Por Carlos Rodríguez
 Los cinco directivos máximos de Hard Communication, entre ellos Jorge �Corcho� Rodríguez �novio de Susana Giménez�, el ex dirigente montonero Rodolfo Galimberti y uno de sus ex secuestrados, el empresario Jorge Born, seguirán procesados por �administración fraudulenta� de una colecta televisiva que recaudó 18 millones de pesos en 1997, con alegados fines benéficos. La medida que los involucra fue ratificada por la Sala 1 de la Cámara del Crimen, que levantó en cambio el procesamiento que había sido dispuesto en primera instancia contra tres ejecutivos de Telefé, Constancio Vigil, Víctor González y Pablo Galli, quienes de todas maneras siguen como imputados, pero el tribunal requirió que se profundice la investigación respecto de ellos para determinar fehacientemente si tuvieron conocimiento de la estafa que se habría cometido en perjuicio de la Fundación �Felices los Niños�, que preside el padre Julio Grassi.
El fiscal de la causa, Martín Niklison, confirmó a Página/12 que la Sala 1 ordenó que la investigación prosiga en el Juzgado de Primera Instancia, a cargo de Facundo Cubas, para tratar de establecer �cuál fue la participación, si la hubo, de los directivos de Telefé� presuntamente involucrados en el reparto de las ganancias por el concurso telefónico �Su llamado�, que salía al aire en el programa de Susana Giménez. La causa está caratulada como �administración fraudulenta�, delito equivalente a la estafa que es penado con prisión de un mes a seis años. El caso llegaría este año a juicio oral.
Además de Rodríguez, Galimberti y Born, también siguen procesados Federico Quirno y Roberto Engels, directivos de Hard que son firmantes del contrato suscripto por Hard con la fundación del padre Grassi para organizar un concurso con fines benéficos. El punto central de la acusación es que está probado que el padre Grassi cobró apenas 400 mil pesos, y en cuotas, sobre una recaudación total que rondó los 18 millones de pesos. Las líneas benéficas 0939, como la utilizada en el programa, se regían por un viejo decreto, el 7342/65, que establece con absoluta claridad que a la entidad beneficiaria le corresponde el 50 por ciento del total bruto recaudado.
Sobre 18 millones, la fundación apenas recibió 400 mil pesos, más 680 mil pesos que entregó la Giménez, como donativo personal, con la condición de que dejara sin efecto la querella. Grassi aceptó y cobró la oferta, pero el caso siguió adelante porque fue impulsado por el fiscal Niklison y por la propia Sala 1, a pesar del sobreseimiento provisorio que había dictado en su momento el juez Cubas. Está probado que los cinco directivos de Hard cobraban un sueldo mensual de 22 mil pesos durante el año que duró el concurso, en momentos en que la firma �sólo tenía el concurso como fuente de ingresos reconocida�, recordó el fiscal Niklison.
También está probado que realizaron gastos exorbitantes, como ser el pago de 170 mil pesos en flores (a razón de 3 mil pesos por programa) para regalar durante cada emisión y más de 100 mil pesos en joyas. Todo el dinero salió también de los fondos recaudados con supuestos fines benéficos. Susana Giménez, quien juró que nunca había recibido �ni un solo peso� por prestarle su cara y su programa al fabuloso concurso, estuvo sospechada de haber recibido su cachet de los 2,5 millones de pesos que Hard atribuyó a los gastos de �publicidad institucional�. Sin embargo, fue sobreseída porque su nombre y su firma no aparecen asentados en ninguna cláusula del cuestionado contrato.
Es también curioso que Telefé haya cobrado una cifra millonaria por publicitar el concurso, cuando �según sostuvo en su momento la parte acusadora� lo normal en estos casos es que la organización del sorteo sirva para promocionar el programa y para asegurar un rating alto. Esto es por la atracción que significa para el televidente la posibilidad de ganar dinero participando del �Su llamado�.
La causa comenzó a partir de la denuncia realizada por la doctora Raquel Jaskelson, a quien le facturaron llamados al 0939-1-2222, del concursotelefónico, que ella aseguró que nunca había realizado. Eso desató la controversia mediática Grassi-Susana que llevó a la profundización de la causa que ahora se encamina a terminar en juicio oral.
CONFESION DEL JEFE POLICIAL
�Excesos� en La Rioja
El jefe de la policía riojana no se anduvo con vueltas: �Acá al delincuente hay que tratarlo como delincuente, no vamos a tratarlo a los besos y abrazos �dijo�. Nosotros hemos golpeado y así hemos esclarecido casos. Con cachetadas se consigue información contra el delito�. La temeraria confesión fue hecha ayer por Paulino Cobresí en una entrevista radial, en la que defendía el documento emitido el día anterior por la cúpula policial para criticar a políticos, jueces y periodistas que cuestionan a la fuerza. Pese al documento y las declaraciones de ayer, que incluyeron la admisión de que la policía comete �excesos�, hasta anoche, el gobierno provincial sólo tenía �en estudio� la remoción de la plana mayor policial.
La Rioja tiene, como otras policías del país, su propia Maldita Policía: en los últimos dos años se sucedieron cuatro muertes en las que fueron involucrados uniformados. Tres de los casos ocurrieron en sedes policiales. El último de ellos fue el Cristian Ruiz, un interno de 19 años que apareció muerto el 29 de marzo en una de las celdas de la División de Investigaciones.
Fue por ese caso que la cúpula policial firmó el martes un documento, que obviamente fue difundido sin autorización del gobierno. En él se cuestionó a quienes acusaron a policías por esa muerte. El pronunciamiento vuelve a la versión policial original sobre la muerte: que fue un suicidio, aunque también levanta sospechas sobre los tres internos que compartían la celda con Ruiz. El juez de la causa sobreseyó el viernes a los dos efectivos sobre los que había sospechas. Envalentonada con la decisión judicial, la cúpula policial se dedicó a repartir furiosas críticas a quienes cuestionan a la fuerza.
El mismo día del pronunciamiento, legisladores del oficialista PJ y de la oposición de la Alianza salieron a pedir la remoción de la plana mayor de la policía. Ayer, no sólo no sucedió eso sino que el subjefe a cargo de la fuerza admitió que los apremios ilegales son comunes. �No lo voy a desconocer que por ahí se producen algunos excesos�, aseguró en una entrevista por Radio Nacional.
Y siguió: �La indagatoria en sede judicial no sirve. Nosotros hemos golpeado y así hemos esclarecido casos. Nosotros hemos golpeado. Con cachetadas se consigue información contra el delito. Eso es lo que le sirve a la policía�. Incluso intentó hacer una escala de apremios ilegales: �Tortura, no sé, si se sabe diferenciar qué es tortura... a que se le pegue una cachetada a un preso�. Legisladores de uno y otro partido volvieron a la carga en su contra, pero hasta anoche el hombre seguía en su puesto.
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