Por Cledis Candelaresi
 A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno reconoció deudas por un total de 200 millones de pesos a un grupo de prestadoras de servicios públicos. Parte de esas obligaciones serán canceladas con bonos. Entre los beneficiarios se encuentra el Correo Argentino SA, operado por el grupo Macri. El Tesoro nacional admite deberle 60 millones de pesos por correspondencia de distintas dependencias estatales, monto que el adjudicatario podrá descontar del canon que adeuda. En todos los casos, la norma satisface sólo parcialmente los millonarios reclamos que las empresas le plantearon al fisco.
En Economía explicaron a este diario que se trata de obligaciones que el Estado contrajo en ejercicios anteriores, pero que hasta ahora no figuraron en ningún presupuesto. Como el Gobierno reconoce esos compromisos pendientes, tiene que incorporarlos de algún modo al Presupuesto para que puedan cancelarse por vías diversas: con títulos públicos, compensando deudas o, en última instancia, vendiendo activos.
En el anexo del artículo 5 del decreto de necesidad y urgencia 487, el Tesoro nacional reconoce una serie de deudas contraídas al 31 de diciembre de 1999 para los siguientes beneficiarios y con los siguientes montos:
 Correo Argentino SA: 60 millones de pesos.
El Tesoro admite adeudar ese monto por distintas prestaciones �reconocidas como deudas� por cuatro resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones dispuestas en 1998, cuando esa dependencia estaba a cargo de Germán Kammerath. En este caso, el grupo Macri no recibirá ningún pago sino que podrá descontar ese suma de lo que debe de canon. De ese modo, el compromiso del Correo con el fisco quedará reducido a alrededor de 70 millones de pesos.
Esas son las deudas comerciales a favor del adjudicatario. Pero Macri también exige un resarcimiento porque el régimen laboral del Correo es más oneroso que el de la competencia. También se queja porque no pudo explotar en exclusividad la filatelia y las cartas documento. Por estos rubros, el consorcio reclama más de 200 millones de pesos, pedido que hasta ahora el Gobierno rechazó.
Programa de inspección de preembarque de importaciones: 64,21 millones de pesos.
Se le reconoce al grupo de empresas que realizaron este servicio aduanero 64,21 millones de pesos. La idea original era que ese sistema de control privado se autofinanciara con un impuesto sobre las operaciones de comercio exterior, pero esto no fue posible.
Concesionarios viales: 39 millones de pesos.
Los adjudicatarios de rutas nacionales por peaje tienen una discusión abierta con el Gobierno, al que le exigen alrededor de 350 millones de pesos por distintos conceptos, entre otros, aumentos de tarifas no autorizados y subsidios impagos.
Concesionarios del servicios ferroviarios de pasajeros: 28,90 millones de pesos. El Gobierno está a punto de cerrar una renegociación con estos adjudicatarios para prolongar la concesión y autorizarles nuevas inversiones a cambio de más tarifa. Pero el conjunto de empresas reclama, a su vez, un resarcimiento que para todas las líneas suma 250 millones de pesos. Entre los conceptos más resistidos por el Estado se encuentra el de �lucro cesante�. Trenes de Buenos Aires exige una compensación por lo que habría dejado de ganar debido a que el Estado le entregó con atraso material rodante comprometido.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social asume una deuda de 30 millones de pesos con el PAMI por una serie de prestaciones médico-asistenciales que brindó la obra social de los jubilados y que estaban en el presupuesto de la cartera de Graciela Fernández Meijide. Según dispone el decreto �el mismo que reasigna partidas presupuestarias�, a los concesionarios viales yferroviarios se les pagará con bonos de consolidación de deuda tercera serie.
| Bonos de auxilio provincial
La emisión de bonos por 1200 millones de dólares por parte del Estado nacional para asistir a las provincias fuertemente endeudadas quedó ayer oficializada, al ser publicada en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Economía que avala esta decisión. Asimismo, la resolución 502/2000 le dio también carácter oficial al Contrato de Fideicomiso, Emisión y Representación suscripto entre el Fondo Fiduciario y los bancos Galicia, Francés y Río, a través del cual las entidades otorgaron créditos al Estado para atender la delicada situación de las provincias. A cambio de la asistencia financiera, las provincias se comprometieron a reducir el déficit de sus cuentas, transparentar sus gastos y sanear sus finanzas. |
| Vender activos para pagar
Si la ley de Solvencia Fiscal hubiese estado vigente antes del 2000, es posible que algunas de las decisiones que dieron origen a las deudas que hoy reconoce el Tesoro habrían permitido incriminar hasta penalmente al funcionario responsable. La norma en cuestión impide contratar sin el correspondiente crédito presupuestario, que no es otra cosa que una autorización legal para gastar. La transgresión más grande a esta regla fue detectada en Vialidad Nacional. En esta dependencia se otorgaron certificaciones por más de 300 millones de pesos sin que el presupuesto habilitase tales contrataciones. El problema es que ahora las empresas que realizaron obras en los caminos tienen los documentos que acreditan su trabajo y le dan derecho a un cobro que nunca fue previsto por el Tesoro.
En este caso, la salida prevista por el Gobierno será liquidar activos de Vialidad que está inventariando, con la ayuda de la Cámara Argentina de la Construcción. Es decir que apelará a la venta de valiosos inmuebles para afrontar el millonario compromiso a favor de las contratistas. |
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