Especiales. El disparo mortal que recibió González entró por la nuca. La ex Brigada fue involucrada, en los últimos años, en por lo menos 15 casos de desapariciones, torturas y “gatillo fácil”, entre ellos los de Abel Solís, Gerardo Veloso, Pedro Salvador Aguirre y Juan Carlos Balmaceda. En lo que va del año, a pesar de los cambios de nombre, primero desapareció Juan Carlos “Chicharra” Sánchez, cuyo cuerpo todavía no fue hallado aunque se cree que lo asesinaron, y luego se produjo el crimen del joven Germán Morales, por el cual están detenidos ocho policías.
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