Por Victoria Ginzberg
 Jorge Antonio Olivera y Jorge Humberto Appiani son los abogados que representan a los hijos de �los muertos por la subversión� que se presentaron en la Subsecretaría de Derechos Humanos para reclamar la reparación que les corresponde a las víctimas del terrorismo de Estado. Saben que su demanda no tiene futuro, pero dicen que llevarán el tema hasta la Corte Suprema. Su objetivo es reinstalar el debate en clave de la teoría de los dos demonios. �Si hubiese estado Balza, nos llamaba para parar esto. Brinzoni nos da libertad�, dijo Olivera. En su despacho sobresale un diploma de honor que le dio el dictador Antonio Domingo Bussi por su participación en el Operativo Independencia. Olivera es mayor de Infantería del Ejército, fue paracaidista y comando. Appiani es mayor auditor. Ambos están retirados y son los abogados del represor Carlos Guillermo �Pajarito� Suárez Mason.
El viernes se cumplió un deseo de Olivera. �Ojalá que echen a Balza del Círculo Militar. Fue lo más nefasto que tuvo el Ejército�, manifestó durante la entrevista. Al lado de la felicitación de Bussi, en las paredes de la oficina resaltan dos boinas. Una verde, de comando y una roja, de paracaidista. Otro detalle llamativo, además de un cuadrito del Ejército Argentino y un mapa de su Misiones natal, es una manija de emergencia de un paracaídas que recibió cuando salvó a un hombre que se había enroscado con el suyo en el aire. Durante la dictadura era teniente y estuvo destinado en el Regimiento 22 de Infantería de San Juan. Aseguró que �se sabía� de los secuestros, pero que era un joven teniente y nunca vio torturar a nadie.
Un banderín de la Policía Federal y una lámina de la Gendarmería tienen su lugar en el pasillo. �Es que aquí atendemos a todas las fuerzas�, explicó Olivera. Pero el cuadro más grande es el del Crucero General Belgrano. Los abogados viajaron ayer a la Corte de Derechos Humanos de la Comunidad Europea para iniciar una demanda contra el Reino Unido y contra Margaret Thatcher en persona, en representación de dos muertos en el hundimiento del buque durante la guerra de Malvinas.
�¿Por qué hacen ahora las presentaciones de indemnización en la Subsecretaría de Derechos Humanos?, preguntó Página/12 a Olivera.
�Muy sencillo. Hasta el año pasado el mismo jefe del Estado Mayor estaba en contra de este tipo de cuestiones. (El actual jefe Ricardo) Brinzoni es netamente profesional en su forma de proceder. El dice, si realmente existe esto, que lo hagan.
�Es decir que los favoreció el cambio de conducción del Ejército.
�Claro que favoreció. Durante dos años mucha gente nos preguntaba por qué no se hace nada; porque en realidad esto lo debería haber hecho cada una de las instituciones. Ahora es distinta la postura, dejan libertad para actuar.
Appiani y Olivera tratan de cuidarse de alabar los crímenes de la última dictadura. �Eso no nos interesa. De reivindicar la lucha contra la subversión que se encargue (Genaro) Díaz Bessone (presidente del Círculo de Militares Retirados), manifestó un bronceado Appiani, que en supuesta burla llama �negro� a su socio, ex apoderado nacional del Modin, que sin duda encaja en el phisique du rol. Pero Appiani acotó: �La figura del desaparecido es un eufemismo, una abstracción. Lo dijo (Ricardo) Balbín en un famoso discurso: aquí no hay desaparecidos, hay muertos�.
Los abogados tampoco hacen alusión a las pensiones que reciben los familiares de los militares que murieron en acciones de Montoneros y ERP y basan su argumentación en que estas agrupaciones eran �paramilitares�, palabra incluida en la ley reparatoria para aludir a la Triple A.
�La ley está hecha específicamente para víctimas del terrorismo de Estado. �La ley se preparó para familiares de desaparecidos, ésa es la realidad. No obstante no han previsto que hubo otros muertos más, que son estos casos, repitió Olivera.
�(Interviene Appiani que entró y salió del despacho de su socio durante toda la entrevista.) No solamente militares. Hoy recibí dos chicos nietos de empresarios de la zona norte que integraban Nueva Fuerza, un partido conservador y fueron fusilados por Montoneros. Hay mucha gente de ese tipo que no tiene una reivindicación.
�Ustedes dicen que Montoneros y ERP fueron paramilitares.
�Son. Paramilitar es un grupo que adopta la disciplina y organización militar. ERP y Montoneros tienen grados jerárquicos, su propio código de justicia militar, sus tribunales revolucionarios, sus cárceles del pueblo, su aparto logístico. Es una estructura paramilitar.
�Para que sea paramilitar tiene que tener una vinculación estatal.
�Esa es la interpretación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
�No. Es del derecho internacional.
