Por Adriana Meyer
 En el marco de su embate contra los ex funcionarios de Carlos Menem, la Oficina Anticorrupción (OA) apuntó ahora sobre Francisco �Paco� Mayorga, ex secretario de Turismo, en una causa ya existente por presuntas irregularidades en la adjudicación de los servicios de comedor y limpieza de los complejos de Embalse y Chapadmalal. El organismo que encabeza el ex juez José Massoni pidió ser tenido como querellante en el expediente que se inició hace un año en el juzgado federal de Adolfo Bagnasco, a partir de la denuncia de un prestador hotelero. También solicitó que el magistrado llamara a indagatoria a Mayorga y a otros cinco ex funcionarios por el presunto delito de fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, sugirió algunas medidas y aportó elementos de prueba.
Según la OA, las empresas adjudicatarias y la Secretaría de Turismo perjudicaron al fisco en una típica licitación dirigida. �En el momento en que se resolvió licitar la explotación de los servicios de comedor y limpieza de las unidades de Embalse y Chapadmalal, los adjudicatarios estaban elegidos. La inclusión de cláusulas restrictivas en el pliego de licitación y la estimación de una concurrencia superior a la que se destinaría resultaron ser los instrumentos adecuados para obstaculizar la adjudicación de alguna otra firma�, dice el escrito de la OA.
Las empresas beneficiadas con la licitación fueron Tardivo, Bagalá, Hermandad, Salvador Bautista Pérez, en tanto que Cassano S.A. fue descalificada, luego de presentar una impugnación a las condiciones de los pliegos. La Secretaría de Turismo entonces solicitó colaboración a la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedor y Refrigerios (CACyR), cuyos representantes �Primo Mario Cardelli y Angel Luis Sebastián� también fueron propuestos para que se los llamara a indagatoria. Con fundamento en el informe elaborado por CACyR se dio respuesta a los interrogantes planteados por el Tribunal de Cuentas de la Nación, lo que habilitó el rechazo de la impugnación de Cassano.
Una vez obtenida la adjudicación, las empresas solicitaron un reajuste del precio por día-turista de un 20 por ciento. El hecho de que los niveles de ocupación de las unidades turísticas resultaran ser menores a los proyectados en los pliegos habría sido parte de la maniobra desplegada en la confección de éstos. �A través de la estimación de una concurrencia excesiva se habilitó la posibilidad de hacer frente al ajuste de precios�, señalaron los investigadores de la OA. En efecto, fue posible aumentar el precio día-turista dado que la cantidad de turistas que efectivamente concurrirían a los complejos turísticos resultó sensiblemente menor al estimado en los pliegos. La Oficina concluyó que el broche de oro fue la obtención de una prórroga en el contrato para asegurar la continuidad de la ganancia. Según se desprende del listado de pagos efectuado por Turismo a las empresas concesionarias, éstas percibieron desde 1997 y durante dos años un total de 42.781.889 pesos.
Mayorga estuvo involucrado en un caso de subfacturación de automóviles. Ahora la jueza María Servini de Cubría lo investiga, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, por defraudación y contrataciones irregulares. Es por el costo excesivo de folletos turísticos que, para colmo, confundían la ubicación de las provincias. Si al ex secretario lo alcanzan los nuevos vientos que soplan en la Justicia federal, adversos a los ex funcionarios menemistas, empezará a seguir los pasos de Víctor Alderete y María Julia Alsogaray.
Si bien Massoni dedicó dos carillas de la presentación a fundamentar la facultad de querellar de la Oficina, es difícil que Bagnasco le permita tener una participación activa en el expediente. De hecho, la OA es la autora de la denuncia que puso tras las rejas a Alderete, pero desde el inicio de esa causa tuvo que mirar el proceso de afuera porque el juez no los legitimó como querellantes.
El hábeas corpus para María Julia no tiene sentido
El juez Fernando Rodríguez Lubary rechazó ayer el pedido de hábeas corpus que presentó el martes pasado María Julia Alsogaray y le aclaró que su libertad no peligra, al menos por el momento. Con esa herramienta legal, la ex secretaria de Recursos Naturales había irrumpido en escena después de que el ministro del Interior, Federico Storani, dijera en un acto del radicalismo: �En los próximos días estará presa�. Ella lo acusó de condicionar políticamente a la Justicia y de orquestar una �campaña maligna� en su contra. El refutó que ella se hace �la víctima�. Este choque ocurrió justo un día antes de que el juez Juan José Galeano llamara a la ex funcionaria a indagatoria por enriquecimiento ilícito y le prohibiera salir del país.
María Julia sabía que Galeano estaba por poner fecha para su interrogatorio, que finalmente será el 8 de agosto, y que había sido solicitado por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en 1998. Las afirmaciones de Storani le vinieron al dedillo. El objetivo formal del recurso de hábeas corpus era que se le informara oficialmente si alguna autoridad competente había ordenado su detención. La presentación finalmente fue rechazada una vez que el magistrado recibió informes que acreditaban que no existía amenaza para su libertad.
