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Por Claudio Zlotnik Telefónica de Argentina lanzó ayer una dura advertencia al Gobierno en relación con la desregulación del mercado de las telecomunicaciones. El presidente de la compañía, Carlos Fernández Prida, fue contundente: No hay que hablar de inversiones de manera global. Hay que hablar de las desinversiones que harán las empresas si el modelo de desregulación es el equivocado, sentenció. Las palabras de Fernández Prida, en el contexto de un seminario internacional y ante medio millar de empresarios, consultores y funcionarios, fueron un tiro por elevación a la plana mayor del Gobierno. Y echa sombras sobre una de las principales apuestas tanto de Economía como de la Casa Rosada: las multimillonarias inversiones que se preparan en el sector de las telecomunicaciones. Este es un momento inoportuno para hacer declaraciones. De hecho, me había autoimpuesto no hablar. Pero esta invitación la recibí hace ya un par de meses, arrancó su discurso Fernández Prida, dejando entrever la delicada circunstancia por la que atraviesan las empresas telefónicas, de cara a la inminente liberalización del mercado. Ya tenía armado un discurso, pero lo rompí y tuve que armar otro, reveló a la audiencia. A pocas cuadras del Hilton, donde exponía el número uno de Telefónica de Argentina, se desarrollaba otro seminario sobre telecomunicaciones. Y, aparentemente, la decisión del Ejecutivo fue romper el silencio y salir con los tapones de punta para no quedar rezagado en el juego de presiones que se planteaba desde el Sheraton. Desde ese ámbito, Carlos Espinal Guifarro, titular de CTI Móvil, una de las empresas que ingresarán al negocio desregulado, apuntó: Confiamos plenamente en la palabra de Fernando de la Rúa. Invertiremos 2 mil millones de dólares en la medida en que se hagan efectivos los anuncios del Gobierno. En los próximos días, el Ejecutivo dará a conocer el decreto reglamentario de la desregulación del sector, un mercado con una facturación anual de 10 mil millones de pesos. Ese decreto definirá las reglas que regirán el negocio a partir del 9 de noviembre. No puede haber demagogia. La competencia es el objetivo, pero ésta no puede otorgar beneficios artificiales. La desregulación no puede diseñarse en la oscuridad de un despacho sino a través del diálogo directo entre las partes, ensayó Fernández Prida. Y, más tarde, en diálogo con Página/12, añadió: La Secretaría de Comunicaciones no nos escucha. Hace un mes y medio que no nos atiende. Me sorprende que no haya el más mínimo diálogo, y nos sentimos muy mal por ello. Tanto Telefónica como Telecom están en desacuerdo con el diagrama conformado por el Gobierno, por el cual se habilita a las nuevas operadoras mayoritariamente estadounidenses a instalarse solamente en las áreas más rentables a cambio de que les paguen un peaje a las dos telefónicas tradicionales por el uso de la red ya instalada y de que destinen el 1 por ciento de su facturación para subsidiar las zonas que no dejan ganancias, y en las que Telefónica y Telecom están obligadas a brindar servicios por el contrato firmado a principios de los 90. Para ambas empresas, esta ecuación les quita la crema del negocio y van a perder rentabilidad. No estamos en contra de la desregulación, pero pretendemos que se haga de forma ordenada y transparente. No puede ser asimétrica. Pero lo que nos proponen es tan asimétrico que es absolutamente imposible que pueda salir. Tendrá que modificarse, aseguró Fernández Prida. Tanto Fernando de la Rúa como José Luis Machinea han asegurado que la desregulación abrirá las puertas a inversiones por 5 mil millones de pesos. Pero la advertencia de Telefónica no hace más que plantear dudas a que ese objetivo se pueda alcanzar. Sin nuestro aporte, no se llega a ese monto, comentó, tajante, Fernández Prida a este diario.
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