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Por Felipe Yapur 
El viernes por la tarde los integrantes de la junta de gobierno del
partido Fuerza Republicana se encontraban en su tradicional y bucólica
reunión. Pero el clima cambió totalmente cuando hizo su ingreso
Antonio Domingo Bussi. El genocida, que ostenta el título de presidente
del partido, llegó con una nota en sus manos. Los participantes la
leyeron con atención en voz alta y se sorprendieron: el ex represor
renunciaba a su intención de transformarse en el senador nacional
por Tucumán. De esta manera, Bussi queda definitivamente sin posibilidad
de acceder a los fueros parlamentarios. Sin embargo, esto parece importarle
poco debido a la inacción demostrada por la Justicia federal tucumana.La junta de gobierno aceptó la carta del militar y, tal vez para evitar cualquier arrepentimiento, convocó inmediatamente a la convención partidaria para hoy, y de esta manera nominar a Pablo Walter como senador titular y a Jorge Barquet como el senador suplente. Ahora falta que el nuevo candidato, elegido de manera indirecta el pasado 22 de mayo, obtenga el visto bueno de la Justicia federal electoral y luego enviar los pliegos a la Cámara alta sin pasar por la Legislatura tucumana, que había elegido al radical Miguel Mibelli. Los bussistas entienden que Mibelli no tiene chances porque el comité nacional de la UCR, que preside Raúl Alfonsín, rechazó esa nominación por considerar que constitucionalmente le corresponde al partido de Bussi. Al parecer, la decisión del ex dictador coincide con los argumentos esgrimidos por un importante sector del partido que lidera y que sostiene que son escasas las posibilidades –por no decir nulas– que tiene el genocida para acceder a la banca de senador. “Si los diputados le impidieron el ingreso, los senadores jamás se atreverán a tomar una decisión diferente”, le solían repetir varios de sus asesores. Lo sorpresivo fue que Bussi permitiera la elección de Walter, un ex legislador provincial enfrentado a su conducción y a la vez uno de los principales asesores de Ricardo Bussi. “Es una muestra de que el viejo ya sabe que está en retirada”, aseguró un integrante de esta nueva generación republicana. Lo concreto es que esta maniobra le puede servir al militar, quien desde hace un mes recorre la provincia buscando reunificar su partido y tratando de demostrar a sus electores que no necesitaba de los fueros parlamentarios. Sin duda, Bussi podrá aprovecharse de esta situación, ya que tanto el juez federal tucumano, Ricardo Maturana, como su par porteño, Adolfo Bagnasco, no lo han citado a declarar desde que la Cámara de Diputados le impidió su incorporación al cuerpo por inhabilidad moral. Bussi tiene causas abiertas por enriquecimiento ilícito y por apropiación de menores durante la dictadura. Quizás por prevención ante un posible despertar de los magistrados, los abogados de Bussi presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un planteo de inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que obliga a los acusados por enriquecimiento ilícito a justificar sus dineros y propiedades. El único revés jurídico que sufrió por estos días el genocida fue la decisión de la Justicia provincial de archivar la denuncia que realizó Bussi en 1998 contra la entonces legisladora justicialista, Malvina Seguí. La legisladora presidía la comisión de Juicio Político que durante 60 días lo suspendió en su cargo de gobernador para someterlo a juicio debido al ocultamiento de las cuentas bancarias en Suiza. Al archivarse la causa, la Justicia conminó a Bussi a pagar a los abogados de la legisladora 7 mil pesos en concepto de honorarios. Uno de los representantes de Seguí resultó ser el actual ministro fiscal de la Corte provincial, José Falú, quien fuera funcionario del gobierno de Ramón Ortega y que tiene un hermano desaparecido durante la dictadura militar.
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