La ex funcionaria más protegida por el ex presidente Carlos Menem siguió protestando ayer por radio. �Es gravísimo que desde la vicepresidencia de la Nación o desde el Ministerio del Interior, por imprudencia, por lo que sea (...) profieran algunos conceptos que pueden ser interpretados claramente como presiones sobre la Justicia�, afirmó. Acerca del aumento patrimonial presuntamente ilegítimo durante sus 13 años como funcionaria, afirmó que puede probar cómo lo obtuvo. �Yo estoy en eso absolutamente tranquila�, dijo. �Duermo realmente bien�, sostuvo inclusive. En relación con el expediente por supuesto enriquecimiento, María Julia recibió el respaldo del senador Eduardo Menem, quien pidió que no haya �ningún tipo de presión del poder político� sobre el judicial.
El tema terminó también incluido en el libreto del presidente Fernando de la Rúa: el Gobierno, sostuvo, �no tiene intervención en temas que son asuntos de la Justicia�. Storani ya había contestado a los reproches de la ex interventora de ENTel que �en Argentina no existe ningún pacto de impunidad�. Pero no retiró lo dicho.
La cuestión del hábeas corpus no modifica en absoluto el curso de la veintena de causas judiciales que tramitan en contra de Alsogaray. A su vez, recalcaron sus abogados Oscar Rabinovich y Roberto Eliosoff, en ningún caso corre riesgo de ir presa porque se trata de delitos excarcelables. Sólo un tribunal oral podría pedir su detención.
Entre las cuestiones básicas que deberá explicar ante el juez Galeano, tendrá que decir cómo hizo para que su declaración de bienes ante la DGI pasara de totalizar 10 mil pesos en 1990 a dos millones y medio en 1997. También fue llamado a indagatoria, el 3 de agosto, el menemista Arnaldo Martinenghi, dueño de la empresa Astilleros Alianza que, según alegó la ex secretaria, le pagó 500 mil pesos por su asesoramiento como ingeniera. La firma, sin embargo, estaba en quiebra. El juez cuenta con otros datos que podrían significar maniobras de la ingeniera para disimular su aumento patrimonial como, por ejemplo, la incorporación a su patrimonio de 300 mil pesos de fondos secretos del Gobierno; el retiro de 400 mil pesos de dividendos de una firma familiar que hasta 1996 no tenía ganancias anuales mayores a 10 mil pesos; y la donación de 800 mil pesos por parte de su padre escriturada dos años después de su concreción.
DENUNCIA DE LA SECRETARIA CONTRA EL NARCOTRAFICO
Los subsidios narcotruchados
El secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese, ratificó ayer ante el juez federal Jorge Ballestero �subrogando momentáneamente a la jueza María Romilda Servini de Cubría� una denuncia por presuntas irregularidades en un subsidio otorgado en 1993, bajo la administración del hipermenemista Alberto Lestelle, a la Fundación Creas.
El subsidio cuestionado judicialmente por Cortese había sido otorgado por Lestelle para que la fundación realizara la construcción y equipamiento de un centro de rehabilitación de las adicciones. �Logramos acreditar que en 1993 hubo un subsidio de 253 mil pesos a una fundación presidida por la señora María Inés Bazán, que no fue implementado. No se ha colocado un solo ladrillo a pesar de que la facturación presentada pretende justificar una inversión superior�, dijo Cortese a la salida de los tribunales federales de Comodoro Py. Para el secretario del Sedronar, �existe un informe de la AFIP en el que estaría acreditado que las facturas presentadas por esta fundación serían apócrifas, ya que muchas de las empresas emisoras de las mismas no existen�, dijo el funcionario.
Cortese destacó que su denuncia no iba dirigida contra Lestelle, sino contra las personas destinatarias del subsidio. Aunque aclaró que �el ministerio público sabrá si involucra por debilidad manifiesta y falta de controles a los respectivos funcionarios de la Secretaría�.
La semana que viene Cortese deberá concurrir a los tribunales federales a ratificar otra denuncia ya presentada por subsidios otorgados a la Fundación Programa Andrés. Denuncia que recayó en el juzgado de Ballestero. Fuentes del Sedronar reconocieron también que es probable que se realice una tercera presentación judicial por incumplimientos de fundaciones beneficiarias en el otorgamiento de subsidios. Pese a las limitaciones presupuestarias del organismo que dirige, Cortese adelantó que pedirá una auditoría externa �porque la multiplicidad de casos como el mencionado nos hace suponer que existió una debilidad administrativa manifiesta de las autoridades, no sólo en el otorgamiento de subsidios sino también en el control posterior que debieron ejercer�.
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