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Por Florencia Grieco 
“Oviedo
no es peligroso en el país.” Al presidente paraguayo Luis González
Macchi el tema lo incomoda, pero a la vez admite tácitamente que
es imposible hacerlo a un lado. Es que gran parte de los frentes de inestabilidad
de su gobierno están ligados al ex hombre fuerte de Paraguay: desde
el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en marzo
del año pasado –del que se acusa a Oviedo y que permitió
que Macchi pasara automáticamente de ser presidente del Senado a
convertirse en un cada vez más cuestionado presidente sin votos–,
hasta el supuesto intento de golpe oviedista del mes pasado, que dio pie
a una “reestructuración de las fuerzas armadas” que se
parece demasiado a una purga de militares oviedistas. González Macchi
habló en exclusiva con Página/12 en Buenos Aires, adonde llegó
para una nueva cumbre del Mercosur, que Paraguay comparte con Brasil, Argentina
y Uruguay, tres países ligados a la suerte del hasta hace poco fugitivo
ex general colorado, detenido finalmente en Foz do Iguazu y trasladado a
Brasilia, donde ahora espera una decisión sobre el pedido de extradición
en su contra presentado por Asunción. –¿No cree que es una debilidad, o por lo menos un punto flojo en la solidez del Mercosur, el hecho de que los países socios no hayan tomado antes una decisión política para detener a Oviedo, teniendo en cuenta que su gobierno aseguraba que no estaba en Paraguay, sino en algún lugar de Brasil, Argentina o Uruguay? –No. La decisión política se tomó antes. Al asumir el presidente De la Rúa se tomó esa decisión. En Paraguay existe hace rato. Pero seguramente por su clandestinidad desde el 9 de diciembre hasta la fecha ha sido imposible localizarlo. –¿No había información sobre las relaciones de Oviedo con el narcotráfico (tal como denunció repetidas veces el encargado de negocios de Estados Unidos en Paraguay y como aseguran ahora parlamentarios de Brasil) antes del asesinato del vicepresidente Argaña? –No. No existen denuncias concretas. Pero prácticamente todo el mundo en Paraguay conoce la protección que dio Oviedo durante sus 25 años en las fuerzas militares a la acción de empresas ilícitas, ya sea de contrabando o drogas. El puede entrar cualquier cosa al país. –En el frente interno, ¿cuál es el objetivo del gobierno en relación a la reestructuración de las fuerzas armadas? –Esa reestructuración ya estaba prevista. En diciembre nosotros habíamos elevado un pedido de reforma de las fuerzas armadas, incluyendo su relocalización y modernización. Esto coincidió con el tema del 18 de mayo (Nota de Redacción: supuesto golpe oviedista según el gobierno paraguayo). Entonces se decidió hacerlo ya. Por eso lo hice por decreto. Hay otras cosas que tengo que hacer por ley, pero la relocalización y la distribución de las unidades de las fuerzas armadas son potestad del comandante en jefe de esas fuerzas. Y eso es lo que hice. –¿Pero con qué intención? –En el Paraguay teníamos unas fuerzas armadas estancas, por decirlo de alguna manera: la Aeronáutica por su lado, el Ejército por el suyo, y la Armada por el otro. Dentro del Ejército, la caballería por su lado, los de infantería por su lado, los de comunicación por el suyo. Entonces lo que ahora hicimos es integrar, como normalmente se hace en un regimiento militar, los componentes de caballería, de infantería, de artillería, de comunicaciones. –¿Hasta dónde tiene controladas el gobierno las reacciones de malestar causadas por esta reestructuración, especialmente en el Ejército, tradicional foco de apoyo oviedista? –Bueno, ese decreto tenía 15 días de tiempo para aplicarse porque indudablemente el traslado de una unidad de 50 o 70 años de tradición, de vivir en una localidad, no es muy fácil. Pero en dos semanas se ha cumplido todo. Todas las unidades están donde deben estar. Se handistribuido todas las potencialidades de fuerzas como deben tenerlas. O sea que en este momento todo está totalmente normalizado. –¿Con el proyecto de privatizaciones también apunta a una normalización? –Tenemos un crédito del Banco Mundial que se dirige a apoyar a la Secretaría de Reforma, que fue creada este año y que aún no tiene presupuesto propio. El Banco Mundial nos apoya en el tema de estudios previos, de contratación de consultores. Calculamos que la media sanción en el Senado del proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a tomar todas las medidas admnistrativas conducentes a terminar el proceso de capitalización de Antel (comunicaciones) y de Corposana (agua potable) culminará con la finalización del proceso de capitalización de aquí a 12 o 14 meses. Queremos inyectar capital privado para que las empresas mejoren la eficiencia y la calidad de atención, y se abran a la competitividad. –¿Reconoce algún tipo de legitimidad a los reclamos de los sindicatos contra este proyecto? –La semana pasada hubo una huelga general convocada por las centrales obreras de los sectores público y privado, y el acatamiento fue mínimo. De la ciudadanía en general, sólo 11.000 familias viven de las empresas privadas. Nosotros tenemos cinco millones de habitantes, entre ellos dos millones de desamparados a los que tenemos que asistir económica y socialmente, y creemos que la capitalización es una vía para que el Estado se modernice y atienda exclusivamente los problemas sociales.
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