ALBERTO LUCCON, SUBGERENTE DE PRESTACIONES DE PAMI
“La facturación está inflada”

Por A.M.
Alberto Luccon, subgerente de Prestaciones Médicas del PAMI que se define como un “sanitarista progresista”, confirmó que están investigando, junto con la Superintendencia de Salud, una millonaria sobrefacturación en los hospitales de autogestión de todo el país. “¿La autogestión resultó una privatización encubierta?”. Luccon pensó un instante y respondió que sí.
–¿En qué consiste la sobrefacturación?
–Lo estamos investigando. Ante las sospechas la Superintendencia de Seguros de Salud se comprometió con la cuestión, especialmente el área de control prestacional. Nosotros recorrimos algunas instituciones públicas. El hospital de Suipacha es una de ellas.
–¿Cómo es el mecanismo de la autogestión?
–El hospital público, que debe reunir ciertos requisitos para ser de autogestión, les factura a las obras sociales las prestaciones que da a sus afiliados. Si éstas no le pagan, el hospital gira a la superintendencia la misma facturación para poder cobrar. La superintendencia, a su vez, lo eleva a la AFIP que le descuenta a cada obra social el monto de esa facturación. Por lo tanto el hospital siempre cobra. Los hospitales de autogestión facturan a las obras sociales a través de un nomenclador, un tarifario de patologías. La interpretación de cómo ubicar a cada paciente dentro del nomenclador puede ser caprichosa, por decirlo de alguna manera. Esa es la modalidad más importante de sobrefacturación.
–¿Otro de los mecanismos puede ser la contratación de sistemas informáticos?
–Esa es la información que tenemos y por eso empezamos a investigar.
–¿Actuaron en base a denuncias?
–En algunos casos. En el hospital de San Miguel hubo un caso, pero los medios lo tomaron como un enfrentamiento entre los médicos y la comunidad. En realidad, los profesionales decían que cuando las empresas privadas se hacen cargo de la facturación muchas veces toman en sus manos este manejo. Entonces se produce un desplazamiento de la población hospitalaria. A los hospitales les conviene que se interne gente con obra social, y a veces quienes no están afiliados se ven desplazados. Esto se agrega a un gran margen de exclusión ya existente.
–¿Qué detectaron en el hospital de Suipacha?
–Todavía no puedo revelar el resultado de la auditoría, pero existe la estimación de que la facturación puede ser equivocada, ampliada o inflada. En caso de comprobarse irregularidades elevaremos una denuncia al área jurídica y también a la superintendencia donde ya tenemos detenida la facturación. Todos los hospitales que son prestadores del PAMI van a ser auditados, aunque sabemos que no todos han entrado en este juego de la corrupción. Hay hospitales que trabajan muy bien.
–¿Se puede decir que Suipacha es un caso testigo?
–Le puedo decir que nos llama la atención la facturación de un hospital tan pequeño. Cuando se inició el tema de la autogestión la facturación total en el país era de 4 millones y ahora, el último año, se han facturado 80 millones.
–¿Quiénes serían los responsables de estas situaciones?
–Nosotros tenemos la obligación de denunciar cualquier irregularidad sino incurriríamos en un delito que se llama omisión de denuncia. En el caso de Suipacha la denuncia podría recaer, en principio, sobre el director del hospital, pero también sobre el intendente porque es un hospital municipal.