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Por Victoria Ginzberg 
El Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) están de acuerdo en que el proyecto para modificar la Ley
de Defensa de la Democracia es la solución para los presos de La
Tablada, en huelga de hambre desde hace cinco semanas. “Apoyamos la
salida legislativa. No descartamos los pedidos judiciales pero hay que adecuar
la ley”, dijo Robert Goldman, comisionado para Asuntos Latinoamericanos
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La iniciativa
está en condiciones de ser tratada en la Cámara de Diputados,
pero es resistida por el Partido Justicialista.Goldman y el argentino Jorge Taiana, secretario de la CIDH, vinieron al país para pedir al Gobierno que cumpla con las recomendaciones del informe publicado a fines de 1997, en el que se definieron las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el ataque al cuartel y en el juicio a los integrantes del MTP. Los miembros de la CIDH hicieron algo poco usual: se inclinaron por un método concreto para satisfacer sus demandas y sin vueltas respaldaron la iniciativa del diputado frepasista Ramón Torres Molina para modificar la Ley de Defensa de la Democracia. Este proyecto apunta a posibilitar que los presos del MTP puedan apelar su condena y, por aplicación del beneficio del “dos por uno”, salgan en libertad. Para la CIDH este proyecto solucionaría el conflicto de los presos de La Tablada y, además, adecuaría la legislación argentina al Pacto de San José de Costa Rica. En 1997, la Comisión recomendó la derogación de las ley cuestionada porque no permitía la apelación de la sentencia. Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el titular de la cartera, Ricardo Gil Lavedra, aseguró que el Gobierno está dispuesto a cumplir con los reclamos de la CIDH, pero reiteró que el Poder Ejecutivo no va a firmar un indulto o una conmutación de penas para los huelguistas. “Entendemos que es necesario que la legislación argentina se adecue a las convenciones internacionales. Pero las presiones sobre los poderes públicos resultan inadmisibles y no vemos razones de justicia que ameriten decisiones de esta naturaleza”, manifestó el ministro. Sentado a su lado, Goldman recalcó que las peticiones de la CIDH no incluyen a Enrique Gorriarán Merlo ni a Ana María Sívori, cuyas sentencias fueron revisadas por la Cámara de Casación. También estaban en la sala la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti; la secretaria de Política Criminal y Penitenciaria, Patricia Bullrich, y el subsecretario de esa área, Juan Carlos López. “Hay una necesidad urgente de establecer un acuerdo nacional para apoyar el proyecto. Este tema no debe ser politizado, porque se trata de obligaciones del Estado y lo único que se perjudica es la imagen del Estado en el exterior. Esto lo tienen que entender todos los partidos políticos”, recalcó Goldman en un claro llamamiento a los diputados peronistas para que revean su postura ante el proyecto de Torres Molina. El peronismo, por ahora, no cambió su posición y se inclina por un indulto presidencial a los presos del MTP. Para tantear el terreno legislativo, Goldman y Taiana se entrevistarán con varios legisladores. Ayer se reunieron con el senador Eduardo Menem y con miembros del bloque aliancista de diputados, quienes sostuvieron que la resistencia del PJ impide, por ahora, el tratamiento del proyecto. “No podemos convertirnos en jueces ni dar un indulto”, aseguró a Página/12 el diputado justicialista Mario Cafiero. El legislador, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que antes de pensar en apoyar la sanción del proyecto de Torres Molina le gustaría escuchar la posición del presidente Fernando de la Rúa –que no habló públicamente sobre el tema– y, por otro lado, un arrepentimiento de los miembros del MTP por la acción de ataque al cuartel de La Tablada.
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