�Estamos hablando de una ley y una ley no puede ser parcial, para unos sí y otros no. Cuando decimos paramilitar, vos interpretás que son nada más los que actuaron dentro de la represión.
�Los que actuaron dentro del Estado o con conexión estatal, que es de lo único que el Estado debe hacerse cargo. ¿Realmente creen que pueden conseguir las indemnizaciones?
�La tarea es obtener una reconciliación con los chicos que están del otro lado. Pero la Subsecretaría de Derechos Humanos acá es un obstáculo que hay que saltar para llegar a la vía judicial, que es lo que nos interesa. Vamos a ver qué es lo que dice la Justicia.
Olivera y Appiani intentan tanto forzar la ley 24.411 (de reparación a los familiares de desaparecidos y asesinados por las fuerzas de seguridad o la Triple A durante la década del 70) que incluyeron entre sus representados a la viuda del militar fallecido durante el ataque al cuartel de La Tablada. La ley, que no establece fecha de inicio para los reclamos, fijó, lógicamente, el 10 de diciembre de 1983 como cierre de las demandas. Los abogados militares hacen caso omiso de los que serían los responsables de esta muerte, fueron identificados y condenados. �Buscamos a los instigadores ideológicos, a los autores mediatos�, argumentó Appiani.
�¿Para ustedes los �subversivos� eran �ratas� que había que aniquilar? (frase textual citada por La Nación el jueves, que consta en una de los escritos de los abogados).
�Eso lo sacaron de contexto. Lo extrajimos del archivo del diario de sesiones del Congreso. Es una cita del senador Luis León. Lo que dijimos es que en la Cámara de Senadores en ese momento se pedía que exterminen a esas ratas.
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opinion
Por Martín Abregú y María José Guembe * |
| Otro revés al Derecho
La asunción de nuevas autoridades en el gobierno nacional y en la Fuerzas Armadas ha deparado algunas sorpresas para todos. Una de esas sorpresas es que los militares retirados han encontrado un espacio donde avanzar con su reivindicación del terrorismo de Estado. La decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de �apropiarse� de las causas por el secuestro de los hijos de desaparecidos y la reciente expulsión del general Balza del Círculo Militar son algunos ejemplos de esta nueva ofensiva.
Pero entre estas estrategias hay una que resulta particularmente grave por sus implicancias: las demandas de los retirados por asimilar la situación de los familiares de los militares muertos por los grupos armados de izquierda, con la situación de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los reclamos tienden a lograr investigaciones judiciales que den cuenta de lo ocurrido a quienes, perteneciendo a alguna fuerza armada, murieron violentamente durante el período de facto; pretenden recibir indemnizaciones económicas del Estado por esos hechos y exigen la reivindicación pública de aquellos a los que consideran víctimas de la guerrilla.
Tratar de igualar ambas situaciones es, una vez más, violar la ley, abusar de ella. Los militares víctimas de la guerrilla tuvieron todos los recursos del Estado a su favor: pudieron perseguir a los culpables, pudieron reclamar indemnizaciones a los victimarios y al Estado. Es sabido que algunos de ellos iniciaron estas acciones y quienes no lo hayan hecho ya no tienen ese derecho porque ha prescripto. Incluso, hoy sabemos que algunos de los victimarios reclamaron al Estado cuando sufrieron lesiones mientras realizaban sus secuestros clandestinos. Esto quiere decir que el Estado ha llegado a indemnizar a los miembros de la Fuerzas Armadas aún por sus acciones ilegales.
Los familiares de desaparecidos, en cambio, no encontraron autoridades dispuestas a investigar sus denuncias, sino que se enfrentaron con los superiores que daban las órdenes a los asesinos. Mientras los militares tenían un Estado cómplice, los familiares de desaparecidos, hasta el final de la dictadura, tuvieron un Estado agresor. Las leyes de reparación, los juicios de la verdad y algunas otras iniciativas para reparar a estas víctimas, aunque siempre parciales mientras no se haga justicia, no son más que algunas formas de compensarlas por el hecho de haber sufrido las consecuencias de un Estado contrario al derecho.
Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se ha consolidado el concepto de los derechos humanos, como un límite infranqueable para los Estados. La idea que estuvo desde siempre detrás de la Declaración Universal es que hay que proteger a las personas de los abusos del Estado. Para proteger a las personas de los crímenes cometidos por particulares está el derecho penal.
Cuando los militares retirados intentan asimilar la situación de sus integrantes muertos durante los años setenta con quienes fueron víctimas del aparato del Estado organizado para asesinar clandestinamente a los opositores políticos, no solamente están intentando retroceder más atrás que 1948. Están tratando de pervertir la ley, de subvertir el derecho. Esto es, están tratando de hacer lo que mejor saben.
* Director ejecutivo y abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). |
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