Por Laura Termine
Desde Roma
 Fotocopias de las fichas de los estudiantes de La Plata desaparecidos durante la Noche de los Lápices, todas con el sello de �documento reservado del Ejército� y una raya negra que atraviesa la hoja y que determinaba el destino fatal de las víctimas, fueron mostradas ayer durante una nueva audiencia en la sala bunker de Rebibbia donde un tribunal italiano juzga a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros y a otros cinco militares por el asesinato de ocho ciudadanos italianos.
El único sobreviviente del grupo estudiantil, Pablo Díaz, declaró ayer ante la Corte de Assise y ofreció copias de esos documentos que se realizaban después de los operativos, y donde debajo del nombre del secuestrado aparece la palabra �mínimo� completando el requisito sobre su grado de peligrosidad. Díaz, chupado la noche del 21 de setiembre de 1976 mientras dormía en su casa, recordó el careo que mantuvo con el coronel Sánchez Toranzo en abril del año pasado durante los juicios de la verdad en Argentina, donde el militar reconoció haberlo interrogado a pedido de Suárez Mason en 1978. �Durante 90 días no salimos de una celda de 1,50 por 1,50 metros, estábamos desnudos, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda con una soga que rodeaba el cuello, dormíamos en el piso y hacíamos nuestras necesidades dentro de la celda�, recordó Díaz sobre los tres meses que pasó en el Pozo de Quilmes, una escena conocida para los jueces italianos dado el éxito que tuvo la película �La notte delle matite spezzate� en este país.
Díaz, que dejó el campo clandestino para pasar a la cárcel de La Plata cuatro días antes del fusilamiento de sus compañeros, shockeó al Tribunal rememorando la asistencia que le daban a las embarazadas. �Sólo podíamos desatarnos cuando alguna empezaba con las contracciones para golpear los muros de la celda y atraer la atención de los guardias�, dijo.
La madre de Díaz, Heda Caracoche, subió al estrado y contó su encuentro con Suárez Mason en agosto de 1978, cuando fue a pedirle la libertad de su hijo. �Pajarito� se limitó a decirle que Pablo había sido atrapado en la calle �mientras repartía volantes subversivos� el 28 de diciembre de 1976, fecha de la detención que figura en el decreto del PEN, firmado por él y Jorge Rafael Videla. �Le dije: �no señor, se lo llevaron de mi casa�. Se paró, golpeó la mesa con el puño y me contestó que debía recordar que había sido ese día y que debía considerar que yo tenía más hijos�, declaró Caracoche, madre de siete hijos.
Otro testimonio que incriminó al ex jefe de la Zona 1 fue el de Alcides Chiesa, ex estudiante de cine que vio al general en el Pozo de Quilmes a mediados del �78. Sospechado de tener relaciones con Montoneros, Chiesa fue torturado durante un mes y vivió cerca de un año en la cárcel clandestina.
�El cuadro ya está claro, tratemos de limitarnos a los casos que están en este juicio�, se descargó el presidente del Tribunal Mario D�Andria mientras declaraba Alberto Pedroncini, abogado querellante en el proceso por el robo de bebés que se realiza actualmente en Argentina, y en el cual está incriminado Suárez Mason, entre otros militares. Pedroncini expuso que Suárez Mason había reconocido que el campo La Cacha estaba bajo jurisdicción del Ejército en su declaración ante el juez Adolfo Bagnasco. Por La Cacha pasaron Laura Carlotto y Pedro Mazzocchi, dos de las ocho víctimas del juicio de Roma.
El ex ministro de Justicia, el comunista Oliviero Diliberto y Pedro Folena, de los Democráticos de Izquierda, participaron ayer en la audiencia. Folena planteó la importancia de transmitir el juicio en la televisión italiana, un deseo hasta ahora imposible: aquí los medios nosiguen sus alternativas y los desgarradores relatos sólo tienen eco entre los periodistas argentinos, los familiares, los abogados y unos pocos curiosos que pueblan menos de un cuarto de la gigantesca aula bunker rodeada de celdas vacías.
La próxima audiencia será en setiembre, después de la feria judicial en Italia.
REPRESORES CONTRA GARZON
Buscando juez que acepte
�No dudamos de que vuestras excelencias defenderán a la Nación del ataque de este juez extranjero�. Este fue el mensaje que Albano Harguindeguy, Jorge Enrique Perrén, Fernando Verplaetsen y otros cuatro represores investigados por Baltasar Garzón enviaron a los integrantes de la Cámara de Casación Penal. Lo hicieron por intermedio del abogado Juan Esteban Aberg Cobo, en una audiencia pública para impulsar una denuncia contra el magistrado español. Los ex militares dicen sentirse �vejados� por el pedido de captura internacional dictado por Garzón que les impide abandonar el país. Consideran a esa medida como �un acto hostil contra la soberanía de la legislación argentina�. Y pretenden, paradójicamente, que la Justicia argentina se encargue de sancionar lo que consideran una intromisión. Hasta ahora, no encontraron un juez que les dé la razón.
La denuncia inicial fue planteada al juez federal Gabriel Cavallo por los abogados Florencio Varela y su hijo Ramiro, según sus propios dichos �por un impulso ciudadano�. Los ex militares se sumaron a la cruzada en carácter de querellantes. Pero tanto Cavallo como la Sala I de la Cámara Federal la rechazaron. Así el expediente llegó a Casación, donde hasta el fiscal Juan Martín Romero Victorica consideró que carece de sustento.
Ayer los abogados de los represores defendieron en una audiencia oral la razonabilidad de sus pretensiones. Florencio Varela insistió en acusar al juez Garzón de �agraviar a la soberanía de la Nación�. Reclamó a los camaristas que actúen �sin que les tiemble la mano� y �a pesar de la conducta de quienes fueron a declarar ante Garzón�, a quienes espetó el haber �traicionado a la patria�. Sus palabras resonaron en una sala sin público. Los camaristas Guillermo Tragant, Gustavo Mitchell y Eduardo Riggi lo escucharon sin un solo gesto. Los tres jueces deben decidir ahora si hay motivos para que un juez de primera instancia reabra la causa impulsada por los represores, decisión para la cual no tienen plazos legales.
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