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 Juan Ladina era el número dos de la seccional porteña de la UOCRA hasta que una cámara oculta de Canal 13 le costó el puesto. El miércoles, �Telenoche investiga� mostró al ya por entonces ex directivo del gremio de albañiles y ex secretario de Cultura de la CGT de Hugo Moyano pidiendo coimas a ejecutivos de empresas constructoras para no percibir infracciones a las normas de seguridad que el gremio, por ley, supervisa. Ladina y otros cuatro delegados fueron vistos y oídos con toda claridad demandando el dinero en nombre del sindicato. El tape del programa ya abrió una causa legal, un escándalo en las filas de los atacados sindicalistas y un debate sobre la legitimidad ética y legal del uso de las cámaras ocultas. ¿Es una incitación al delito? ¿Una invasión inexcusable ni por el combate a la corrupción? ¿O una arma legítima de investigación. El prestigioso jurista Rafael Bielsa explicó para Página/12 los argumentos legales (ver opinión en esta misma página), mientras que personalidades de la política y los medios discutieron el tema.Para la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, existe una sola pregunta que debe hacerse: �Si las cámaras ocultas no hubieran descubierto lo que descubrieron, ¿quién lo hubiera dado a conocer?�. El problema es, en realidad, que �desgraciadamente la situación que vive la Justicia en nuestro país hace que el periodismo haya ido ocupando un lugar que no le estaba asignado. Pero mientras la cámara oculta sea veraz, es decir que lo que se difunda sea el documento original, me parece que es un elemento de trabajo muy importante. Al ser oculta, y éste es un dilema que cada profesional se planteará, en algunos casos habrá que contemplar si lesiona la intimidad de las personas. Yo no soy jurista como para evaluar la fuerza probatoria de la cámara oculta. Cada juez lo dictaminará�. Héctor Recalde, jefe de abogados de la CGT Rebelde, valora la cámara oculta, pero con cautela. �El riesgo que se corre es que con el avance tecnológico es posible adulterar la prueba. Como ejemplo tenemos la película Gladiador, en la que por intermedio de una computadora se modifican las imágenes. Para aventar estos riesgos, hay que tener certeza de que no hay adulteración. En el caso del juez federal Ferrer, o este episodio con los delegados de la construcción, no hubiera sido posible obtener una prueba sin este medio técnico. Yo creo que debería mediar una autorización judicial para utilizar una cámara oculta. Porque de esta manera se logra el equilibrio entre la protección a la intimidad y la defensa de la sociedad frente a la posible comisión de un delito. Puede ser un medio de prueba en la medida en que haya certificación de que no está adulterado. El juez tiene que revisar ese medio de prueba para comprobar que no está adulterado.� José Nun, politólogo, ve en el caso una colisión entre dos bienes públicos que deben ser defendidos: �Por una parte, el derecho a la privacidad y, por la otra, el castigo del delito. Cuando esto ocurre, me parece que debe priorizarse uno u otro según las características del contexto. En la situación argentina, con los niveles de corrupción que se han generalizado, y los infinitos recursos para tapar la comisión de estos ilícitos, me parece que es legítimo que la sociedad se defienda apelando a instrumentos como la cámara oculta, siempre y cuando la Justicia ponga el máximo cuidado en evaluar la autenticidad de la prueba. Son tanto o más corruptos los empresarios que les pagan coimas a los presuntos dirigentes sindicales como estos últimos. Y la peor forma de corrupción que padecemos los argentinos no es susceptible de ser analizada por cámaras ocultas, sino que tiene que ver con la sistemática confiscación que se está haciendo del bienestar de las mayorías por parte de grupos de intereses minoritarios�. La dirigente sindical del gremio de Aeronavegantes y diputada nacional por la Alianza Alicia Castro lamenta que �los hechos conocidos de corrupción a veces tiñen con un manto de sospecha a toda la actividad sindical, cuando hay miles de dirigentes sindicales trabajando a diario con esfuerzo, con honestidad y sacrificio. Muchas veces hay interesesocultos. Hace un tiempo un spot publicitario del Gobierno intentaba desprestigiar al sindicalismo, cuando en realidad una sociedad plural y democrática debe reforzar al gremialismo como un actor central en la búsqueda de equilibrio en las relaciones del capital y el trabajo. El hecho particular de Ladina y los otros delegados me parece penoso. Es una inmoralidad que debe ser castigada con el mayor rigor. Es importante que el propio secretario general de la UOCRA haya tomado la iniciativa de presentarse ante la Justicia. La realidad nos muestra que hay hechos de corrupción en el sindicalismo, en la política, en las privatizaciones (como la de Aerolíneas), en la Policía Federal, en la Justicia, en las empresas. Todos estos casos deben ser perseguidos con el mayor rigor, pero no deben dar lugar a generalizaciones�. Julio Bárbaro, dirigente justicialista, piensa que el problema central de los argentinos �es terminar con la impunidad. Si hay elementos tecnológicos que nos permiten terminar con ella, hay que utilizarlos. La cámara oculta es una forma de terminar con una intimidad que no tiene que ver con proteger al individuo, sino básicamente con proteger la corrupción. Toda forma de combatir la corrupción es válida: una cosa es la intimidad de la persona y otra muy distinta proteger al individuo que en alguna medida está atacando a la sociedad. El gran tema es que los argentinos no creemos en la Justicia. Por eso mismo, todo lo que se haga por construir la Justicia desde la sociedad es válido. Todo aquello que no transite por la agresión a la sociedad, como la intimidad individual, tiene que ser respetado. Pero éste no es el caso del corrupto. La intimidad del corrupto no es intimidad�.
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