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Por Mariano Blejman 
Obsoleta, poco práctica y propiciadora de irregularidades, la
Ley de Radiodifusión actualmente en vigencia parece estar contando
sus últimos días. A principios de agosto, si todo va bien,
el Poder Ejecutivo enviará al Congreso los contenidos de una nueva
ley, que deberá regir el cambalache mediático de estos tiempos.
Gustavo López, interventor del Comité Federal de Radiodifusión
(es decir, el organismo encargado de hacer cumplir la ley) sostiene, en
una entrevista con Página/12 que el principal desafío será
modificar las reglas del juego impuestas a través de diez años
de menemismo. Por ahora, el ente que preside tiene que trabajar con una
legislación que data de 1980.–¿En qué estado encontró al Comfer? –Calamitoso. Por un lado, un organismo desarticulado internamente, arbitrario y armado para no controlar absolutamente nada. En los últimos 10 años no hubo políticas de radiodifusión para garantizar el derecho a la información y a la pluralidad informativa. –Podría pensarse que en realidad sí hubo una política. –Sí hubo una política deliberada de ayudar a la concentración y apostada a elaborar un diseño de medios de comunicación afín al gobierno de turno. Ahora está trabajando la Sindicatura General de la Nación para que sepamos de una vez si el Comfer era o no una caja negra del menemismo. –¿En qué se basa la necesidad de sacar una nueva Ley de Radiodifusión? –Es que actualmente está vigente la de 1980, modificada por todos los decretos de necesidad y urgencia que fue imponiendo Menem a favor de los distintos intereses que se iban presentando. Pero las leyes las hace el Congreso. Nosotros no queremos trabajar a través de decretos. Sería urgente, por ejemplo, que los sectores no comerciales puedan ser radiodifusores. Estamos trabajando una ley para que se cumpla y garantice la libertad de información, de opinión y se asegure el pluralismo. –¿Y cómo piensan hacerlo? –La ley actual dice que se puede tener un canal de TV, una radio AM y una FM. Sin embargo, hay algunos grupos que tienen más. Como nosotros entendemos que no hay derechos adquiridos fuera de la ley, estamos pidiendo los expedientes para ver si tienen que vender o no algún medio. –Pero la sensación es que nunca va a salir una ley así. –Sabemos que muchas veces los intereses empresarios son más poderosos que las decisiones políticas. En el consenso del proyecto que va a estar en el Congreso en julio está ATA (que agrupa a los dueños de los canales), Utpba, sectores sociales, cooperativas y el mismo Congreso. Igual va a ser el proyecto del Ejecutivo y estamos recepcionando ideas. Tenemos redactado el 80 por ciento del proyecto, creemos que a fin de mes lo tenemos terminado. –¿Se puede decirle a un multimedio que venda sus radios sobrantes? –Una cosa es que existan grupos grandes, otra cosa es que exista concentración monopólica con más del 40 por ciento del mercado en una misma zona. Hoy hay grupos que tienen el 100 por ciento de algunas provincias. Eso es lo que vamos a romper, con licitaciones de canales de televisión en el interior, permitiendo redes locales y nacionales, normalizando las frecuencias de radios, no a favor de un grupo político. –En países como Francia, la ley obliga a los medios a decir quiénes son los dueños. ¿Tienen pensado proponer algo así? –La nueva ley va a ser así. Nosotros vamos a ir hasta los controlantes, a saber quiénes son los verdaderos dueños de los medios. Clarín por ejemplo tiene una sola radio, pero otros medios tienen dos radios como Del Plata y América que pertenecen a Eurnekian, porque lo hacen a través de otras personas. En esta ley sólo se puede analizar el socio y no el controlante. –¿Cuál es la discusión respecto del tema de los contenidos? –Hay un derecho a la información, pero también un derecho del niño que también tiene categoría constitucional. La falta de política en estos últimos años significó que los canales tienen una ausencia total de sentido de responsabilidad. Por un lado, estamos diseñando un sistema de multas. Las multas no serán materia de negociación política. –¿Proponen bajar los precios de las multas? –Sí, pero van a ser más caras porque las van a terminar pagando. Las multas se usaron siempre para fines políticos, que iban desde la reelección o la mordaza política, a cambio de la eximición de la multa. El otro día, a las tres de la tarde ocurría una fellatio insinuada. Los programas como Mauro Viale con insultos, escupitajos y apología del delito no son aptos para todo público. Si el canal lo quiere poner va a tener una sanción. No se puede impedir, pero sí sancionar. Se está discutiendo violencia extrema, sexualidad, alcoholismo, drogas, entre otros. –¿Y el periodismo en qué espectro se ubica? –El periodismo está por afuera de esa catalogación. Porque independientemente del amarillismo, que a uno le puede gustar o no, existe la teoría de la real malicia avalada por la Corte Suprema de Justicia. Y es que sólo se puede sancionar una noticia cuando existe la intención ex profeso del periodista de mentir. –¿Se va a poder? –No se puede ir contra la tendencia, pero sí aligerar el impacto y garantizar los derechos. Dos grandes grupos van a entrar a todo el país y eso es una ventaja. En los últimos 10 años el Comfer fue un negocio político. Alfonsín tuvo un gobierno de transición con canales estatales y radios privadas, la explosión fue con el menemismo que orientó su política hacia la concentración. Nosotros tenemos que ordenar esto.
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